En México cada Gobierno ha intentado su modelo de seguridad. El punto de partida elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum arriba en estos días a una meseta que, por un lado, la lleva a presumir una caída de 51% en los homicidios y, por otra, provoca dudas y cuestionamientos, algunos a partir de cifras de otros órganos del Estado. En conclusión, es tiempo de debatir las cifras.
La Administración informó el martes que los homicidios han bajado a la mitad desde octubre de 2024. Se trata de una cifra tan espectacular como poco explicada, un logro que no ha ameritado que la presidenta renuncie a una de sus intransigencias: el reporte de los índices delincuenciales, prácticamente todos con avances según el Gobierno, es un informe que para ella no admite réplica alguna.
Aunque mandataria y Gabinete de seguridad repiten como mantra que los buenos resultados se deberían a los cuatro ejes planteados al arrancar el sexenio —combate a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación—, la realidad es que el reporte quincenal, siempre a la baja, se ha convertido en varita mágica que explica sin explicar.
La estrategia funciona porque los datos del Gobierno dicen que funciona. Extraña lógica para una presidenta de antecedentes académicos. Les ha faltado no solo explicar sus números, sino también los métodos (la variedad de delitos que se reportan implica condiciones tan diversas en su génesis como de registro, y ni qué decir en las maneras de combatirlos).
Puede concederse que era necesario dar tiempo para que el cambio de estrategia arrojara resultados; igualmente, es lógico que un nuevo equipo, así fuera en una transición continuista, tendría una curva de aprendizaje. A casi dos años, eso ha concluido; y habida cuenta de que el Gobierno destaca números constantemente a la baja, se impone el cotejo de los mismos, la disección de los resultados y del método.
Por eso mismo no pudo ser más oportuna la publicación de los fallecimientos en México en 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde el 3 de agosto se tienen las actas de defunción de un año completo y, desde luego, los homicidios que sobre el mismo periodo ha computado el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los números no cuadran. Según el INEGI, en 2025 hubo en México 27.989 fallecimientos por homicidio doloso o intencional. De acuerdo con lo que reporta el Gobierno de Sheinbaum, en ese periodo fueron asesinados 24.344 mexicanos. Hay una diferencia de 3.645 muertes. O en términos porcentuales, el prestigiado órgano estadístico mexicano reporta 15 puntos más que Palacio Nacional.
El reporte del INEGI se dio a conocer el lunes de hace dos semanas. Y en una mañanera reciente, el Gobierno ni quiso ni provocó la discusión del mismo, ni emitió un posicionamiento sobre un diferendo que alimenta las suspicacias frente a la estadística claudista.
Lo que sí hubo fueron entrevistas de Marcela Figueroa, titular del Secretariado y encargada del equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la construcción de la metodología que se instaló este sexenio para medir la incidencia delictiva.
Figueroa, que trabaja con Harfuch desde que este era el jefe de la policía de Sheinbaum en la Ciudad de México, ha explicado básicamente dos cosas: que es normal incluso en otros países que las cifras de las actas de defunción de las secretarías de salud, con las que el INEGI hace su compendio, difieran de otros recuentos policiacos, como el que arma ella con información de las fiscalías. Es decir, que la disparidad no sería relevante. Ha dicho, igualmente, que cada base debe medirse en sus términos, es decir, muertos del INEGI con muertos del INEGI, y los del secretariado con los suyos.
¿Son argumentos convincentes? Lo del comparativo internacional no viene a cuento. México tiene una dinámica criminal desde, al menos, 2006 (año en el que el expresidente Felipe Calderón declara la llamada guerra contra el narco), y bastantes ocupados están los mexicanos con tratar de definir si se cuentan bien los crímenes, como para consolarse con que otros países también presentan disparidades.
Y lo de que cada base de datos mide los muertos a su manera no explica, por mencionar una entidad muy representantiva, que en el Estado de México el INEGI registre mil asesinatos más que el Secretariado. Menos lógica resulta esa diferencia cuando el número absoluto es 2.575 homicidios, según el INEGI, frente a 1.575. Una zona nebulosa de más de un tercio.
