Pemex sigue siendo el elefante en la habitación de las finanzas públicas mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum apenas dedicó unas frases a la petrolera estatal en su rendición de cuentas de este martes, pero ha ofrecido señales que apuntan a que su Administración mantendrá el respaldo financiero a la endeudada petrolera estatal, incluso en un contexto de menor margen de maniobra fiscal. La estrategia original, con un escenario hacia la autosuficiencia financiera en 2027, parece cada vez más lejana.
Mientras la atención del mercado se centra en el Paquete Económico de 2027 con el que el Gobierno presentará su previsión de ingresos y gastos para el próximo ejercicio, la gran incógnita es hasta dónde llegará el apoyo federal a la petrolera, cuya pesada deuda sigue condicionando las cuentas públicas. La producción de la petrolera tampoco ha mostrado mejoras sustanciales que permitan prever una recuperación inminente de los ingresos. El bombeo se mantiene cerca de 1,7 millones de barriles diarios, con un sistema nacional de refinación que procesa unos 1,5 millones de barriles al día, casi todo para el consumo interno de gasolina, ha enumerado la presidenta.
En sus dos primeros años de mandato, Sheinbaum ha autorizado operaciones por unos 25.800 millones de dólares para amortizar la deuda de Pemex, además de crear un fondo de 250.000 millones de pesos —equivalente a otros 14.000 millones de dólares— destinado a proyectos estratégicos. Sin embargo, el respaldo no ha logrado modificar el rumbo de la empresa. La deuda financiera apenas se ha reducido en unos 20.000 millones de dólares.
“Modificamos la Constitución para recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas”, ha dicho la mandataria en su discurso, en donde se abrazó a los logros económicos y sociales de su gestión, sin ahondar en el modesto crecimiento de la economía o en la compleja situación de los estados financieros de la petrolera. Al cierre de junio de 2026, Pemex reportó una deuda financiera de 77.500 millones de dólares, un descenso de 9,1% respecto al cierre de 2025. Al mismo tiempo, obtuvo una utilidad neta de 1.000 millones de dólares entre abril y junio, impulsada en parte por el repunte de los precios internacionales del petróleo, que favoreció parcialmente sus exportaciones.
“Durante décadas predominó un modelo que redujo la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado, mediante privatizaciones y concesiones. Todos sabemos que ese modelo fracasó en proveer bienestar”, ha zanjado Sheinbaum. No obstante, también buscó enviar un guiño de tranquilidad a inversionistas y calificadoras de riesgo al reiterar el compromiso de su Gobierno con una “paulatina consolidación fiscal”.
La mandataria además ha adelantado que están en proceso de concluir dos plantas de coquizadoras para elevar la producción de gasolinas y diésel en las refinerías de Tula y Salina Cruz. La primera terminará este año y la segunda en el primer semestre de 2027. También, que inyectarán más recursos en la producción de fertilizantes de Pemex, que alcanzó en 2026 un 38% más que en 2024.
El costo sobre la calificación crediticia
En ese entorno, el desafío para la Administración no solo es sostener financieramente a Pemex, sino hacerlo sin deteriorar aún más la posición crediticia del país. En mayo, Moody’s y S&P tomaron decisiones que han debilitado la calificación de la deuda soberana mexicana y de Pemex, al considerar que las debilidades fiscales del país se han profundizado por una combinación de mayor endeudamiento, menores ingresos y el respaldo sostenido a la petrolera. En el caso de Moody’s, la deuda mexicana quedó apenas un escalón por encima del grado especulativo, conocido como “bono basura”.
El contexto internacional también ha agregado mayor tensión al escenario, ante el aumento de los rendimientos de la deuda soberana a escala global, que ha elevado los costos de financiamiento de los Gobiernos y endurecido el escrutinio sobre las economías con mayor fragilidad fiscal. En ese entorno, los bonos mexicanos han llegado a cotizar en varios momentos como si ya hubieran perdido el grado de inversión, un comportamiento que, en su relación simbiótica, también se ha trasladado a los títulos de Pemex.
“A lo que le tiene miedo el inversionista global, y el inversionista en Pemex, es si llegamos a esa encrucijada en donde tenemos que decidir si retirar el apoyo a Pemex para salvar la calificación crediticia del país. Y, eventualmente, eso sí puede suceder”, explica Luis Gonzali, director de Inversiones del gestor de activos Franklin Templeton. “Por lo menos, el inversionista no lo ve tan lejos. El presupuesto está cada vez más apretado”, agrega.
El déficit presupuestario alcanzó 578.900 millones de pesos durante el primer semestre del año, un incremento de 19,5% respecto al mismo periodo de 2025. Mientras, el gasto neto creció 2,1%, los ingresos prácticamente se estancaron, con un avance marginal de apenas 0,1%, afectado por una menor recaudación tributaria y un crecimiento económico moderado.
Y si bien la mandataria tendrá al menos 18 meses para balancear los presupuestos antes de la próxima decisión de las calificadoras, la petrolera agrega presión adicional sobre el erario en un momento en que el Gobierno también busca equilibrar su gasto público en programas sociales con la disciplina fiscal. El contenido del Paquete Económico —que se deberá presentar al Congreso el 8 de septiembre— ofrecerá mayores luces sobre los detalles de los apoyos.
