La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó una mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que sea debidamente penado el reclutamiento para la participación en actividades ilícitas en grupos delictivos.
Los asistentes comentaron que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad por invasión de competencias, manifestando que el Congreso del Estado carece de facultades para legislar en materia de tipificación y sanciones del delito de trata de personas, específicamente en lo relativo al reclutamiento o captación de menores por el crimen organizado, toda vez que la Constitución federal reserva de manera exclusiva dicho marco normativo al Congreso de la Unión mediante la Ley General en la materia; precisaron que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta reserva busca mantener una política criminal homogénea en todo el país, retirando a las entidades federativas la atribución penal sobre estos supuestos, por lo que aprobar la propuesta en los términos planteados significaría vulnerar el régimen constitucional.
Por otra parte, señalaron que, aun reconociendo la nobleza y relevancia de atender las recomendaciones internacionales de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la ONU para erradicar el reclutamiento infantil, las modificaciones planteadas resultan reiterativas; y explicaron que el marco legal vigente en la entidad ya contempla de manera transversal la obligación de las autoridades estatales y municipales de diseñar e implementar políticas públicas para prevenir, atender, restituir derechos y proteger integralmente a la niñez ante situaciones de violencia, corrupción o utilización por grupos delictivos, por lo que concluyeron sugiriendo revalorar el alcance de la propuesta legislativa.
Al hacer uso de la voz, el diputado David Martínez Mendizábal indicó la necesidad de incorporar en la norma la obligación del Estado y los municipios para diseñar e implementar políticas de prevención, detección y atención al reclutamiento de la niñez por parte de grupos delictivos, manifestando que la propuesta no aborda tipos penales ni invade materias del Código Penal.
En su intervención, la legisladora Ana María Esquivel Arrona señaló que existe coincidencia en que la protección de niñas, niños y adolescentes necesita del fortalecimiento de políticas públicas preventivas compartidas entre el Estado y la sociedad, por lo que desde su grupo parlamentario se revisarán las observaciones técnicas recibidas sobre las competencias del Congreso de la Unión para valorar si es factible realizar alguna adecuación normativa.
Finalmente, la congresista Plásida Calzada Velázquez externó su agradecimiento a todos los asistentes por sus aportes, opiniones y observaciones técnicas, además de mencionar que los insumos recabados enriquecerán significativamente el proceso legislativo en la materia.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados David Martínez Mendizábal y Jesús Hernández Hernández.
Acompañados por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; Consejería Jurídica del Ejecutivo; personas asesoras de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
