Leticia Aguayo Soto
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas” de los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como de las “deficientes investigaciones” relacionadas con esos hechos.
Con la exoneración del Ejército mexicano, la recomendación reconoce a 92 víctimas de violaciones a derechos humanos como desaparición forzada (40 estudiantes); tortura, de manera particular contra Julio César Mondragón, quien apareció sin rostro; detención arbitraria; tratos crueles, inhumanos y/o degradantes contra 46 estudiantes; uso excesivo de la fuerza; ejecuciones extrajudiciales, en agravio de seis estudiantes.
La recomendación también advirtió violaciones al derecho al justicia, atribuidas a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), dependencias que habrían recurrido a la tortura; dilación en la puesta en disposición de los detenidos acusados por la desaparición; violaciones al honor, dignidad y la imagen, en contra de estudiantes desaparecidos, de fallecidos y sobrevivientes, víctimas de estigmatización, además de que fueron víctimas del “derecho a la caducidad del dato negativo”.
Para la CNDH de Rosario Piedra Ibarra encontró como autoridades federales responsables de los agravios a la Fiscalía General de la República (FGR); la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA); la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), de la Secretaría de Gobernación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); y Secretaría de Educación Pública (SEP).
Como autoridades de Guerrero recomendadas, la CNDH identificó al gobierno del estado; la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE); y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero.
El organismo también consideró como autoridades responsables a los presidentes municipales y secretarías o direcciones de seguridad Pública de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco de Trujano.
A diferencia de la primera recomendación por el caso Ayotzinapa, la 15VG/2018, a de Piedra Ibarra excluyó a la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y a la Secretaría de Marina (Semar).
En relación al Ejército, la nueva recomendación de la CNDH revisó su posible participación en los hechos mismos de la desaparición como en la controversia de los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que han exigido los padres y madres de los normalistas desaparecidos, a partir de que esos documentos fueron identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la nueva recomendación de Piedra Ibarra, se concluyó que si bien hubo presencia de elementos militares el 26 y 27 de septiembre de 2014 en distintos momentos en las calles de Iguala, “no hubo participación de los elementos de la DEFENSA en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”.
En todo caso, para la CNDH lo que habría serían actos de “omisión, se refieren a conductas individuales”, por lo que habría 20 militares bajo proceso penal por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Lo que el organismo confirmó es que el Ejército tuvo presencia y monitoreo de los hechos a través de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI’s) y en el Hospital Cristina, donde varios estudiantes llegaron en busca de atención de uno de sus compañeros heridos.
El documento hace mención sobre el caso del estudiante desaparecido Julio César López Patoltzin, quien fue identificado por el GIEI y la CoVAJ como un militar infiltrado en la Normal, versión que la CNDH rechazó al dar credibilidad a la respuesta que le dio la DEFENSA a su cuestionamiento al respecto, en el sentido de que dicha víctima se matriculó como estudiante de Ayotzinapa desde el 20 de agosto de 2014, porque “V33 (como identificó a López Patoltzin) solicitó expresamente poder realizar sus estudios en esa escuela y se encontraba en un supuesto totalmente legal”.
En cuanto a los 875 folios de los que el GIEI habló de su existencia en su Sexto Informe, acusando a la DEFENSA de ocultar los documentos CRFI de Iguala, que tendrían información sobre el paradero de los estudiantes, la CNDH solicitó información a la Sedena.
De acuerdo a la respuesta oficial el CRFI del 27 Batallón de Iguala “no llevaba registro propio porque realizaba sus actividades en el Batallón mientras construían el centro en otro espacio”, de ahí que “los propios proporcionados en mesa consistirían en una serie de números que puede ser utilizada en distintos tipos de documentos administrativos, por lo que la secuencia propia de esos números no corresponde únicamente a documentos CRFI”
La DEFENSA repitió a la CNDH el argumento ampliamente conocido de que de los 875 folios sólo 10 correspondían al caso Ayotzinapa y que ya habían sido entregados a la CoVAJ y al GIEI, por lo que validó el argumento de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“La verdad es que en la pasada y presente administración gubernamental, en todo momento (la DEFENSA) ha manifestado una plena apertura y disposición para colaborar, reiterando que nunca ha ocultado la existencia de documentos relacionados con el caso, poniendo a disposición invariablemente en cuanto le han sido requeridos”, dijo la CNDH al resaltar que en el tercer informe de la CoVAJ se reconoció que entre sus archivos contaba con 121 mil 028 documentos proporcionados por la DEFENSA.
En la recomendación, la CNDH hace constantes menciones del GIEI, en buena parte para reconocer sus seis informes, pero otra parte para criticar su labor en el caso.
En cuanto a los cuestionamientos, la CNDH consideró que la aportación el GIEI en los resultados de las búsquedas fueron “prácticamente nulas”; que utilizó una narrativa “sensacionalista” para imponer “agendas externas”, como habría ocurrido durante la presentación de su último informe del 25 de julio de 2023.
De acuerdo a la CNDH, el GIEI insistió “en su narrativa señalando que autoridades de diferentes niveles, además de miembros del Ejército, marinos, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado que estaban en funciones” cuando ocurrieron los hechos.
La CNDH consideró que el GIEI se empeñó en una narrativa en la que consideraba la existencia de una “conspiración militar” que vigiló “minuto a minuto” los pasos de los normalistas y de que la Sedena se dedicó a obstruir la información, lo que para el organismo encabezado por Rosario Piedra es falso.
Tras criticar que el GIEI no compartió información de sus investigaciones con la CNDH, como el organismo sí lo hizo, la recomendación señaló que tiene serias discrepancias con los informes del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de los 800 folios y la versión del estudiante infiltrado, la CNDH cuestionó la existencia de un quinto autobús que habrían secuestrado los estudiantes y en el que se habrían ocultado narcóticos, que para el GIEI podría ser la explicación del ataque feroz a los estudiantes, así como el hecho de que en otro autobús que llegó a la terminal de autobuses de Iguala, el chofer los dejó encerrados, lo que habría provocado la movilización de los estudiantes para rescatar a sus compañeros.
Para la CNDH durante su encargo, los miembros del GIEI se dedicaron a crear “narrativas”, comunicados y conferencias de prensa, siendo lo más grave que “se empeñaron en demostrar la responsabilidad del Ejército”, lo cual según el organismo no pudieron lograr.
Agregó que también se observó “el nivel de manipulación de la verdad sufrido no sólo por las víctimas, sino por la sociedad, pues mientras todo esto pasaba, se jugaba con las narrativas, abonando a la especulación y señalando responsabilidades y culpables que eran en realidad, fabricaciones”.
La CNDH formuló once puntos recomendatorios entre los que destaca la inclusión de las 92 víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para que reciban atención médica, psicológica y tanatológica especializada; reparación integral del daño; que cese la criminalización de los estudiantes en redes sociales y medios digitales.
En materia de búsqueda, que la CoVAJ, la UEILCA, la FGR y las comisiones de búsqueda presenten un plan de búsqueda; que se agoten las líneas de investigación, entre ellas la de la responsabilidad de Tomás Zerón y la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como la creación de una comisión de padres para analizar los folios de inteligencia de la DEFENSA, y concretar las extradiciones de Tomás Zerón y de quien fuera juez de barandilla.
Como medidas de no repetición, la CNDH recomendó a la SEP y a la CoVAJ fortalecer las escuelas rurales y revisar el contenido del caso en los libros de texto; llevar a cabo una reforma a la ley de archivos que garantice la preservación de los documentos relacionados con violaciones a derechos humanos y sanciones para el ocultamiento; formación en derechos humanos a policías estatales y municipales de Guerrero.
