El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de León a reconocer, respetar y fortalecer la coordinación con los Comités Rurales de Agua Potable y los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento.
También plantea que, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Rural y con la participación de SAPAL, se instale una mesa de trabajo con el Comité Rural de Agua Potable y representantes de la Asamblea de la comunidad de Los López, para revisar el oficio SFSL/DGDR/0423/2026 y establecer un protocolo que reconozca la organización comunitaria, regule el cobro y regularización de cuotas, garantice el suministro mínimo para uso doméstico y evite la suspensión total del servicio por falta de pago.
Finalmente, se propone exhortar a la Contraloría Municipal de León para que dé trámite a las quejas presentadas por el Comité, determine el cauce correspondiente de la gestión presentada e informe al Congreso del Estado sobre su estado procesal, con respeto al debido proceso.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el legislador comentó que el exhorto deriva de la problemática expuesta por integrantes del Comité Rural de Agua Potable de la comunidad de Los López, relacionada con la administración y prestación del servicio de agua potable, así como con las diferencias que se han generado con la Dirección General de Desarrollo Rural del Municipio de León.
El congresista señaló que los Comités Rurales de Agua Potable han desempeñado durante años una función fundamental en las comunidades rurales, al participar en la administración, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica, mediante la organización y participación de sus habitantes.
Martínez Mendizábal habló sobre el caso de la comunidad de Los López donde, dijo, se han presentado diferencias respecto de las atribuciones del Comité y de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Usuarios, particularmente aquellos relacionados con el cobro de cuotas y la suspensión del servicio a personas usuarias con adeudos.
Precisó que esa situación se intensificó a partir de la emisión de un oficio de la Dirección General de Desarrollo Rural, mediante el cual se estableció que esa dependencia no reconocería determinados acuerdos de la Asamblea General de Usuarios ni avalaría la suspensión del suministro de agua con fundamento en ellos.
El diputado refirió que el conflicto ha generado afectaciones a la capacidad de recaudación del Comité y, con ello, a la posibilidad de cubrir los gastos necesarios para mantener la operación del sistema, particularmente el consumo de energía eléctrica. Actualmente, el servicio abastece aproximadamente a 720 familias y existe además la necesidad de sustituir el pozo que las abastece, puntualizó.
Martínez Mendizábal señaló que el conflicto también derivó en denuncias administrativas ante la Contraloría Municipal de León contra servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Rural, así como en una denuncia penal contra la tesorera del Comité, por hechos relacionados con la suspensión del suministro de agua a una persona usuaria con adeudos.
Finalmente, subrayó que la propuesta plantea que los hechos sean analizados sin prejuzgar sobre responsabilidades y tomando en consideración tanto la sostenibilidad del servicio como el derecho humano al agua.
La propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
