Héctor Andrade Chacón
En una democracia constitucional, las discusiones más complejas no pueden resolverse por el volumen de las consignas ni por la intensidad de las convicciones. Para eso existen las instituciones, las leyes y los procedimientos: para colocar por encima de las pasiones —legítimas o no— un árbitro común llamado Estado de Derecho.
Viene al caso por la posición que este viernes volvió a colocar sobre la mesa el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato durante la presentación de su agenda parlamentaria.
El tema es la despenalización del aborto y la relación, cada vez más tensa, entre lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la primera minoría legislativa panista (más aliados) que se resiste a modificar el Código Penal en los términos que reclaman quienes consideran agotada la discusión jurídica.
Conviene empezar por una precisión porque, entre tanta proclama de uno y otro lado, se corre el riesgo de perder el expediente.
La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió en el Amparo en Revisión 525/2024 que el sistema jurídico de Guanajuato que penaliza el aborto voluntario es inconstitucional, al considerar que vulnera derechos como la autonomía reproductiva, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la igualdad y la no discriminación. Posteriormente se admitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, mediante la cual se notificó al Congreso para que superara el problema de constitucionalidad de los artículos cuestionados.
Es decir, no estamos ante una ocurrencia política ni frente a una recomendación hecha al aire. Existe una resolución judicial.
Pero tampoco resulta tan simple como algunos pretenden dibujarlo: Corte ordena, Congreso levanta la mano y asunto concluido. Ahí es precisamente donde Jorge Arturo Espadas Galván, pastor de la bancada panista, está colocando la resistencia jurídica del PAN.
Espadas sostiene que su bancada no modificará su posición doctrinaria respecto de lo que denomina la defensa del derecho a la vida desde la concepción y, al mismo tiempo, rechaza que exista desacato porque, argumenta, el Poder Judicial no puede sustituir al Legislativo ni obligar personalmente a un diputado a votar en determinado sentido. Diputados panistas han insistido públicamente en esa interpretación durante los últimos días.
Puede gustar o no la postura. Ese no es el punto.
La cuestión interesante es que Acción Nacional no parece estar colocando su resistencia fuera del tablero, sino dentro de él. Estira la liga procesal hasta donde considera que el orden jurídico se lo permite.
Su discurso de defensa de la vida coincide evidentemente con una tradición doctrinaria del PAN y con planteamientos sostenidos por organizaciones provida y grupos religiosos; pero la operación parlamentaria que conduce Espadas está intentando trasladar esa convicción al terreno estrictamente jurídico: competencias, alcances de las sentencias, libertad del legislador y procedimiento de la declaratoria. Y allí el personaje importa.
Jorge Espadas no llegó ayer al derecho parlamentario. Es abogado; fue litigante, secretario técnico de comisiones legislativas, coordinador de asesores del PAN, secretario general del Congreso de Guanajuato y, como diputado federal, integró órganos relacionados con Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral.
Sabe dónde buscar las rendijas.
Por eso su estrategia se parece menos a un portazo contra la Corte que a una partida de ajedrez.
La SCJN movió primero y colocó sobre el tablero una determinación contundente: el modelo penal guanajuatense que sanciona el aborto voluntario fue considerado inconstitucional. El Congreso recibió después la exigencia de superar ese vicio normativo.
La mayoría panista, sin embargo, responde que una cosa es reconocer las facultades jurisdiccionales de la Corte y otra aceptar que ésta pueda escribir por anticipado el sentido del voto de cada legislador.
No era, pues, un jaque mate automático.
Por ahora quedan movimientos.
La pelota —o el movimiento de pieza, para seguir con la metáfora— vuelve hacia la Suprema Corte, que tendrá que resolver las consecuencias jurídicas derivadas de la actuación del Congreso una vez agotadas las etapas correspondientes. Eso es justamente lo que debe ocurrir.
Que hablen las instituciones. Que cada poder ejerza sus atribuciones y que, al final, prevalezca la Constitución, no la presión de las calles, de las iglesias, de los colectivos, de los partidos ni de ninguna mayoría circunstancial.
Porque el Estado de Derecho sirve precisamente para esos momentos: cuando las convicciones son tan profundas que resulta imposible ponerse de acuerdo.
Hay momentos en que una frase clara sirve más que una larga explicación. Y Mauricio Trejo Pureco escogió el escaparate de su reciente Segundo Informe de Gobierno para fijar, sin demasiados rodeos, la posición del municipio frente a la polémica que durante semanas creció alrededor de un eventual nuevo campo de golf en San Miguel de Allende.
