Como parte de los trabajos de este día de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se analizaron dos iniciativas de reforma a la Constitución Política local en materia de materia de prisión preventiva oficiosa y fortalecimiento a la soberanía nacional, y combate a la extorsión.
La diputada María Eugenia García Oliveros comentó que en Guanajuato son muchísimas las familias que han sufrido, a las que se les ha arrebatado la tranquilidad y la calma, quienes tuvieron que cerrar sus negocios, mudarse por temor o por precaución simplemente.
Apuntó que la extorsión ha sido uno de los delitos que más trabajo ha costado detener, a diferencia de otros delitos que van a la baja, como el homicidio, el delito de extorsión ha presentado un aumento durante los últimos años. Por ello, dijo, la incorporación de la extorsión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa ha sido una acción atinada y toca en Guanajuato armonizar la Constitución local.
Por su parte, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla indicó que se analizaría una iniciativa de reforma que, aunque partía de la armonización constitucional, tenía detrás una realidad que no se puede perder de vista: la extorsión lastima profundamente a las familias, a los comerciantes, a las empresas, a quienes trabajan todos los días para salir adelante, dijo.
Apuntó que la extorsión no solamente representa una conducta delictiva, sino que es una forma de violencia que busca someter, intimidar y limitar la libertad de las personas. Agregó que cuando hablan de actualizar el marco constitucional no deben quedarse únicamente en una discusión jurídica, sino que deben recordar para quién están legislando.
Remarcó que la propuesta presentada por su grupo no pretende ampliar ni modificar por la vía local los supuestos constitucionalmente establecidos, que lo que busca es adecuar el orden jurídico estatal para que exista coherencia en materia de términos, sistemática y funcionalidad con la Constitución federal y con el marco jurídico nacional que se ha venido construyendo para combatir la extorsión.
Añadió que su responsabilidad como legisladores no solamente es legislar con firmeza frente a los delitos, sino hacerlo con plena responsabilidad constitucional, dando certeza a las víctimas y a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en Guanajuato.
Finalmente, subrayó que la propuesta es un mensaje muy claro de que en Guanajuato no se puede normalizar la extorsión y, por ello, se tienen que seguir construyendo las condiciones jurídicas e institucionales para que quienes amenazan, intimidan y se aprovechan del miedo de las personas encuentren un Estado capaz de responder.
La primera es una iniciativa que busca armonizar la Constitución Política local con la federal en dos ejes: la prisión preventiva oficiosa y las cláusulas de soberanía y no intervención.
Con la propuesta se elimina la laguna detectada al incorporar extorsión como supuesto de oficiosidad, mantiene incólume el resto del catálogo ya previsto en la Constitución local — coincidente con el federal—, y evita sobreconstitucionalizar o reproducir en exceso cláusulas que ya se encuentran satisfechas, preservando la coherencia sistemática y la unidad de sentido del bloque de constitucionalidad.
La segunda pretende reconocer expresamente la extorsión como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en congruencia con su gravedad y con el diseño constitucional federal.
Al respecto se comentó que ambas propuestas son viables, al destacar que se armoniza el texto de la Constitución Política local con la federal, a efecto de que el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa guarde congruencia con ésta.
Finalmente, la congresista Rocío Cervantes Barba apuntó que la reforma responde a una realidad que miles de familias, comerciantes, emprendedores y trabajadores viven todos los días: “el miedo provocado por quienes hacen de la amenaza y la intimidación un mecanismo para obtener beneficios económicos a costa de la tranquilidad de las personas”.
Agregó que, la extorsión no es únicamente un delito patrimonial. Se trata de una conducta que vulnera la libertad, la paz y la dignidad de las víctimas, y dijo que detrás de cada caso existe una familia que vive con temor, un negocio que pone en riesgo su permanencia, una persona que deja de invertir o trabajar con tranquilidad y una comunidad que ve limitada su capacidad de desarrollo.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, Rocío Cervantes Barba y María Eugenia García Oliveros, así como representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad y Paz.
