La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios con el objetivo de fortalecer el derecho humano a la movilidad mediante la modernización progresiva del transporte público urbano y suburbano, a fin de garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad y abordaje autónomo para las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Los asistentes a la mesa de trabajo externaron su respaldo a la finalidad humanista de la iniciativa para fortalecer el derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad, pero señalaron que la propuesta debe ponderarse a la luz de su viabilidad técnica, operativa y financiera, advirtiendo que establecer obligaciones inmediatas de adaptación sin diagnósticos contextualizados podría generar cargas desproporcionadas, toda vez que los 46 municipios de la entidad presentan marcadas disparidades en topografía, demanda de servicio, parques vehiculares y capacidades presupuestales de las administraciones y concesionarios.
Asimismo, expresaron preocupación respecto a indexar los costos de inversión y mantenimiento de las unidades adaptadas directamente al cálculo del pasaje, advirtiendo el riesgo de que la inclusión termine siendo financiada por las personas usuarias a través de incrementos insostenibles en un servicio utilizado mayoritariamente por sectores de menores ingresos; recomendaron prever esquemas de financiamiento accesibles, subsidios estatales directos, incentivos fiscales y facilidades crediticias para los operadores que cumplan metas de accesibilidad, evitando presiones para elevar las tarifas y asegurando una distribución justa y transparente de las cargas económicas.
También, precisaron que la iniciativa no debe limitar la accesibilidad únicamente a aditamentos para discapacidades motrices y que debe proyectar una visión integral que contemple adecuaciones sensoriales, auditivas, visuales, de espacio público y de acompañamiento para usuarios de perros de asistencia y otras ayudas técnicas; propusieron plasmar en la ley los principios rectores de accesibilidad, seguridad y autonomía con el término homologado de movilidad limitada, dejando las especificaciones operativas a los reglamentos técnicos para no cerrar el paso a futuras innovaciones tecnológicas ni provocar duplicidades con disposiciones generales ya existentes.
Por otra parte, cuestionaron la efectividad técnica de fijar una cuota rígida de al menos una unidad accesible por ruta, planteando que la cobertura debe planearse de forma progresiva con base en estudios de demanda, frecuencia de paso, cobertura territorial y los ciclos naturales de vida útil y renovación de la flota vehicular, por lo que sugirieron incorporar un régimen transitorio que obligue a las autoridades a emitir un diagnóstico integral y programas de modernización con metas, plazos e indicadores claros de supervisión permanente.
Finalmente, subrayaron que la accesibilidad constituye un deber amplio y continuo del Estado que debe vigilarse de forma permanente para evitar actos de discriminación indirecta; enfatizaron en la obligación de realizar una consulta estrecha, previa e informada a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, a fin de diseñar mecanismos legislativos que respondan a sus necesidades reales y garantizar una movilidad con plena autonomía y dignidad.
Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Millán Soberanes defendió el derecho de las personas con discapacidad a una movilidad pública digna, autónoma y accesible, proponiendo que la iniciativa contemple un régimen transitorio gradual con plazos viables para municipios y concesionarios, así como la consulta a prestadores del servicio sobre adecuaciones técnicas como rampas y plataformas.
Agregó que los costos de estas adaptaciones no deben trasladarse a incrementos tarifarios para la ciudadanía, al tratarse del cumplimiento de un derecho y no de una carga económica y respaldó la noción de armonizar el texto bajo un enfoque estricto de derechos humanos evitando términos como privilegiar, junto a la adopción de una definición integral de discapacidad que vaya más allá de la motriz para derribar de fondo las barreras estructurales.
En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco externó su coincidencia con el objetivo de la iniciativa para garantizar el derecho a la movilidad, indicando que existe viabilidad para avanzar hacia su dictaminación mediante un análisis técnico riguroso que incorpore las observaciones vertidas por las dependencias, tanto en precisiones normativas específicas como en la integración de disposiciones transitorias.
Precisó además la conveniencia de realizar los ejercicios de consulta dirigidos a las personas con discapacidad y a las empresas concesionarias del transporte público, señalando la importancia de escuchar a los sectores directamente involucrados para asegurar una implementación adecuada de la reforma.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco (presidenta) y el diputado Ernesto Millán Soberanes. Todas y todos ellos acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato; de la Secretaría de Obra Pública; de la Secretaría de Derechos Humanos; del Tribunal de Justicia Administrativa; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; personas asesoras parlamentarias; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
