Durante años, decenas de familias leonesas creyeron haber encontrado una oportunidad para adquirir una vivienda a un precio accesible. Entregaron ahorros, préstamos y, en algunos casos, el patrimonio acumulado durante toda una vida. Sin embargo, las casas ofrecidas no podían ser vendidas y el dinero terminó en manos de un despacho jurídico que convirtió la ilusión de tener un hogar en una larga batalla judicial.
El abogado Édgar Francisco Franco Ríos, responsable del despacho Punto Legal, fue sentenciado a un total acumulado de mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude cometido en agravio de 107 personas, en lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato calificó como una resolución histórica contra un esquema de engaño inmobiliario operado en León.
La penalidad deriva de dos sentencias condenatorias dictadas los días 26 y 30 de junio de 2026. La primera estableció una pena de 438 años y cuatro meses de cárcel, mientras que la segunda añadió otros 580 años. La suma convirtió el fallo en la condena más elevada impuesta hasta ahora por un tribunal de enjuiciamiento en Guanajuato.
Aunque la cifra expresa la acumulación de las penas correspondientes a cada uno de los fraudes acreditados, su cumplimiento efectivo estará sujeto a los límites y reglas establecidos en la legislación penal y de ejecución de sanciones. El peso jurídico del fallo no solamente reside en el número de años de prisión, sino en que el tribunal reconoció individualmente el daño ocasionado a más de un centenar de víctimas y ordenó restituir los recursos obtenidos mediante engaños.
Más de 33 millones para reparar el daño
Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó a Franco Ríos pagar 33 millones 398 mil 90 pesos por concepto de reparación integral del daño.
La cantidad se encuentra distribuida de la siguiente manera:
29 millones 923 mil 100 pesos por daño material.
3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.
148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.
La Fiscalía estatal sostuvo que el aspecto central de la resolución es precisamente la obligación de devolver a las víctimas el dinero que entregaron bajo falsas promesas, además de reconocer las afectaciones emocionales, familiares y económicas provocadas por el fraude.
El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó que se trata de una sentencia sin precedente en la entidad y subrayó que la investigación ministerial permitió demostrar ante el tribunal la forma sistemática en que operó el acusado.
La institución informó que mantendrá el seguimiento del proceso para procurar el cumplimiento de la reparación ordenada, una etapa especialmente relevante para las personas afectadas, pues una sentencia económica no garantiza por sí misma la recuperación inmediata de los recursos si no existen bienes o fondos suficientes para cubrirla.
Casas baratas y supuestos remates
El esquema se desarrolló desde las oficinas de Punto Legal, un despacho que ofrecía propiedades presentadas como oportunidades derivadas de remates bancarios o procedimientos jurídicos.
Las viviendas eran promocionadas mediante redes sociales, páginas de anuncios y plataformas digitales de compraventa. Algunas casas se ofrecían por cantidades de entre 200 mil y 250 mil pesos, generalmente mediante pagos de contado, lo que resultaba atractivo para familias que no podían acceder fácilmente a un crédito hipotecario.
Las ofertas eran acompañadas por contratos, documentos legales y referencias a supuestos procedimientos judiciales. De acuerdo con testimonios difundidos durante el desarrollo del caso, a los clientes se les aseguraba que los inmuebles estaban relacionados con litigios, adjudicaciones o remates y que serían entregados después de completar determinadas etapas y pagos.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía acreditó que Franco Ríos no tenía facultades legales para vender las propiedades ofertadas. En otros casos, los inmuebles ni siquiera se encontraban sujetos a los litigios o procesos judiciales que el despacho afirmaba gestionar.
El tribunal concluyó que el acusado empleó artificios jurídicos y documentales para generar confianza entre sus clientes, recibir pagos sucesivos y mantener durante periodos prolongados la promesa de que las casas serían entregadas.
Cuando los compradores preguntaban por los retrasos, recibían explicaciones relacionadas con presuntos problemas administrativos, juicios pendientes, trámites notariales o complicaciones en las instituciones bancarias. El paso de los meses reveló que las viviendas no serían escrituradas ni entregadas.
Una batalla que se prolongó durante años
El caso comenzó a cobrar notoriedad pública desde 2023, cuando diversas víctimas denunciaron que habían entregado dinero al despacho sin recibir las propiedades prometidas.
Franco Ríos fue detenido inicialmente por agentes ministeriales, pero obtuvo su libertad mediante un amparo y el pago de una garantía de cinco mil pesos. La decisión provocó inconformidad entre los afectados, quienes temían que las investigaciones fueran archivadas o que el acusado eludiera definitivamente la acción de la justicia.
A partir de entonces, grupos de víctimas realizaron manifestaciones frente a instalaciones judiciales y dependencias públicas. En octubre de 2025, cerca de 30 afectados marcharon en León para exigir que las carpetas de investigación continuaran abiertas y que los procesos no fueran cancelados.
La magnitud total del caso fue motivo de distintas estimaciones. Mientras las dos sentencias recientes comprenden formalmente a 107 víctimas, organizaciones de afectados y reportes periodísticos señalaron durante el proceso que el número de personas que acudieron al despacho y denunciaron operaciones semejantes podría ser mayor. En diversas etapas se habló de cientos de posibles afectados, aunque no todos los asuntos quedaron integrados en las causas penales que dieron origen a las condenas de junio.
El procedimiento también enfrentó dificultades jurídicas por la multiplicidad de denuncias, carpetas y actos reclamados. Cada operación involucraba contratos, cantidades, fechas y propiedades distintas, por lo que fue necesario documentar individualmente los pagos y demostrar que las promesas de compraventa carecían de sustento legal.
La Fiscalía destacó que el trabajo ministerial permitió reconstruir el patrón de actuación del despacho y presentar las pruebas necesarias para establecer que no se trató de un incumplimiento civil aislado, sino de una conducta fraudulenta repetida de manera consecutiva.
El significado de la condena
La sentencia de más de mil años tiene un componente simbólico y jurídico. La cifra deriva de la suma de las penas impuestas por cada conducta acreditada y deja constancia de la dimensión alcanzada por el fraude.
No significa, en términos materiales, que el sentenciado permanecerá literalmente diez siglos en prisión. La ejecución estará sujeta a los límites legales aplicables y a las resoluciones que puedan dictarse durante las etapas posteriores del proceso.
Además, las sentencias todavía pueden ser combatidas mediante los recursos previstos por la ley. La defensa puede promover apelaciones o juicios de amparo para cuestionar aspectos de la resolución, sin que ello anule automáticamente los fallos emitidos por el tribunal.
Para las víctimas, el reto siguiente será lograr que la reparación integral se traduzca en una recuperación efectiva del patrimonio perdido. El tribunal estableció las cantidades que Franco Ríos debe cubrir, pero corresponderá a las autoridades localizar, asegurar y, en su caso, ejecutar los bienes susceptibles de destinarse al pago.
La resolución marca un precedente para Guanajuato no sólo por la extensión de la condena, sino porque reconoce que detrás de cada operación existió una persona o una familia que entregó dinero con la expectativa de obtener una vivienda.
El fraude inmobiliario no solamente representó pérdidas económicas. Para muchas víctimas significó endeudamiento, conflictos familiares, problemas de salud y años de incertidumbre frente a una promesa de vivienda que nunca se materializó.
Después de movilizaciones, denuncias y una prolongada ruta judicial, el fallo contra el responsable de Punto Legal representa un avance para 107 afectados. Sin embargo, la justicia terminará de concretarse cuando las personas recuperen los recursos que les fueron arrebatados y la reparación ordenada deje de ser únicamente una cantidad escrita en la sentencia.
