El Grupo Parlamentario del PAN, en conjunto con la Representación Parlamentaria del PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González, presentaron una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a fortalecer la protección de las y los trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos y Canadá, así como a impulsar mejores condiciones para la movilidad laboral de profesionistas mexicanos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante la presentación de la propuesta, la diputada Yesenia Rojas Cervantes destacó que Guanajuato dio un paso histórico al modificar la Constitución para reconocer a la comunidad migrante y su unidad familiar, pero subrayó que ese avance debe traducirse en acciones concretas para garantizar sus derechos.
“Hoy comenzamos a saldar una deuda histórica con miles de guanajuatenses que, desde el extranjero, han contribuido al desarrollo de nuestro estado. Reconocerlos en nuestra Constitución es un acto de justicia, pero convertir ese reconocimiento en protección efectiva de sus derechos es una obligación del Estado.”
La legisladora señaló que miles de familias guanajuatenses dependen del trabajo temporal en el extranjero, por lo que resulta indispensable fortalecer la protección consular, prevenir abusos durante los procesos de reclutamiento y garantizar acompañamiento jurídico para quienes enfrentan violaciones a sus derechos laborales.
La propuesta también plantea aprovechar la próxima revisión del T-MEC para impulsar la actualización del catálogo de profesiones, simplificar los procedimientos administrativos y fortalecer la competitividad regional.
Asimismo, el Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la orientación jurídica, la atención oportuna de denuncias, la prevención del fraude en el reclutamiento y la coordinación con las autoridades de Estados Unidos y Canadá para brindar una protección más efectiva a las y los trabajadores temporales mexicanos.
Con esta propuesta, el Congreso del Estado refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y trabajadoras temporales, así como con el fortalecimiento de las oportunidades para las y los profesionistas mexicanos.
