La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un caso inédito en el que comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, buscan que las abejas sean reconocidas como sujetos de derechos, una figura que permitiría a sus cuidadores acudir a tribunales para defenderlas y exigir a las autoridades acciones para protegerlas y evitar su muerte.
El caso, en el amparo en revisión 790/2025, fue atraído este jueves a propuesta de los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, e Irving Espinosa Betanzo, con ocho votos a favor y uno en contra de la ministra María Estela Ríos González.
“Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación, así como estudiar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica”, dijo el ministro Espinosa.
El ministro Arístides Guerrero García señaló que esta atracción permitirá a la Corte sentar un criterio que reconozca a la abeja melipona, estrechamente vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchen, como sujeto de derecho o elemento jurídico de protección mediante la protección integral de los pueblos indígenas, que han mantenido una relación histórica con esta especie”.
En la misma sesión, el Pleno también atrajo otros dos recursos del pueblo maya de Humún, Yucatán, relacionados con la protección de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes contra la expansión de granjas porcícolas en la entidad.
En el primer asunto, el amparo en revisión 138/2025, la Corte revisará el juicio promovido por los llamados 'Guardianes de los Cenotes' en el que piden reconocer la personalidad jurídica de la reserva, y la custodia indígena como mecanismos para proteger el acuífero y el territorio frente a la contaminación, como
protección al derecho a un medio ambiente sano y los derechos bioculturales del pueblo maya.
Sobre el tercer caso, el amparo en revisión 195/2025, la Corte revisará un litigio iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya de Homún, quienes lograron suspender la operación de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola), uno de los casos ambientales más emblemáticos del país.
El tribunal analizará si la autorización, instalación y funcionamiento de la granja dentro del área natural protegida del Anillo de Cenotes, reconocida por la Convención Ramsar, representa un riesgo de contaminación para el ecosistema y los recursos hídricos de la comunidad, así como una posible vulneración a sus derechos al agua, al medio ambiente sano, a la salud, a la niñez y a la identidad cultural.
