La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al Código Civil estatal para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento no tengan caducidad y sean válidas para cualquier trámite ante cualquier ente público o privado, siempre que sean legibles y no presenten alteraciones o enmendaduras.
Los asistentes manifestaron la necesidad de valorar a fondo sus implicaciones debido a que la legislación local no contempla una vigencia o caducidad para las copias certificadas de las actas del estado civil; se precisó que el requerimiento de documentos recientes no deriva de una imposición de la autoridad registral, sino de criterios operativos de entes públicos y privados que buscan certeza jurídica ante la constante mutabilidad de los datos por actos jurídicos posteriores en la vida de las personas.
Asimismo, señalaron los riesgos de obligar a las instituciones a aceptar copias sin mecanismos para verificar posibles modificaciones registrales, como lo son los cambios de nombre, filiación o estado civil, advirtiendo que la propuesta reconoce la posibilidad de estas alteraciones pero no prevé cómo detectarlas oportunamente, lo que podría vulnerar la integración de expedientes y perjudicar a terceros; y se precisó que el término caducidad resulta técnicamente impropio para este ámbito; concluyeron sugiriendo ponderar la iniciativa para no generar incertidumbre ni comprometer la seguridad jurídica en la prestación de trámites y servicios.
Por otro lado, se comentó que la propuesta fortalece el derecho humano a la identidad y a la personalidad jurídica tutelado en la Constitución federal y el Código Civil estatal; se dijo que la falta de una disposición explícita en la norma local sobre la vigencia de estos documentos ha generado una laguna legal que entes públicos y privados aprovechan en la práctica para imponer temporalidades y exigir formatos recientes, vulnerando el acceso a trámites cuando las actas son plenamente legibles y no presentan alteraciones en su contenido.
Finalmente, se externó que existen antecedentes normativos exitosos en entidades como el Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa, donde ya se prevén esquemas de vigencia permanente bajo condiciones de integridad documental; y se concluyó refrendando que la reforma es jurídicamente viable y oportuna, toda vez que garantiza que un mismo documento oficial pueda utilizarse en múltiples gestiones administrativas sin generar cargas innecesarias para la ciudadanía, siempre que los datos permanezcan intactos y legibles.
Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Millán Soberanes expresó que la iniciativa recoge una demanda directa y sentida de la ciudadanía, además de manifestar su inconformidad ante el gasto recurrente que enfrentan las familias al verse obligadas a tramitar actas de nacimiento recientes para gestiones cotidianas, como la inscripción escolar de sus hijos y precisó que cualquier modificación relevante a los datos de identidad deriva de un proceso jurisdiccional o trámite oficial que el propio Registro Civil asienta oportunamente, por lo que desestimó los temores sobre la falta de certeza jurídica y señaló que los aspectos conceptuales señalados pudieran subsanarse en el trabajo técnico de comisiones.
En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor agradeció la presencia de cada uno de los asistentes a la reunión y resaltó que los comentarios vertidos en la mesa de trabajo servirán para el estudio y la dictaminación de la propuesta presentada.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Ernesto Millán Soberanes, en compañía de representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado , de la Secretaría de Gobierno, personas asesoras de diferentes grupos parlamentarios y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
