La ruptura política entre la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y el Partido Acción Nacional escaló a un nuevo nivel después de que la alcaldesa acusó al blanquiazul y a estructuras del poder estatal de emprender una persecución en su contra mediante el uso de instituciones públicas.
Gutiérrez Campos calificó como “violencia institucional” la auditoría integral aprobada por el Congreso del Estado para revisar operaciones realizadas durante sus dos administraciones municipales, al considerar que la fiscalización se promueve con criterios políticos y de manera selectiva después de su renuncia al PAN y su posterior incorporación a Movimiento Ciudadano.
“El PAN usa al Congreso para ejercer violencia institucional”, afirmó la presidenta municipal, quien sostuvo que no teme a las revisiones y que su gobierno entregará la documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
Su cuestionamiento, dijo, no está dirigido contra la obligación de rendir cuentas, sino contra el trato diferenciado que, desde su perspectiva, aplica la mayoría panista cuando se trata de revisar gobiernos emanados de su propio partido.
“Así como dijeron que estaban a favor de la transparencia y de hecho dijeron que desde cuándo era persecución una auditoría, entonces ¿por qué no aprobar las auditorías a sus gobiernos?”, planteó.
El Congreso de Guanajuato aprobó el jueves 25 de junio solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión específica, integral y concomitante a la administración pública de León.
La auditoría abarcará el universo de operaciones todavía no revisadas en anteriores procesos de fiscalización correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, de manera simultánea, al ejercicio de 2026.
También deberá examinar las operaciones realizadas por el municipio con las empresas Office and Publicity MDF, Synamica, Centro Publicitario y de Marketing TLGR y García Vaxkin Asociados, así como el funcionamiento administrativo y financiero del patronato del Parque Zoológico de León.
El dictamen legislativo señala la existencia de elementos que ameritan una revisión más profunda sobre posibles esquemas de simulación en contrataciones, irregularidades en la integración y operación de proveedores, domicilios no verificables, ausencia de actividad comercial clara y eventuales conflictos de interés.
Las observaciones no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad. Será la auditoría la que deberá comprobar si hubo irregularidades, daño al erario o faltas administrativas y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes.
Aunque el PAN cuenta con la bancada más numerosa del Congreso, la fiscalización a León no fue aprobada exclusivamente con sus votos. El dictamen recibió el respaldo de 31 legisladores de distintas fuerzas políticas, incluidos PAN, Morena, PRI, PVEM, PT y PRD. Los dos diputados de Movimiento Ciudadano votaron en contra y una legisladora panista se abstuvo por haberse desempeñado anteriormente como regidora de León.
Pese a ese respaldo multipartidista, Gutiérrez Campos atribuyó al PAN la conducción política del procedimiento y sostuvo que la revisión retoma operaciones que, en parte, ya fueron fiscalizadas.
“No es una simple auditoría, porque es regresar a lo que ya fue auditado”, argumentó.
“Nosotros estamos abiertos a informar, a dar la información para las auditorías y a que se aprueben este tipo de revisiones, pero creo que hay una tremenda opacidad y una tremenda diferencia entre lo que dice la mayoría del PAN y lo que hace”, reprochó.
La confrontación se intensificó porque, durante la misma sesión, el Congreso rechazó una propuesta presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano Rodrigo González Zaragoza y Sandra Alicia Pedroza Orozco para revisar la administración estatal encabezada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entre 2018 y 2024.
El punto de acuerdo buscaba solicitar a la ASEG y a la Secretaría de la Honestidad el inicio de auditorías e investigaciones sobre el manejo de recursos estatales durante ese sexenio.
También pretendía exhortar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que, de considerarlo procedente, investigara posibles actos de enriquecimiento ilícito, cohecho o desvío de recursos públicos.
Entre los asuntos mencionados por MC se encontraban la contratación de servicios con la empresa Seguritech, el manejo de recursos en el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, la operación del Fidesseg y los señalamientos sobre la residencia ocupada por el exmandatario en The Woodlands, Texas.
La propuesta no fue aprobada.
Para Alejandra Gutiérrez, la decisión de revisar exhaustivamente su gobierno municipal y, al mismo tiempo, rechazar una fiscalización al sexenio anterior exhibe un doble rasero político.
“La transparencia es para todos. Yo apuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero que no haya doble discurso: que con unos sí y con otros no”, señaló.
La alcaldesa agregó que existen operaciones millonarias de gobiernos estatales que también deberían ser examinadas y acusó al grupo mayoritario de mantener cerrada esa posibilidad.
“El grupo mayoritario del PAN en el Congreso debe cuidar los recursos públicos. Existen casos millonarios que deben ser revisados, pero no han querido abrir las puertas a la auditoría y son completamente opacos e incongruentes”, enfatizó.
