Avanzan dictámenes de iniciativas de reformas para fortalecer la certeza jurídica, reconocer el legado de María Luisa “La China” Mendoza y proteger la dignidad póstuma de las víctimas

Este miércoles, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.

El primero, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica y evitar que las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado permanezcan indefinidamente sin publicarse, se reforma el artículo 58 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer plazos para su promulgación y publicación, así como un mecanismo que permita al Poder Legislativo ordenar su publicación ante la omisión del Ejecutivo.

La congresista María Eugenia García Oliveros manifestó que con este dictamen se dará un paso importante en el equilibrio de poderes en la entidad y se evitará el retraso en la aplicación de normas que no hayan sido vetadas por el Poder Ejecutivo.

El segundo, con el propósito de reconocer la trayectoria de una de las mujeres más destacadas del periodismo y la literatura mexicana, se reformar la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato y establecer que el Premio Estatal al Periodismo de Guanajuato lleve el nombre de María Luisa “La China” Mendoza, escritora y periodista guanajuatense cuyo legado contribuyó al desarrollo de la vida cultural y periodística del país.

La tercera, para incluir en la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato el concepto de dignidad póstuma, y precisar que es el respeto y la protección debidos a las víctimas fallecidas, que comprenden el trato respetuoso, digno y considerado de su cadáver, restos cadavéricos o restos humanos, libre de cualquier forma de degradación, y la protección de su identidad, imagen y memoria, de conformidad con la legislación aplicable.

Como parte del orden del día se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de cuatro iniciativas. Tres proponían reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que el ministerio público pueda establecer sus sistemas de investigación, destinados a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la seguridad pública; además de que deberá coordinarse con el Centro Estatal de Identificación Forense; establecer el juicio de amparo local como medio de control y derogar la atribución rígida que asigna de manera expresa a los ayuntamientos la prestación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija.

La última planteaba crear la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción para el Estado de Guanajuato y reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer un andamiaje legal, claro, integral, eficaz y garantista que fortalezca la cultura de la denuncia y proteja a quienes actúan con valor cívico.

Otros asuntos

Se dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y garantizar la paridad de género en las administraciones públicas municipales. Para su estudio se remitirá a los organismos autónomos, a los 46 ayuntamientos, a la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad y se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un dictamen de impacto presupuestal.

Otra para modificar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con la finalidad de que se otorgue un apoyo económico equivalente a al menos un salario mínimo, que aumente de manera progresiva a las y los jóvenes de entre dieciocho a veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando ningún grado de educación formal, con el objetivo de que se capaciten para un trabajo por un periodo de hasta doce meses

La propuesta se enviará a la Secretaría de Finanzas, al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Además, se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un dictamen de impacto presupuestal.

La tercera, que propone cambios a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato para eliminar la restricción para acceder a la magistratura administrativa por haber sido candidato a un cargo de elección popular, se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa; la cuarta busca reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con el objeto de regular la asistencia a distancia de personas diputadas y transparentar sus registros, la cual se remitirá a las 36 personas diputadas y al Instituto de Investigaciones Legislativas. 

La quinta busca modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, a fin de restituir la Secretaría de las Personas Migrantes y sus Familias y de Enlace Internacional; se enviará a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. También se remitirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para que emita un dictamen de impacto presupuestal.

El diputado Ernesto Millán Soberanes solicitó que se incluyera en la metodología que las mesas de trabajo también se habiliten de forma virtual para poder escuchar a las asociaciones y personas que actualmente radican en Estados Unidos. La propuesta no fue aprobada.

La congresista Susana Bermúdez Cano cuestionó cómo se haría la convocatoria si por organizaciones, personas o cuál sería el proceso, porque en la propuesta original está abierta la participación y su homólogo Millán Soberanes pide asociaciones, por lo que preguntó cómo sería la incorporación, y propuso que fuera mesas en momentos distintos. Su propuesta fue avalada.

La última iniciativa plantea reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad de incorporar informes como obligación a las personas diputadas que fueron designadas por el Pleno para representar ante Comisiones o Comités, y se enviará a las 36 personas diputadas y al Instituto de Investigaciones Legislativas.

Todas las iniciativas se remitirán a la Consejería Jurídica, se establecerán ligas en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, por plazo de 20 días hábiles, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.

En cuanto a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra estudiantes, mediante protocolos de actuación y servicios de apoyo médico, psicológico, pedagógico y jurídico, el diputado Juan Carlos Romero Hicks manifestó que los protocolos no deben estar en ley sino en reglamentos internos, y no se puede cambiar la citada norma si la comunidad universitaria no se ha pronunciado a través de su órgano de gobierno, por lo que se solicitará una tarjeta informativa.

El diputado Ernesto Millán Soberanes externó su extrañeza de que a la propuesta no se le haya establecido una mecánica de estudio y subrayó que no se busca culpabilizar a la Universidad de Guanajuato sino encontrar los mecanismos de atención para actuar en materia de prevención.

En ese sentido, propuso remitir a la Universidad de Guanajuato y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, con plazo de 20 días hábiles, establecer una liga en la página de internet del Congreso para consulta y participación ciudadana, así como la realización de dos foros y una mesa de trabajo. Su propuesta no fue aprobada.

Acuerdos

Se avaló la duplicidad de término para analizar la propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se acuerda emitir respaldo a la postura asumida por la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo de rechazar la intervención, las acciones unilaterales y cualquier forma de uso de la fuerza para definir controversias entre las naciones, así como de reafirmar el compromiso del Estado mexicano con los principios de defensa de la soberanía e integridad territorial, aceptación de la responsabilidad compartida en los problemas comunes, diálogo con sustento en el respeto y la confianza y la cooperación sin subordinación, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Carta de las Naciones Unidas, únicamente con la modificación de duplicar el plazo propuesto de origen.

Finalmente, se dio cuenta del Protocolo para la implementación del proceso de consulta previa, libre informada, culturalmente adecuada y de buena fe para invitar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guanajuato, a participar en la consulta de las iniciativas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente; así como de una propuesta de reforma a la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de elevar el rango constitucional el derecho a la unidad familiar de las personas en contexto de movilidad.

En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba, Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza. Además, los acompañó el congresista Ernesto Millán Soberanes.