Leticia Aguayo Soto
Con el propósito de avanzar en la construcción de una legislación que garantice el derecho a una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, la Representación Parlamentaria del PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González.
Durante el encuentro se revisaron las observaciones formuladas por distintas instituciones, particularmente en materia de suficiencia presupuestaria, mecanismos de operación, coordinación institucional y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
La Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas reconoció la obligación del Estado de garantizar este derecho y advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos de implementación progresiva que aseguren su viabilidad financiera.
En su análisis, estimó que existen 113 mil 782 personas con discapacidad potencialmente no cubiertas por el programa federal y calculó que atenderlas representaría un impacto presupuestario anual aproximado de 2 mil 252 millones de pesos, tomando como referencia un apoyo mensual de mil 650 pesos.
Asimismo, planteó la importancia de evitar duplicidades con los programas federales, contar con un padrón de beneficiarios confiable y garantizar la protección de los datos personales.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) coincidió con el propósito de la iniciativa, al considerar que la pensión constituye una medida de nivelación económica que contribuye a garantizar condiciones mínimas de dignidad, autonomía e inclusión.
El organismo también señaló la necesidad de realizar una consulta estrecha y efectiva con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, a fin de incorporar sus necesidades y perspectivas en el proceso legislativo.
Al participar en la mesa de trabajo, el diputado Jesús Hernández Hernández reconoció la importancia de las aportaciones recibidas y destacó que estos ejercicios permiten fortalecer las propuestas legislativas antes de su dictaminación.
“Estas mesas de análisis sirven para que entre todos los interesados construyamos juntos una iniciativa que logre las garantías de la pensión no contributiva para nosotros las personas con discapacidad”, expresó.
El legislador señaló que la propuesta debe establecer reglas claras para la incorporación de beneficiarios, criterios de priorización para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, mecanismos de transparencia y metas verificables que permitan evaluar los resultados del programa.
También destacó la importancia de reconocer que las necesidades de las personas con discapacidad son distintas y que la legislación debe contemplar esas diferencias para garantizar una atención adecuada.
“Porque no se trata de solo abanderar los temas sobre las personas con discapacidad. Se trata de entender”, afirmó.
Jesús Hernández sostuvo que la pensión debe representar un respaldo económico real para las personas y sus familias, particularmente para quienes requieren tratamientos médicos, implementos de apoyo o recursos para su movilidad.
“Esta pensión no cuesta nada para quien tal vez pueda tenerlo todo. Pero lo es todo para quien allá afuera no tiene nada”, enfatizó.
Finalmente, el diputado reiteró que las observaciones recibidas permitirán enriquecer la iniciativa y avanzar hacia un marco jurídico que haga efectivo el derecho a la pensión no contributiva, con reglas de operación claras, responsabilidad institucional y mecanismos de evaluación que garanticen su cumplimiento.
