Para inhibir que falsos policías comentan extorsiones, robos a transportistas, “levantones” y allanamientos, el diputado Alejandro Arias propuso una iniciativa para penalizar la fabricación de insignias, uniformes y vehículos propios de las corporaciones policíacas, y sancionar a quienes hagan uso indebido de ellos.
Con una pena de tres a 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien cometa un delito haciendo uso indebido de distintivos policíacos, y una agravante cuando el sujeto activo sea servidor público y en ejercicio de su función incurra en esa conducta.
Al exponer las motivaciones de su propuesta para reformar el Código Penal, afirmó que el uso de elementos distintivos de dichas instituciones no sólo constituye una grave violación a la ley, sino un atentado directo contra la seguridad pública al facilitar la comisión de delitos mediante la suplantación de funciones y el engaño a la ciudadanía.
“En estos delitos se ha vuelto común que la delincuencia utilice como método la implementación de retenes falsos´ para llevar a cabo asaltos carreteros, extorsiones, levantones y desapariciones forzadas de personas, por señalar sólo algunos”, indicó y añadió enseguida:
“No sólo eso: es común la clonación de vehículos mediante la reproducción de la cromática de las instituciones de seguridad pública y, por qué no decirlo, tampoco es extraño que incluso se combinen personas pertenecientes a células o grupos delincuenciales con integrantes de los cuerpos de las instituciones policiales, quienes utilizan los vehículos a su cargo para ´legitimar´ él operativo en calles, caminos rurales y carreteras estatales y federales”.
Arias Ávila dijo que la seguridad pública exige instituciones reconocibles, autoridades identificables y elementos que permitan a la ciudadanía distinguir el ejercicio legítimo de la función pública.
Resaltó además que un uniforme, una insignia, una credencial o una patrulla generan una apariencia de autoridad y que esa apariencia tiene efectos jurídicos y sociales: permite identificar a quien ejerce una función de seguridad y genera confianza en sus instrucciones.
Y advirtió que cuando esos elementos son utilizados para construir una falsa apariencia de autoridad, pueden convertirse en instrumentos para la comisión de delitos.
Además de penalizar la fabricación y comercialización de insignias, uniformes y vehículos, su iniciativa también plantea establecer como conductas delictivas el uso de placas, gafetes, escudos, insignias, siglas, sirenas, estrobos, torretas, gorras, chamarras con siglas o cualquier otro aditamento o uniformes de instituciones de seguridad pública estatal o municipal, y sanción penal si es con el propósito de cometer un ilícito.
