Aprueban dictámenes para fortalecer la igualdad salarial y protección para mujeres, adolescentes y niñas, y de nueva Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato

Con las modificaciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incorporan los conceptos de brecha salarial de género e igualdad salarial, además de ampliar la definición de discriminación para contemplar conductas que directa o indirectamente provoquen o perpetúen las brechas de género. La reforma establece también como obligación desarrollar acciones tendientes a erradicar la brecha salarial en la vida profesional y laboral.
 
Política09 de septiembre de 2026 Redacción

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En sesión de la Comisión para la Igualdad de Género se aprobó el dictamen de cuatro iniciativas de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que tienen como propósito de fortalecer la igualdad sustantiva, avanzar en la erradicación de la brecha salarial de género y reforzar los mecanismos de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia.

Con las modificaciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incorporan los conceptos de brecha salarial de género e igualdad salarial, además de ampliar la definición de discriminación para contemplar conductas que directa o indirectamente provoquen o perpetúen las brechas de género. La reforma establece también como obligación desarrollar acciones tendientes a erradicar la brecha salarial en la vida profesional y laboral.

Por otra parte, las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia actualizan y fortalecen las disposiciones relativas a las órdenes de protección. Se precisa su concepto y se incorpora el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, además de establecer la obligación de integrar, procesar y actualizar la información correspondiente.

Se precisa que las órdenes de protección son actos de urgente aplicación, de carácter precautorio y cautelar, que podrán otorgarse de oficio o a petición de parte cuando exista un riesgo para la integridad, libertad o vida de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Estas medidas tendrán como propósito prevenir o hacer cesar la violencia e impedir la comisión de nuevos actos de violencia o delitos.

La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que estaban frente a un dictamen que se construyó con las visiones de las diversas fuerzas políticas representadas en la comisión, todas con un tema en común: la necesidad de implementar acciones gubernamentales encaminadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y sin discriminación para acceder en igualdad de oportunidades a la vida laboral y salarial.

Resaltó que las adecuaciones trascienden en lo local pues están encaminadas en garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en el estado. Comentó que las modificaciones realizadas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato comprometen a las instituciones públicas del sector social y privado a realizar acciones encaminadas a garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades en el acceso a la vida laboral, a la igualdad salarial y a la erradicación de la brecha salarial de género entre mujeres y hombres.

Afirmó que garantizar una mayor participación igualitaria de las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida: económica, familiar, de cuidados, laboral, política y social, se avanza en su autonomía y dignidad.

En cuanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, manifestó que las reformas implicaron un arduo análisis jurídico en virtud de que las medidas y las órdenes de protección previstas en la ley general poseen diversas naturalezas atendiendo a su sede administrativa o jurisdiccional.

Bermúdez Cano argumentó que las propuestas tuvieron que adecuarse para evitar que se interpretara que incidían en leyes procesales penales o civiles, materia reservada a la federación a cargo de todas las autoridades administrativas encargadas de aplicar las medidas de protección del estado y de los municipios, de los cuerpos policiales, del ministerio público y órganos jurisdiccionales.

Precisó que se busca garantizar el cumplimiento de las medidas de protección determinadas por las autoridades competentes, así como verificar o evaluar su efectividad porque son algo fundamental, ya que una orden de protección no solamente es un documento jurídico, sino que su propósito es prevenir o hacer cesar un acto de violencia o impedir la comisión de un nuevo acto de violencia o delito.

Finalmente, subrayó que el dictamen es el ejemplo de que legislar con perspectiva de género constituye una verdadera política de prevención de la violencia de género.

Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato 

Por otro lado, se avaló el dictamen mediante el cual se expide la Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato, con la que se establece un marco jurídico específico para impulsar acciones y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que encabezan sus hogares, así como de sus hijas e hijos menores de edad y personas dependientes que se encuentren en situación socioeconómica vulnerable.

El nuevo ordenamiento tiene como finalidad garantizar que este sector pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva y establece como ejes la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la perspectiva de género y la interseccionalidad, además de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

En la nueva norma se reconocen como derechos de las mujeres jefas de familia, entre otros, vivir una vida libre de violencia y discriminación, recibir un trato digno e igualitario y acceder de manera prioritaria a programas y acciones gubernamentales diseñados para su beneficio. También establece que las autoridades deberán promover su desarrollo económico, formación y capacitación, así como su participación económica, social y política.

La legisladora Ana María Esquivel Arrona indicó que la nueva norma jurídica tiene un propósito claro y profundamente humano: garantizar y proteger el derecho de las mujeres jefas de familia. Refirió que hablar de ellas es hablar de mujeres que todos los días atienden hogares, toman decisiones y enfrentan responsabilidades que muchas veces deben asumir solas.

Asimismo, dijo que son las principales proveedoras del ingreso familiar, son ellas quienes trabajan para llevar el sustento a sus hogares, quienes administran los recursos, cubren gastos, organizan las responsabilidades y, al mismo tiempo, asumen principalmente las tareas de cuidado.

Detalló que se está frente a una realidad que no es estática, ya que las jefaturas de familia encabezadas por mujeres son cada vez más visibles y representan una parte fundamental de la estructura social del estado y del país.

“Reconocer a las mujeres como jefas de familia no puede quedarse únicamente en una estadística; debe traducirse en derechos, en políticas públicas y en acciones concretas que permitan que ellas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de igualdad”, enfatizó.

También habló de las diferentes realidades como que no era lo mismo ser una jefa de familia en una comunidad rural que en una zona urbana; tampoco enfrentar esa responsabilidad siendo una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer que vive en condiciones de vulnerabilidad o una mujer que enfrenta distintas barreras para acceder a oportunidades laborales, educativas, económicas o sociales.

Remarcó la importancia del dictamen al señalar que parte de una visión que coloca a las mujeres en el centro y que reconoce sus distintas circunstancias e intersecciones, y dijo que era integral y responsable porque busca que la atención a las mujeres jefas de familia sea transversal.

Otros asuntos

Como parte del orden de día, se dio cuenta con el punto de acuerdo para exhortar al Instituto Municipal de las Mujeres de León y a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Guanajuato para que ofrezcan atención psicológica y asesoría jurídica integral, gratuita, confidencial y con perspectiva de género a la mujer reconocida como víctima en el expediente 2531/2025 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como a las mujeres que manifiesten ser víctimas en los hechos relacionados con el folio CM/DCS/093/2026-D6 de la Contraloría Municipal de León y el expediente 1015/2026 de la PRODHEG.

De igual manera, revisen y fortalezcan las rutas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo de la administración pública municipal de León, particularmente en el Parque Ecológico Metropolitano.

Finalmente, se dio seguimiento a la metodología de estudio de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Guanajuato que busca reforzar el combate contra la violencia digital contra las mujeres. La propuesta modifica el concepto de violencia digital, se cambia el concepto de comunidad digital a entorno digital, entre otros aspectos.

Al respecto, se acordó realizar una mesa de trabajo el 06 de octubre a las 11:00 horas.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Yesenia Rojas Cervantes, Ana María Esquivel Arrona y Maribel Aguilar González.

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