Porque es fundamental actuar de manera preventiva para evitar que escalen fraudes que, apoyados en el engaño, despojan de su patrimonio a cientos de personas, la diputada Rocío Cervantes propuso agravar ese delito si quienes lo cometen se apoyan en mecanismos como el “esquema Ponzi”, el “sistema piramidal” o el “sistema multinivel”.
Los fraudes con esos mecanismos basados en el engaño han dejado sin patrimonio a cientos de personas a lo largo de los años y hoy día “han venido en aumento”, advirtió al presentar su propuesta ante el Pleno de la LXVI Legislatura.
En su propuesta de reforma al Código Penal, detalla cómo funciona cada uno de esos mecanismos hasta que llega su inevitable colapso, pero en términos generales su común denominador es el ofrecimiento de altos intereses o rendimientos a cambio de inversiones, ahorros, compra de certificados de depósito o deuda, lo que finalmente no ocurre.
Explicó que el mecanismo está diseñado desde un inicio para defraudar y contempla obstaculizar el retiro de dinero de forma pronta, por lo que permanece largo plazo en manos de quienes los manejan y les cumplen su promesa de altos rendimientos, pero nada más al inicio, con el dinero captado de nuevos inversionistas o ahorradores.
Y siempre bajo el engaño de que el dinero puesto en las manos en que confiaron se está invirtiendo, “cuando en realidad no es así”, porque “disponen de esos recursos para su beneficio personal o los trasladan a personas físicas o empresa fantasma sin que los ahorradores o inversionistas recuperen su dinero”, abundó.
Cervantes Barba dijo que las personas físicas o morales que recaudan grandes sumas de dinero mediante el engaño carecen del registro ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), de la regulación por la CONDUSEF y sin el reconocimiento y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Eso significa que manejan esos recursos sin controles ni registros o supervisión de las autoridades competentes del sistema financiero mexicano, y posteriormente quiebran o simplemente desaparecen dejando en la calle y sin patrimonio a cientos de familias, incluidas personas de la tercera edad.
Sostuvo que cuando se detienen responsables, en la mayoría de los casos caen en prisión, pero sin que las víctimas recuperen jamás su dinero o bienes invertidos, en no pocos casos, producto de los ahorros de toda la vida.