Desde el PAN, el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Víctor Zanella Huerta, ha defendido que solicitar una revisión no representa una condena anticipada. El legislador sostiene que las sospechas deben aclararse técnicamente y que ninguna auditoría debería ser considerada una persecución.
La presidenta municipal fue más allá de la disputa legislativa y aseguró que, desde su salida del PAN, se han incrementado las presiones, acusaciones y acciones contra integrantes de su administración.
“Cuando te señalan que viene toda la fuerza y todo el poder del Estado contra ti, simplemente porque ya no estás con ellos, yo creo que eso sí es violencia institucional”, declaró.
Gutiérrez Campos acusó además a actores panistas de emplear espacios del Congreso y del Ayuntamiento de León para desgastarla políticamente.
“Estamos viendo que hay reacciones, por ejemplo, hasta llevando gente casi obligada a que presente denuncias ante derechos humanos; cuando estamos viendo que amenazan a los funcionarios, esa es violencia institucional y esa es persecución política”, insistió.
La alcaldesa no detalló públicamente, en esas declaraciones, quién habría obligado a ciudadanos a presentar quejas ni qué funcionarios habrían sido amenazados. Sus afirmaciones forman parte, por ahora, de un señalamiento político que tendría que ser formalizado y acreditado ante las instancias correspondientes.
Semanas antes ya había advertido que algunas críticas relacionadas con su agenda, actividades privadas y ausencias de actos oficiales estaban cruzando, desde su perspectiva, la frontera hacia la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La nueva confrontación tiene como antecedente la salida de Alejandra Gutiérrez del PAN el 22 de abril, después de aproximadamente dos décadas de militancia.
Su renuncia profundizó una fractura que había comenzado años atrás, especialmente durante el proceso interno para definir la candidatura panista al Gobierno de Guanajuato en 2024, cuando Gutiérrez buscó la postulación que finalmente obtuvo Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Una semana después de abandonar Acción Nacional, la presidenta municipal fue presentada como nueva integrante de Movimiento Ciudadano en un acto acompañado por el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, y por Luis Donaldo Colosio Riojas.
Su incorporación al partido naranja modificó la correlación política de León, el municipio con mayor población y peso electoral de Guanajuato, gobernado durante décadas por el PAN.
Desde entonces, la relación entre la alcaldesa y los integrantes panistas del Ayuntamiento se ha deteriorado. Regidores del blanquiazul han cuestionado sus ausencias de actividades oficiales, su participación en actos partidistas de MC y distintas decisiones administrativas, mientras Gutiérrez acusa a sus antiguos compañeros de intentar paralizar o desacreditar su gobierno.
Las investigaciones sobre contrataciones municipales han alcanzado también al círculo político cercano a la alcaldesa.
Allan León Aguirre dejó el 17 de abril la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses para permitir que la Contraloría Municipal revisara contratos suscritos con empresas señaladas por presuntas inconsistencias en su constitución, domicilios y capacidad operativa.
El exfuncionario ha sido mencionado como una de las figuras que podrían buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de León en 2027.
Al ser cuestionada sobre si mantiene su respaldo político hacia él, Gutiérrez Campos evitó adelantar definiciones electorales.
“Ahorita ni siquiera hay candidatos ni precandidatos. Nosotros estamos trabajando en el municipio y lo que siempre hemos dicho es que todo sea transparente, pero también algo bien importante es que se tienen que respetar los procesos”, respondió.
La presidenta municipal insistió en que las investigaciones deben continuar y llegar hasta sus últimas consecuencias, pero exigió que las mismas reglas sean aplicadas a gobiernos municipales y estatales sin considerar su filiación partidista.
La auditoría se desarrollará en un ambiente marcado por la competencia anticipada rumbo a las elecciones municipales de 2027.
León representa el principal bastión electoral del PAN en Guanajuato, pero la salida de Gutiérrez y su llegada a Movimiento Ciudadano abrieron una disputa entre quien gobierna actualmente la ciudad y el partido que la postuló en 2021 y 2024.
La revisión de las cuentas municipales tendrá, por tanto, dos dimensiones paralelas: la institucional, que deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos, y la política, donde cada partido intentará imponer su propia interpretación.
Mientras el PAN argumenta que la fiscalización es una obligación legal y que auditar no significa condenar, Alejandra Gutiérrez sostiene que las instituciones estatales están siendo utilizadas selectivamente para castigarla por haber abandonado el partido.
Los resultados de la ASEG serán los que permitan establecer si las sospechas contenidas en el dictamen tienen sustento. Hasta entonces, las posibles irregularidades deberán mantenerse en el terreno de las investigaciones y no presentarse como responsabilidades acreditadas.
En medio de la confrontación, la exigencia planteada por la propia alcaldesa adquiere una dimensión más amplia: que la transparencia no sea utilizada como arma política, pero tampoco invocada como argumento para impedir o desacreditar una revisión de recursos públicos.
