El Gobierno de México apuesta por digitalizar el dinero para reforzar la trazabilidad de su economía

Un café pagado con el celular, una transferencia interbancaria y una compra hecha con tarjeta tienen algo en común: dejan una huella. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere multiplicar esa trazabilidad a través de su nueva Ley de Economía Digital, ya aprobada en la Cámara de Diputados, en un intento por reducir el vasto uso de efectivo en un país donde la mitad de los trabajadores opera en la informalidad y ocho de cada diez transacciones de bajo valor ocurren con dinero físico.

La ley fue presentada como parte del Paquete Económico de 2027, el plan presupuestario del Gobierno para el próximo ejercicio. La iniciativa también abona a la estrategia oficial de elevar la capacidad de tributación del Estado, sin afrontar un reacomodo fiscal integral. Aunque no otorga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) facultades adicionales para acceder de manera directa a la información transaccional, una mayor utilización de medios digitales incrementa –como efecto fáctico– el seguimiento de las operaciones. “Poco a poco va a ir incrementándose la digitalización de la economía, disminuyendo el efectivo. Eso ayuda a la seguridad, a la eficiencia, incluso a la formalización, porque se hace una historia de pagos en una cuenta bancaria, y ayuda también, en su momento, a formalizar algún comercio o producto”, ha dicho la presidenta en la presentación de la ley en su programa matutino a finales de septiembre.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi, entre 2021 y 2024 el uso de efectivo en compras de hasta 500 pesos descendió solo de 90,1% a 85,2%, mientras que las transferencias electrónicas o mediante aplicaciones aumentaron apenas de 1,6% a 4,4%, una evolución que muestra el rezago del país en la adopción de tecnología financiera. Estas cifras vienen acompañadas de un uso moderado de los productos de la banca: si bien el 63% de la población adulta cuenta con al menos una cuenta de ahorro, solo el 37% dispone de un crédito. Además, cerca del 55% de los trabajadores laboran sin un vínculo contractual o prestaciones de ley. En este contexto, el potencial efecto sobre la recaudación sería indirecto: no surge de un nuevo impuesto, sino de una mayor capacidad para identificar operaciones que hasta ahora pueden quedar fuera del radar fiscal.

La ley busca acelerar el uso de los pagos digitales a partir de la infraestructura tecnológica que el país ha construido en los últimos años. En particular, los rieles del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) y de CoDi, una plataforma que utiliza SPEI para agilizar transacciones móviles mediante códigos QR, un método que en otros países, como Brasil y China, ha reducido de manera drástica el uso del dinero físico. La regulación viene acompañada de una estrategia para facilitar la apertura de cuentas de ahorro digitales para particulares y pequeñas empresas y comercios.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la normativa este martes, con una votación de 327 votos a favor y 122 en contra, por lo que será enviada en los próximos días al Senado para su evaluación. Una vez aprobada por la cámara alta –un trámite que el sector financiero da por descontado y sin atravesar grandes cambios–, la Secretaría de Hacienda asumirá la potestad de nombrar “sectores estratégicos y actividades relevantes” donde será obligatoria la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos.

La aplicación se iniciará de manera gradual en las casetas de peaje en las carreteras y en las gasolineras, según ha adelantado José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el organismo encargado de la transformación digital del Estado y uno de los implementadores de la ley. También, dijo, la norma permitirá la digitalización de la burocracia: “que los gobiernos adopten también pagos digitales. Y eso, por supuesto, no solo les permite tener más trazabilidad de los pagos, sino cerrar espacios para que ocurran cosas que no queremos que ocurran”, zanjó en la mañanera.

Si bien el secretario no elaboró sobre estos espacios abiertos, la Administración y los organismos de seguridad han denunciado casos de corrupción en aduanas, por contrabando de combustibles y en el sistema financiero por lavado de activos relacionados a ganancias del narcotráfico. Solo en 2025 se calcula que unos 1,1 billones de dólares relacionados con actividades del narcotráfico circularon en el sistema global, mostrando un crecimiento anualizado del 17,1%, de acuerdo a un estudio realizado por Nasdaq Verafin.

“Esta es una estrategia que ayudará mucho en la inclusión financiera, que permite también bancarizar a más gente con requerimientos mucho más lógicos y sencillos de satisfacer. También obligará a ciertos comercios a aceptar estos pagos, con lo cual también puede ayudar a la formalización de la economía”, concuerda Álvaro Vertiz, socio de DGA Group. “Y los sectores en donde se va a empezar a aplicar primero, que van a ser gasolineras y casetas, son áreas donde la transparencia es muy importante, sobre todo en un país donde hemos tenido historia de huachicol y de malversación de activos”, añade.

Sin embargo, el experto advierte que, para que el despliegue de la ley tenga calado, las autoridades deberán afrontar varios retos. Entre ellos, facilitar el uso de CoDi, que aunque ya está integrado en las aplicaciones bancarias, todavía requiere de demasiados pasos para realizar y recibir pagos. El segundo desafío será crear incentivos para que el sector financiero impulse su adopción, considerando que CoDi es un competidor directo —y gratuito— de las tarjetas, por las que los bancos cobran cuotas en cada operación.