La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la investigación y persecución de los delitos vinculados con la delincuencia organizada.
La propuesta busca fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos, así como dotar de mayores herramientas jurídicas a las autoridades competentes para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales.
Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general, manifestó que se está abordando uno de los temas más importantes en la actualidad en el ámbito jurídico penal. Apuntó que la propuesta busca transitar a un trabajo colaborativo
Afirmó que, desde su experiencia, han visto que las instituciones de la federación no cuentan con capacidad de respuesta en relación con el total de la demanda del delito de delincuencia organizada, en virtud de sus estados de fuerza para atender ese flagelo y no por falta de eficacia.
Añadió que las instituciones procuradoras de justicia pueden sumarse de manera válida y que se trata de contar con más manos para atender el problema. “Resulta de facto y jurídicamente posible construir casos de esta envergadura, más aún porque nuestro ámbito competencial guarda contacto directo y permanente con delitos relacionados con la actividad delincuencial de las estructuras criminales que operan en Guanajuato”, enfatizó.
El fiscal general subrayó que se propone que en la práctica, tal como acontece en este momento en el ámbito federal, cuando una Fiscalía o Procuraduría estatal inicie una carpeta de investigación por delincuencia organizada y/o delitos conexos a ella, informe a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y ésta a su vez, acorde a sus directrices de política criminal y/o interés institucional determine o no, ejercer la facultad de atracción, ello además, permitirá, dijo, que es Fiscalía Especializada y por ende la Fiscalía General de la República tenga conocimiento y control directo de todo lo que acontece en ese rubro en el país.
Finalmente, puntualizó que consideraba viable y positiva la iniciativa para los efectos del fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate más eficiente y eficaz a todas las estructuras criminales, sin distinción
La representante de la Consejería Jurídica comentó que la propuesta permitirá incidir en la protección de actividades productivas propias de determinadas regiones, cuando desde el orden federal, una fiscalía especializada con sede en la Ciudad de México genera complicación que pueda atender las diversas modalidades de la delincuencia organizada que se dan en toda la república.
Remarcó que la propuesta busca establecer competencias de concurrencia con la finalidad de colaborar en el combate a la delincuencia organizada y transitar hacia un modelo de concurrencia, coordinación y colaboración interinstitucional, en el que las autoridades federales y estatales puedan intervenir de manera articulada, conforme a las bases que determine la legislación nacional correspondiente.
Agregó que no se plantea la desaparición de las atribuciones federales en la materia, por el contrario, expresamente contempla la permanencia de la intervención federal y de su facultad de atracción en aquellos asuntos que, por su impacto nacional o transnacional, así lo ameriten.
Subrayó que se propone un modelo de federalismo cooperativo en materia de seguridad y justicia con un enfoque humanista, sin apartarse de los presupuestos federales, permitiendo que las autoridades locales puedan investigar, perseguir, procesar, sancionar y cumplir con la ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada, cuando estos se cometan dentro de su territorio o afecten directamente su orden público.
Finalmente, precisó que la iniciativa tiene por propósito desahogar las cargas de trabajo de la Fiscalía General de República en la investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada y que se advierten desafíos que impactan para la creación de juzgados y unidades especializadas en los estados, y un presupuesto amplio para la protección de jueces, fiscales y testigos contra la corrupción o represalias criminales; y la creación de la Ley de la materia para distribuir la competencia de manera concurrente y la coordinación de las autoridades federales y estatales para intervenir ejercer simultáneamente
El diputado David Martínez Mendizábal indicó que son bienvenidas la cooperación y la articulación de todo lo que sea en función del bienestar de México, de las víctimas, de la seguridad y de la justicia. Resaltó que siempre estarán pendientes del combate a la delincuencia organizada y que toda reestructuración organizacional será siempre bien recibida.
Sin embargo, precisó que no puede dejarse en manos de las fiscalías locales que no tienen la especialización y se refirió a algunos errores en la labor de la fiscalía. Además, enfatizó que la fiscalía local ya tiene saturada su capacidad con los tipos penales actuales, que no ha podido judicializar todos los casos, por lo que no estaba a favor de difuminar la especialidad de lo que ya se tiene a nivel federal.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que hay una necesidad no solo en Guanajuato sino a nivel nacional de pacificar el territorio. Apuntó que la delincuencia organizada por sí sola impacta en diversos delitos, que hay acciones que ya se realizan, que no se tiene por qué justificar una necesidad de coordinación, que la Federación ha centralizado muchas cosas, que actualmente la necesidad es urgente y que aportar algo desde lo local a lo nacional llevará a demostrar una capacidad de reacción.
Finalmente, el legislador Juan Carlos Romero Hicks señaló que se modificarían cuatro artículos de la Carta Magna y que se requiere incrementar la capacidad de escucha porque es un asunto en el que no se ha logrado tener los resultados deseados, por lo que se requiere la cooperación.
Mencionó que la delincuencia organizada era “jabonosa” y a veces la configuración y la prueba plena del delito eran opinables según la carga de la prueba, por lo que estaban entrando a un asunto muy sensible.
Afirmó que el federalismo se trata de que la autoridad más próxima sea la que puede ir contribuyendo al orden y a la civilidad. Agregó que los países que han tenido éxito en el tema de seguridad han hecho tres cosas: la primera, entender que la seguridad se construye; no hay que combatir la inseguridad sino construir la seguridad; segundo, se requieren las colaboraciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes; y tercero, lo insustituible, que es la participación ciudadana.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks, David Martínez Mendizábal, Susana Bermúdez Cano, José Erandi Bermúdez Méndez, Luis Ricardo Ferro Baeza y María Isabel Ortiz Mantilla.
Además, participaron el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste; así como representantes de la Fiscalía General, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de las Mujeres y personas asesoras parlamentarias.
