La política le cobra factura a Silao: bloque opositor vuelve a frenar 76 millones para obra pública

La confrontación política en el Ayuntamiento de Silao volvió a trasladarse al terreno donde más daño puede ocasionar: la obra pública.

Por segunda sesión ordinaria consecutiva, cinco regidores votaron contra una modificación al Pronóstico de Ingresos y al Presupuesto de Egresos que permitiría incorporar más de 76 millones de pesos para infraestructura, incluidos recursos para atender la calle Santa Clara de Marines y otras obras respaldadas con aportaciones del Gobierno del Estado.

La votación terminó con seis sufragios a favor y cinco en contra. Respaldaron la propuesta la presidenta municipal, Melanie Murillo Chávez; el síndico Álvaro Caballero Ledesma; las regidoras Alma Delia Peñuelas Laguna, María Olivia Vargas Páramo y Priscila Anel Torres Rosas, así como el regidor J. Jesús Bolaños Audifred.

En sentido contrario votaron Gregorio Pérez Velázquez, Francisco Javier Chagoya Navarro, Alejandro Peña Gallo, César Alejandro Arreguín León y Marcela Caballero Ruiz, quienes participaron virtualmente en la sesión.

Aunque hubo más votos favorables que negativos, no fueron suficientes.

La Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece en su artículo 111 que la mayoría absoluta significa más de la mitad de los votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento. El Cabildo de Silao está integrado por 12 miembros, por lo que se requieren siete votos para alcanzar esa mayoría.

Así, cinco votos negativos bastaron nuevamente para dejar congelada la modificación.

Una oposición que ya hizo del bloqueo una constante

El episodio difícilmente puede analizarse como un hecho aislado.

Durante 2026, un grupo integrado regularmente por seis regidores opositores ha mantenido una confrontación sistemática con la administración de Melanie Murillo Chávez: los morenistas Gregorio Pérez Velázquez, Marcela Caballero Ruiz, César Alejandro Arreguín León y María Elizabeth Monreal Reyes; Francisco Javier Chagoya Navarro, de Movimiento Ciudadano, y Alejandro Peña Gallo, surgido del PAN.

En la sesión del pasado 6 de agosto, sin embargo, fueron cinco, y no seis, quienes votaron contra la modificación presupuestal, pues María Elizabeth Monreal no figura entre los sufragios negativos consignados públicamente.

La diferencia es importante para precisar responsabilidades, pero no cambia el contexto político.

Ya en marzo, la confrontación había provocado que Silao mantuviera sin aprobación su Presupuesto de Egresos de 2026 y, de acuerdo con la alcaldesa, permanecieran detenidos alrededor de 280 millones de pesos para obra pública, incluyendo pavimentaciones, electrificaciones, drenajes y trabajos en escuelas. La Jornada documentó entonces que Silao era el único de los 46 municipios de Guanajuato que seguía sin aprobar su presupuesto.

La dinámica se ha repetido.

En otra sesión celebrada este mismo año, los seis integrantes de ese bloque votaron contra distintos acuerdos y llegaron incluso a abandonar el salón de Cabildo antes de reincorporarse de manera remota. Algunas propuestas sólo pudieron salir adelante mediante el voto dirimente de la presidenta municipal.

La oposición tiene, desde luego, no sólo el derecho sino la obligación de revisar presupuestos, cuestionar proyectos, exigir información y votar contra cualquier propuesta que considere inconveniente para el municipio. Ese contrapeso forma parte de un Ayuntamiento democrático.

Pero existe una frontera entre fiscalizar al gobierno y paralizarlo.

Y cuando las negativas se repiten mientras quedan de por medio pavimentaciones, drenajes, infraestructura urbana y recursos estatales disponibles, la discusión deja de ser exclusivamente contable.

Santa Clara de Marines, otra vez rehén del pleito

Esta vez uno de los proyectos directamente afectados es la calle Santa Clara de Marines, una vialidad que arrastra desde hace años necesidades de intervención y cuya problemática antecede incluso a la actual administración municipal.

El tema no es nuevo. Desde 2022 existían referencias públicas sobre la necesidad de pavimentar esta avenida y sobre los elevados recursos que requeriría una intervención integral en la zona.

La modificación rechazada el jueves permitiría, según el Gobierno Municipal, destinar 11 millones de pesos para atender afectaciones en Santa Clara de Marines, además de incorporar 65 millones de pesos de aportación estatal para distintas obras de infraestructura.

Son recursos que, conforme a la versión de la administración municipal, ya cuentan con autorización estatal para su ejercicio.

La legislación municipal, además, establece entre las atribuciones expresas de los ayuntamientos aprobar el programa de obra pública y controlar la aplicación del presupuesto. También ordena que el gasto municipal atienda las prioridades del Programa de Gobierno y procure una distribución equitativa para satisfacer las necesidades del municipio.

El problema, por tanto, no está en que los regidores voten diferente.

Está en explicar convincentemente por qué Silao debe renunciar a 76 millones de pesos disponibles para infraestructura.

Cuando pegarle a la alcaldesa significa pegarle a Silao

La sucesión municipal de 2027 ya comienza a respirarse en la política guanajuatense y Melanie Murillo Chávez, como cualquier presidenta municipal con derecho constitucional a buscar otro periodo, forma parte inevitable de esas lecturas.

En ese escenario resulta difícil separar la sucesión electoral de la creciente confrontación dentro del Cabildo.

Pero aun suponiendo que el objetivo político de la oposición sea cerrar espacios a la alcaldesa, desgastar su administración o impedir que llegue fortalecida a una eventual búsqueda de la reelección, existe una regla elemental que ningún cálculo partidista debería vulnerar: los habitantes de Silao no pueden convertirse en daño colateral de una disputa electoral.

Ahí aparece el aspecto más cuestionable de esta estrategia.

Una obra pública no pertenece a Melanie Murillo. Una calle pavimentada tampoco. Ni un drenaje, una electrificación, una escuela o una vialidad son patrimonio político de quien ocupa temporalmente la Presidencia Municipal.

Son bienes públicos.

Impedir que se realicen exclusivamente para evitar que una administración pueda presumirlas sería, de acreditarse esa motivación, una forma particularmente mezquina de hacer política: quitarle beneficios a la población con tal de negarle resultados al adversario.

Los cinco regidores que votaron contra la modificación tienen, por supuesto, derecho a explicar sus razones y señalar cualquier irregularidad técnica, presupuestal o jurídica que encuentren. Es justamente esa explicación la que ahora deben a los silaoenses.

Porque cuando existen recursos estatales disponibles, necesidades urbanas evidentes y proyectos identificados, un “no” reiterado también exige rendición de cuentas.

“No es el dinero, es la vida de las personas”

Al terminar la sesión, Melanie Murillo lamentó nuevamente el resultado y dimensionó las consecuencias desde otra perspectiva.

“Y no, no es el dinero, no es la obra, es la vida de las personas”, expresó.

La frase resume el tamaño del problema.

El Cabildo puede mantener todas las diferencias políticas que quiera. Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y el gobierno municipal pueden medir fuerzas pensando ya en 2027.

Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esa batalla termine trasladándose a las calles de las colonias, a los drenajes que faltan, a las vialidades deterioradas y a las familias que llevan años esperando infraestructura.

Los gobiernos pasan. También pasan alcaldes y regidores.

Las obras que deliberadamente se dejan de hacer, en cambio, las paga durante años la ciudadanía.