La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional, este lunes, la reforma de noviembre de 2025 a la Ley de Educación de Chihuahua que ordena fomentar el “uso correcto de la gramática y ortografía española”, pese a reconocer que el Congreso estatal buscaba con ella frenar el lenguaje inclusivo en la educación básica.
Por siete votos contra dos, el Pleno concluyó que la restricción que buscaba el legislador no quedó plasmada en la norma y rechazó los argumentos del Ejecutivo federal y de diputados federales de que vulnera derechos como la igualdad de género y las libertades de expresión y de cátedra. Sin embargo, la validó bajo una “interpretación conforme” que impide utilizarla para frenar el lenguaje inclusivo.
“La disposición no puede aplicarse para desalentar ni prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en la educación obligatoria del Estado de Chihuahua”, expuso el ministro Giovanni Figueroa Mejía, al presentar su proyecto.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó el proyecto, aunque calificó de preocupante que el legislador buscara impedir el lenguaje inclusivo.
“No pasa desapercibido que aunque la redacción de la norma puede parecer inofensiva, esta fue emitida tal como se desprende de los trabajos legislativos correspondientes con el propósito específico de impedir el uso del lenguaje inclusivo. Ello resulta sumamente preocupante”, dijo.
Irving Espinosa Betanzo y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra. La jueza constitucional sostuvo que la norma debía invalidarse porque de origen el legislador buscaba prohibir el lenguaje inclusivo y “las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme”.
“Considero que se debe invalidar la norma y en todo caso emitir otra con el objetivo contrario, es decir, para que la educación no solo se fomente el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma, sino también para que este no reproduzca esquemas de desigualdad y discriminación, ni estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas”, señaló Esquivel Mossa.
Espinosa Betanzo también planteó la invalidez, al considerar mediante la enseñanza del español el Estado no puede determinar cuál es la forma “correcta” de hablar o escribir, ya que hacer implicaría “fijar una ortodoxia” lingüística y podría generar discriminación indirecta contra personas con menor escolaridad o provenientes de distintos contextos sociales, al transmitirles el mensaje de que “su manera de hablar está mal”.
“En la contradicción de tesis 247/2017, este tribunal pleno ya sostuvo que la Constitución no contiene un principio que habilite al Estado Mexicano para erigirse en la autoridad sobre la corrección del uso del lenguaje Y no encuentro razón para apartarnos de ese criterio en este asunto”, expuso.
En defensa de la norma, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que las clases de español que recibió en primaria y secundaria le ayudaron a expresarse “de manera más lógica y pertinente”, y defendió la enseñanza de la gramática y la ortografía para evitar un lenguaje confuso o “cantinflear”, sin que ello impida el lenguaje inclusivo ni la evolución del idioma.
“Pudiera ser que estimáramos válido que nosotros pudiéramos cantinflear y, en ese sentido, pues, es válido que podamos usar el lenguaje que se estime pertinente. Yo creo que, en este caso, es correcto porque, además, se trata de fomentar las reglas gramaticales, que tiene que incluir también la sintaxis y que tiene que incluir la prosodia, todas esas reglas que son aplicables a cualquier idioma que se pretenda enseñar. No quiere decir, a mi juicio, que eso impida que se vayan incorporando nuevas reglas gramaticales, de sintaxis y ortográficas”, dijo.
