En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, se aprobó el dictamen de la iniciativa formulada por la Gobernadora del Estado, a fin de que se le autorice a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato la enajenación mediante la figura jurídica de la compraventa, los bienes inmuebles que hayan ingresado o ingresen a su patrimonio con motivo de la recuperación de los adeudos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Karol Jared González Márquez señaló que, si bien el dictamen busca fortalecer el fondo de pensiones y la salud financiera del ISSEG, es indispensable reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que propuso modificar el artículo tercero del decreto para que el Congreso del Estado sea notificado previamente sobre cualquier bien sujeto a enajenación, garantizando así una supervisión legislativa puntual. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
En otros temas, se aprobó la metodología para el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de actualizar el esquema de deducciones fiscales relacionadas con gastos educativos.
Se acordó pedir comentarios y observaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; se subirá la iniciativa a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato, para consulta y participación ciudadana; posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con los entes consultados.
Asimismo, se aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la elaboración de una ficha técnica sobre los temas tratados en el primer, segundo, cuarto y quinto punto de acuerdo del siguiente listado, así como la solicitud de información a diversas instituciones relativas a las siguientes propuestas:
Primero, para exhortar al Órgano Interno de Control del Municipio de León para que inicie y conduzca una investigación formal, exhaustiva e imparcial respecto de la simultánea participación del ciudadano Octavio Humberto Aguilar Salmerón como prestador de servicios privados de obra para la presidenta municipal, como contratista del gobierno municipal a través de la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V. y como consejero ciudadano del Instituto Municipal de Planeación de León, a efecto de determinar la posible actualización de conflictos de interés, causales de impedimento para contratar, faltas administrativas y, en su caso, hechos con probable relevancia penal, integrando las acciones y promociones de responsabilidad que conforme a derecho procedan.
De igual manera, a la Auditoría Superior del Estado para que, en el marco del proceso de fiscalización y revisión de la cuenta pública citado municipio, correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, revise de manera específica los procedimientos de contratación, adjudicación, ejecución y pago realizados a la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V., vinculados con los contratos DGJA-CPS-004-2023, DGJA-CPS-004-2024, SE-264024, SE-433024 y SE-435024, a fin de determinar si existieron irregularidades en la gestión financiera, administrativa y legal, así como las responsabilidades y afectaciones al erario a que haya lugar.
Segundo, para agregar al Programa General de Fiscalización 2026 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, una auditoría específica al Municipio de Guanajuato, de cumplimiento a los recursos públicos municipales ejercidos mediante procedimientos de contratación por adjudicación directa, incluidos los contratos, expedientes, estudios de mercado, dictámenes o justificaciones, convenios modificatorios, comprobantes de pago, entregables y obligaciones de transparencia vinculadas de los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
Tercero, dirigido a la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que por conducto de la Secretaría de Finanzas presente una evaluación técnica donde incluya el análisis costo-beneficio de la adquisición de las placas metálicas y tarjetas de circulación contenidas en el Contrato de adquisición de bienes número 8800001213 con la persona moral denominada la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos, SA de CV.
Así como el fundamento jurídico, presupuestal y técnico que justificó la utilización del Fondo COSAINCEG 2022 para financiar dicha contratación; y privilegie en la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos los principios de austeridad, eficiencia, economía y máxima utilidad social, orientando el gasto público a la atención de las necesidades prioritarias del pueblo de Guanajuato, particularmente en materia de seguridad pública, salud, educación, atención a personas con discapacidad, programas sociales e infraestructura básica, evitando la realización de erogaciones que no acreditan un beneficio público suficiente frente a las necesidades más apremiantes de la población.
Cuarto, para exhortar a la Secretaría de la Honestidad para que, por conducto de la autoridad investigadora competente y en coordinación con el Órgano Interno de Control del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, inicie de oficio una investigación integral sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés relacionados con Juan Antonio Reus Montaño, y de encontrarse indicios o hallazgos que lo confirmen, presente las denuncias penales correspondientes.
De igual manera, se pide adicionar una auditoría integral financiera, de cumplimiento y de desempeño al Programa General de Fiscalización 2026 de la Auditoría Superior del Estado al citado Instituto al cien por ciento de los contratos, convenios, apoyos, subsidios, transferencias y demás instrumentos celebrados u otorgados al Sistema de Innovación Tecnológica y Emprendimiento del Estado de Guanajuato, A.C, al Parque de Innovación Agrobioteg, S.C., a What You Com, S. de R.L. de C.V. y a cualquier otra persona moral en la que Luis Manuel Villegas Elizarraraz o Roberto Hernández Couste hayan participado como socios, accionistas, representantes, administradores, apoderados o beneficiarios, siempre que haya recibido recursos del Instituto durante el periodo auditado; por los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, así como de manera concomitante el ejercicio fiscal 2026.
Y quinto, dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que, por conducto de su autoridad investigadora y en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, inicie de oficio una investigación integral sobre los hechos que dieron origen al expediente 2531/2025 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a efecto de determinar si existen elementos que permitan presumir la comisión de faltas administrativas graves por parte de la persona servidora pública denunciada o de las personas servidoras públicas que intervinieron en la investigación, valoración y calificación administrativa de los hechos.
Asimismo, a las contralorías de los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que establezcan o fortalezcan mecanismos de prevención del acoso sexual y del abuso de funciones en detrimento de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la administración pública.
También, se dio cuenta con los informes de resultados presentados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; ambas correspondientes al ejercicio fiscal del 2025; y de la auditoría integral practicada a la administración pública del municipio de Silao de la Victoria, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2021; por los ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023; así como, por el periodo comprendido de enero a septiembre del ejercicio fiscal del año 2024.
Mismo trámite recibió la solicitud de duplicidad del término para dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, con el objeto de garantizar transparencia y eficacia en el otorgamiento de concesiones para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de la infraestructura pública tanto municipal como estatal que exceden de una administración a otra.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, María del Pilar Gómez Enríquez y Angélica Casillas Martínez; así como el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
