Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para tipificar la conducta de homicidio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género.
Al hacer uso de su voz, el legislador Gerardo Fernández González expresó que la discriminación y violencia contra la comunidad de la diversidad sexual y de género en México son una realidad preocupante, a pesar de los avances jurídicos y legislativos en la última década, en los que se incluye la legalización del matrimonio igualitario en diversos estados de la república y el reconocimiento de la identidad de género.
“Según la plataforma Visible, que es la encargada de documentar la incidencia de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTQ+ en México, ha documentado en el estado de Guanajuato desde 2017, 218 casos de agresiones hacia la comunidad, entre las que destacan 14 homicidios, seis de ellos perpetrados en el 2021”, mencionó.
El congresista señaló que existen grandes problemas para conocer la magnitud y gravedad de los homicidios en razón de discriminación por orientación sexual y de género por la imprecisión en los registros oficiales, razón que hace necesario que en Guanajuato dicha problemática se aborde de manera transversal, lo que requiere de un trabajo especializado por parte de las autoridades que permitan dar cuenta de sus rasgos, frecuencia y de las condiciones en que se produce, además de develar las tendencias de su comportamiento.
Agregó que es posible identificar ciertas características que ayuden a distinguir cuando un homicidio no solo fue por una cuestión aleatoria, al ser un acto resultante de una serie de agravios violentos, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infringido una serie de agresiones constituyentes de delito como abusos verbales y físicos, violación, lesiones, agresión psicológica, privación de la libertad, entre otras.
“Con esta iniciativa buscamos garantizar una vida libre de violencia para todas y todes las personas, esto, no solo es nuestra obligación, sino que es necesario para la construcción de un estado garante de los derechos humanos”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