Al concluir su informe, Trejo apareció ante los medios con un cartel en las manos: “No hay permiso para campo de golf, lucha por el medio ambiente”. Y acompañó el mensaje con una afirmación igualmente directa: su administración no ha otorgado autorización para construir un nuevo complejo de esta naturaleza y mantiene, dijo, el compromiso de detener el crecimiento desordenado del municipio.
La precisión era necesaria.
Porque antes había explicado que existían trámites relacionados incluso con varios proyectos y que cualquier interesado tenía derecho a realizar gestiones, aunque eso no significaba que hubiese autorización alguna. También había advertido que un proyecto incapaz de cumplir con los requisitos de sustentabilidad terminaría encontrando en la propia normatividad el obstáculo para avanzar.
Ahora el mensaje cambió de tono. No más interpretaciones sobre expedientes en trámite ni sobre posibilidades futuras. No hay permiso.
Y políticamente la declaración ayuda a cerrar un espacio de incertidumbre que ya había escalado del ámbito municipal hasta los otros dos órdenes de gobierno.
La controversia llegó incluso a la conferencia matutina presidencial realizada en Guanajuato el pasado 18 de septiembre. Allí se preguntó expresamente si la Federación, particularmente la Conagua y las autoridades ambientales, podría revisar la viabilidad de un cuarto campo de golf ante la problemática de disponibilidad de agua de la región y su cercanía con la zona de preservación ecológica de El Charco del Ingenio.
Claudia Sheinbaum cedió entonces la palabra a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respondió sin ambigüedades: “no hay autorización para la construcción de un nuevo campo de golf en San Miguel de Allende”. La mandataria recordó además que había atendido personalmente a ciudadanos que se manifestaron sobre el asunto durante su visita del 16 de septiembre.
Y aunque Sheinbaum no emitió ese día una resolución específica sobre el proyecto sanmiguelense, la posición del Gobierno Federal respecto del uso del agua ya había sido expresada meses antes con bastante claridad.
Cuando en febrero se habló precisamente de la distribución del agua en Guanajuato y del temor de que pudiera desviarse hacia otros aprovechamientos, la Presidenta rechazó esa posibilidad: ante la referencia a que pudiera llevarse líquido hacia campos de golf, respondió: “¿cómo creen que vamos a hacer eso? Pues no”, y sostuvo que el objetivo es garantizar el acceso al agua para las poblaciones del estado.
No es un asunto menor.
Desde la Federación, además, la Conagua ha informado que revisa concesiones originalmente otorgadas para uso agrícola que terminaron empleándose en desarrollos inmobiliarios, industrias, campos de polo y campos de golf. El principio detrás de esa política es evidente: el agua es primero un derecho humano y su utilización debe sujetarse a la ley y a la disponibilidad real del recurso.
Así que, alrededor del polémico proyecto sanmiguelense, existe ahora una coincidencia institucional que vale la pena registrar.
La Federación ha colocado como prioridad el derecho humano al agua; el Gobierno de Guanajuato ha dicho que no existe autorización estatal; y el gobierno de Mauricio Trejo sostiene categóricamente que tampoco existe permiso municipal.
Tres órdenes de gobierno, encabezados además por actores provenientes de fuerzas políticas distintas, están colocando una misma barrera frente al proyecto mientras no existan las condiciones legales, ambientales e hídricas necesarias.
Eso también es política.
No necesariamente la de la estridencia ni la confrontación partidista, sino aquella que permite que instituciones encabezadas por gobiernos de diferente origen encuentren puntos de coincidencia cuando aparece un interés público superior.
Trejo, además, entendió que después de semanas de versiones encontradas no bastaba con explicar procedimientos administrativos. Había que decirlo de manera sencilla: el campo de golf no tiene permiso.
El mensaje busca dar certeza a una sociedad sanmiguelense que hizo pública su preocupación, particularmente por la disponibilidad del agua y la protección ambiental. Y revela algo que también conviene reconocer: frente a este asunto ha existido comunicación y coincidencia entre municipio, estado y Federación.
La ciudadanía habló. Los tres órdenes de gobierno respondieron.
Y si algo deja esta polémica es una regla que debería parecer obvia en una región donde el agua constituye uno de los mayores desafíos para las próximas décadas: primero la gente; después, cualquier proyecto inmobiliario.