El Gobierno tiene una oportunidad. Con ensayo y error construyó un método, pero por alguna razón no se ha lanzado a defenderlo debatiéndolo. Con todo para dedicar las horas y recursos mediáticos que hagan falta, la presidencia no ha dispuesto que se convoque a una discusión pública de los índices, de cómo se computan e, igualmente crucial, de cómo es que bajaron los crímenes, no solo las estadísticas.
De manera inicial, Figueroa ha explicado, por ejemplo, que armaron una metodología para monitorear reportes mediáticos a fin de luego cotejar los datos que reciben de las carpetas que abren las fiscalías estatales, esos 32 hoyos negros de la procuración de justicia en México, conocidos por su histórica proclividad a desalentar a las víctimas para que no denuncien y por el desorden de su proceder.
Dando por bueno que, al contar con ayuda de los aparatos de inteligencia, reforzados en este sexenio, cada día es más puntual y fiel la información que sobre homicidios captan en el Secretariado y que por ende sus números serían fiables, expertos en seguridad insisten en que la base de datos estaría dejando fuera a los desaparecidos, y a los cuerpos encontrados en fosas o parajes, entre otras víctimas.
Aún antes de llegar a la cifra de 51% menos homicidios, expertos independientes y think tanks venían reclamando una discusión más allá de la reiterada conferencia de prensa en Palacio Nacional donde el Gobierno expone sus números.
“La caída de 44% en los homicidios dolosos durante los primeros 18 meses de Claudia Sheinbaum”, escribió en abril Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, “obliga a abrir una discusión más rigurosa sobre sus causas... La discusión de fondo no es elegir entre celebración o sospecha, sino exigir evidencia independiente para entender si la violencia realmente disminuyó o solo cambió de forma”.
Ligado a López Portillo, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Iberoamericana publicó un documento este lunes donde plantea que “sin datos confiables no hay forma de evaluar qué está funcionando”.
La organización México Evalúa opinó en mayo sobre los avances del primer trimestre: “Todavía no hay ejercicios sustantivos de evaluación —ni por parte del Gobierno ni por actores de la sociedad civil—, que permitan saber cuál es el impacto real de las políticas federales en la reducción de los registros de homicidios dolosos y otros indicadores de violencia letal. Dicho ejercicio es imprescindible, pues esta reducción en las cifras genera dudas”.
Y el jueves, el colectivo Causa en Común, tras hacer un análisis de lo reportado oficialmente, denunció que: “Además del homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia, presentaron alertas por posible subregistro, a partir del contraste con otras fuentes de información, y de casos documentados que no encuentran correspondencia clara en los registros oficiales. Por ejemplo, Puebla reportó cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con extrema crueldad”.
Si se agregan reportes como los del diario Noroeste de Culiacán, que tras analizar cifras de la fiscalía de Sinaloa de mayo de 2025 a julio de 2026 no encontró en esos informes oficiales, materia prima del informe federal, 133 homicidios de los que el rotativo sí puede reportar lugar, fecha y circunstancia, la demanda de un debate con la Federación resulta impostergable, además de legítima.
Cada que el INEGI reporta la inflación, México escucha y confía; a la hora de informar sobre decesos, también tiene credibilidad.
Se precisa que la presidenta académica que es Claudia Sheinbaum desempolve su anterior práctica profesional y recuerde que en el conocimiento no hay hallazgo presumible sin que este pase por la prueba y validación de expertos independientes.
Construido en décadas, el prestigio del INEGI no está en entredicho. Pueden medir de manera distinta los homicidios, pero debe haber explicación de la diferencia de mil casos en una sola entidad como el Edomex, y de las 3.600 a nivel nacional.
A final de cuentas, los números del INEGI constituyen un jaque a la narrativa de efectividad anticrimen que busca construir la presidenta Sheinbaum. El esfuerzo de su equipo y su modelo estadístico bien valen el escrutinio público.
