Tras al asesinato de tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en la última semana del mes que recién concluyó, la diputada priista, Rocío Cervantes, subió a tribuna para hacer un llamado a “proteger a quienes nos protegen”.
Antes de referirse al doble crimen cometido en Delgado de Arriba, municipio de Comonfort, el 23 de septiembre, y de reconocer el riesgo que corren quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y actuar en consecuencia, se solidarizó con los deudos.
“Primero quiero expresar mi solidaridad con sus familias, con sus compañeras y compañeros, y con todas las personas que hoy viven el dolor de esta pérdida. Cada elemento de seguridad que sale a cumplir con su deber es una persona: tiene una familia que espera su regreso y merece que el Estado haga todo lo posible por proteger su vida”, dijo.
Cervantes Barba subió a tribuna en Asuntos Generales de la primera sesión ordinaria del último año de ejercicio de la LXVI Legislatura para abordar el tema y manifestar que las y los policías enfrentan a grupos delictivos que operan con violencia y mantienen a comunidades enteras bajo el temor.
En ese tenor, resaltó que “quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, no pueden quedar expuestos, sin medidas suficientes, ante amenazas cada vez más graves”, y puntualizó que “cuidar a nuestros elementos de seguridad no significa darles privilegios ni justificar cualquier actuación”.
“Significa reconocer el riesgo real de su trabajo y garantizar que cuenten con protocolos, capacitación, equipamiento y coordinación adecuados. También significa exigirles profesionalismo, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas”, añadió para dejar claro que “la protección y la responsabilidad deben avanzar juntas”.
Expuesto lo anterior, la congresista del GPPRI hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para revisar y fortalecer protocolos de seguridad de corporaciones policíacas.
“Esa revisión debe incluir la evaluación de riesgos antes de los operativos, criterios claros para patrullajes y desplazamientos en zonas de alta peligrosidad, comunicación permanente entre unidades, mecanismos de alerta y respuesta inmediata, equipo de protección adecuado y atención médica, psicológica y acompañamiento para quienes resulten afectados y sus familias”, abundó.
Sostuvo que también es indispensable que las investigaciones sobre ataques contra policías avancen con prontitud, rigor e independencia, porque “la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados y las familias de las víctimas merecen verdad y justicia”.
Remarcó que “proteger a las corporaciones no puede limitarse a reaccionar después de una tragedia” y que “hace falta prevención, inteligencia, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y condiciones dignas para quienes arriesgan su vida en el servicio público”.
“Si pedimos a nuestras policías que enfrenten a organizaciones armadas, debemos asegurar que no lo hagan sin respaldo institucional ni medidas de protección suficientes”, agregó.
Afirmó además que, honrar a policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, “exige más que palabras: exige revisar lo que se puede mejorar y actuar para que quienes salen a servir puedan regresar a casa”.
“Cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad del Estado y una deuda con sus familias y con Guanajuato.”, dijo para concluir su mensaje, después de anotar que “los operativos deben buscar a los responsables y prevenir nuevas agresiones, siempre dentro de la ley y con respeto a los derechos de todas las personas”.
