Lo anterior, con excepción de los abogados que fungen propiamente como Ministerios Públicos y que, conforme al mandato constitucional, deben estar sujetos al principio de autonomía. Se enfatizó que la propuesta tiene tres grandes componentes: fortalecer la investigación policial, mediante la participación efectiva de las policías municipales y estatales en la investigación de los delitos; transformar institucionalmente el modelo de procuración de justicia; y reorganizar territorialmente el ministerio público mediante fiscalías de partido.
De manera general se estimó que la intención de eliminar la figura del fiscal general, no es adecuada puesto que, de conformidad tanto con la Constitución Federal como con la local, la investigación de los delitos corresponde, entre otras autoridades, al Ministerio Público, y también establece la forma en que el Ministerio Público de la Federación se deberá organizar, esto es, a través de una Fiscalía General de la República, modelo al que se adecuó el orden constitucional local al señalar que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado y, a semejanza del orden federal, se le dota de autonomía.
Se expresó la preocupación al contravenir los parámetros establecidos a nivel federal, por lo que coincidieron en que es inviable la propuesta normativa.
El diputado Rodrigo González Zaragoza planteó lo que busca la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, al comentar que se contempla sustituir a la Secretaría de Seguridad y Paz por la Secretaría de Justicia, con el fin de crear una dependencia con las atribuciones necesarias para articular la política criminal en el Estado garantizar el acceso a la justicia para la población
Indicó que se pretende garantizar el acceso a la justicia para la población y en particular para las víctimas, contar con mayor eficacia en las policías y en el abatimiento de la impunidad, así como con un Ministerio Público verdaderamente autónomo. Remarcó que lo que se busca es que el Poder Ejecutivo tenga el control y pueda dar resultados con la procuración de justicia.
Se agregó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, establece la forma en que el Ministerio Público de la Federación se deberá organizar, esto es, a través de una Fiscalía General de la República, circunstancia conforme a la cual se adecuó el orden constitucional local al señalarlo en el artículo 95 de la Constitución Política Local.
Se destacó que la última ocasión que hubo Secretaría de Justicia en México fue hace más de ciento nueve años, en el periodo del presidente Porfirio Díaz Mori, para comentar que se continuaría con el análisis de la propuesta.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks, María Eugenia García Oliveros y Rodrigo González Zaragoza, así como representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Secretaría de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
