Presentan iniciativa para garantizar salud mental del personal policial

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, con el propósito de proteger la salud mental del personal policial mediante medidas permanentes, protocolos, coordinación institucional y acceso oportuno a servicios de atención en salud mental.

AL hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y que su realización descansa en las mujeres y los hombres que integran las instituciones policiales, quienes diariamente enfrentan violencia, emergencia, riesgo, jornadas prolongadas, trabajo nocturno, rotación de turnos, presión operativa y experiencias potencialmente traumáticas.

La congresista mencionó que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo reconocen que el trabajo puede ser un factor de protección, pero también una fuente de afectación cuando existen cargas excesivas, violencia, discriminación, apoyo institucional insuficiente o una cultura organizacional adversa.

La legisladora precisó que la propuesta plantea incorporar a la ley conceptos como atención en salud mental, evento crítico relacionado con el servicio y factor de riesgo psicosocial en el ámbito policial, para distinguir la atención clínica de las acciones preventivas y orientar la intervención hacia las condiciones reales de la organización policial, aunado a que se establezca como responsabilidad del Estado y los municipios el implementar medidas para prevenir y gestionar los factores de riesgo psicosocial, así como facilitar el acceso oportuno a servicios de atención en salud mental para las personas policías.

Agregó que la iniciativa distribuye atribuciones entre la Secretaría de Seguridad y Paz, los ayuntamientos y presidencias municipales, con el fin de evitar que la obligación permanezca indeterminada o dependa de iniciativas administrativas aisladas, aunado a que se crea un capítulo relativo a la protección de la salud mental del personal de las instituciones policiales.

Finalmente, Bermúdez Cano indica que la propuesta reconoce el derecho del personal a acceder oportunamente, de manera directa o mediante mecanismos de referencia y coordinación, a servicios de orientación y atención en salud mental, incluida la atención posterior a eventos críticos, en condiciones de confidencialidad, consentimiento informado y no discriminación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.