Analizan propuestas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente

La Comisión para las Juventudes y Deporte realizó una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato y a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato; ambas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.

Los asistentes a la mesa de trabajo externaron una postura plenamente favorable respecto a la iniciativa relativa a la Ley de Cultura Física y Deporte, manifestando que se fortalece de manera integral el marco jurídico estatal en materia de igualdad sustantiva, accesibilidad, inclusión, prevención de las violencias y uso de lenguaje no sexista dentro del ámbito deportivo y juvenil; precisaron que esta reforma forma parte del amplio paquete de armonización legislativa que actualiza más de setenta ordenamientos locales frente a los mandatos constitucionales y federales, destacando que incorporar un lenguaje centrado en la persona y libre de sesgos sexistas resulta ser un acto fundamental para transformar realidades, combatir asimetrías históricas de poder y garantizar la visibilidad de mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad.

También, recomendaron sustituir la expresión activación física por actividad física, al ser el concepto normativo más preciso y amplio dentro de las políticas públicas de la materia, así como homologar el uso del término competencias; advirtieron la necesidad de unificar los criterios de redacción legislativa relativos al principio de paridad de género en los órganos colegiados para evitar discrepancias operativas entre disposiciones que señalan que este principio se observará frente a otras que indican que se procurará.

Respecto al ámbito competencial de la Comisión de Deporte del Estado, mencionaron que deben delimitarse con claridad sus facultades institucionales, sugiriendo suprimir la referencia al otorgamiento de créditos por tratarse de figuras financieras ajenas a su función, manteniendo únicamente la entrega de becas y estímulos; señalaron que la facultad de sancionar conductas vinculadas a la violencia de género debe acotarse al terreno preventivo y de atención, toda vez que los procedimientos sancionatorios corresponden por competencia a instancias administrativas, laborales o jurisdiccionales distintas.

Por otra parte, en lo relativo a los derechos de las personas deportistas, indicaron que el acceso a apoyos institucionales, entrenamientos y atención multidisciplinaria no debe restringirse exclusivamente al término seleccionadas, pues dicha acotación dejaría fuera las etapas de desarrollo y deporte formativo; y aconsejaron evitar duplicidades administrativas con las obligaciones ya previstas en la ley aplicable y no condicionar los informes únicamente a resultados obtenidos, reconociendo que los apoyos públicos orientados a la inclusión, la formación básica y el desarrollo deportivo no siempre persiguen fines competitivos o medibles de forma inmediata.

Referente a la segunda iniciativa analizada expresaron que la propuesta robustece el ordenamiento normativo local mediante tres ejes transversales enfocados en el uso de lenguaje incluyente y no sexista, la igualdad sustantiva y la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, comentaron que resulta indispensable realizar ajustes de técnica legislativa y homologación conceptual a lo largo de todo el texto legal, sugiriendo sustituir términos restrictivos o singulares para adoptar plenamente las expresiones juventudes y perspectiva de juventudes, de modo que guarden debida concordancia con la denominación del Instituto, el sistema de protección y el marco integral de la ley.

Agregaron la necesidad de armonizar la denominación del Padrón de Organizaciones de atención a las juventudes, previendo la inclusión de colectivos indígenas, afromexicanos, migrantes y de la diversidad sexual, por lo que se recomendó eliminar delimitaciones restrictivas por edad en la conformación de dichas agrupaciones para permitir la integración de personas mayores de edad o morales debidamente constituidas; y aconsejaron incorporar disposiciones transitorias que permitan implementar de forma gradual y sujeta a disponibilidad presupuestal tanto los servicios de orientación y asesoría de salud socioemocional, como el programa para garantizar el acceso gratuito y digno a productos de gestión menstrual.

Finalmente, manifestaron su desacuerdo con modificar el término de competencia territorial estatal a estatales por exceder el ámbito aplicativo de la norma; y pidieron definir con claridad si corresponderá a la Secretaría de Economía la emisión del dictamen para catalogar proyectos bajo el rubro de emprendimiento, además de precisar que la denominación operativa sea programa anual para las juventudes prestadoras del servicio social.

Al hacer uso de la voz, el diputado Jesús Hernández Hernández agradeció las intervenciones vertidas en la mesa de trabajo y afirmó que cada una de las aportaciones serán tomadas en cuenta para la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente.

En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco advirtió de disposiciones que pretenden otorgar nuevas atribuciones a las autoridades y señaló que la asignación de estas facultades conllevaría requerimientos operativos adicionales e implicaría mayores recursos para su debido cumplimiento, por lo que solicitó valorar la integración de un análisis de impacto administrativo y presupuestario que determine con claridad la viabilidad financiera e institucional para la implementación de las medidas planteadas.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y el diputado Jesús Hernández Hernández (presidente). Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato; Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato; la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; personas asesoras de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.