En el Consejo General del INE hay múltiples solicitudes de los partidos políticos para que se elabore un mapa de riesgo para los candidatos, debido a la violencia que se vive en el país. Voces al interior del instituto aseguran que no tienen las facultades o las herramientas de inteligencia para elaborar un proyecto de esa naturaleza, pero lo cierto es que dicha radiografía de la presencia del crimen existe y es de conocimiento no sólo de los entes de seguridad, sino de varias dependencias que estarán involucradas en el proceso electoral.
Hay zonas en las que, de manera obligada, el INE debe contemplar la presencia de la delincuencia para llevar a cabo las elecciones. Los capacitadores entran con los cuerpos policiacos a varias regiones, lo mismo para la instalación de las casillas y el desarrollo de la jornada. Según los reportes de inteligencia, en las nueve entidades que estarán en disputa hay presencia de la delincuencia organizada, lo que obliga a tomar medidas extraordinarias, aunque al instituto que preside Guadalupe Taddei no le guste decirlo en voz alta.
Empezando por Chiapas, donde Rutilio Escandón terminará su sexenio, los comicios se llevarán a cabo en plena disputa de seis grupos delictivos de alto impacto; esto sin contar las bandas locales, las autodefensas o el fenómeno migratorio que ha incrementado otro tipo de problemáticas. En al menos 39 municipios chiapanecos opera abiertamente el crimen, principalmente el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco y Los Zetas.
En Guanajuato, el panista Diego Sinhue concluirá su mandato y dará paso a una nueva administración que recibirá un estado con siete organizaciones criminales operando al mismo tiempo en 36 de sus municipios. Ahí, tanto las instituciones de Seguridad como el INE deberán contemplar la presencia del Cártel Jalisco y del Cartel de Santa Rosa de Lima, para mencionar los más poderosos.
En Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, quien dejará una profunda crisis de inseguridad, hay 11 grupos criminales asentados. La aliancista Lucy Meza, la morenista Margarita González Saravia o la emecista Jessica Ortega tendrán que lidiar con la presencia de bandas como los Guerreros Unidos, Los Jefes, La Familia Michoacana, el Cártel del Noreste y el grupo de colombianos y venezolanos, operando todos en el 99% del territorio.
En Veracruz, gobernador por Cuitláhuac García, hay siete grupos delincuenciales de alta peligrosidad. Las elecciones van a transcurrir con el Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, la Fuerza Especial Grupo Sombra, Pura Gente Nueva y la Célula Independiente 35-Z peleando por el estado.
En Puebla, Sergio Salomón terminará el periodo que inició Miguel Barbosa para dar paso a una nueva administración de Eduardo Rivera o Alejandro Armenta; los comicios deberán transcurrir y las casillas instalarse a pesar de la presencia de 11 grupos criminales. Mientras que en Tabasco, Carlos Manuel Merino dejará un estado en el que coexisten nueve cárteles.
En Yucatán, de Mauricio Vila, aunque resulte uno de los estados “más seguros para vivir”, tienen presencia nueve grupos criminales, entre ellos los llamados Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco, el Cártel del Golfo, el Cártel del Istmo y Los Zetas, aunque solamente tienen en 12 de los 106 municipios de la entidad.
El caso de la Ciudad de México no es muy diferente. Martí Batres, que sustituyó a Claudia Sheinbaum en el cargo, gobierna el territorio donde más organizaciones delictivas operan. Hay 30 bandas repartidas en las 16 alcaldías que también estarán en disputa el próximo 2 de junio; la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y la Fuerza AntiUnión son algunas de las locales que se suman a las que tienen presencia nacional.
Posdata
Hablando de violencia y de la injerencia del crimen organizado en la política, en Palacio Nacional cada vez es mayor la preocupación porque algunas elecciones puedan ser anuladas debido a la intromisión de las bandas antes, durante y después del 2 de junio.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya advirtieron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse, antes de que pueda llegar a tomar control incluso desde la Presidencia de la República.
Como lo publicó EL UNIVERSAL tras un foro con magistrados y magistradas del TEPJF, dependerá del número de denuncias y su gravedad que se puedan anular las elecciones.
El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las campañas en redes sociales, como la que se ha impulsado en su contra bajo la etiqueta de #NarcoPresidente, pueden "tumbar" a un gobierno” cuando la gente no está informada y es susceptible a la manipulación.
El presidente ha calificado esto como “gravísimo” y “tóxico”, así que un escenario de anulación de elecciones está muy vigente.
