La diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, a través de Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz, fortalezca de manera inmediata, permanente y coordinada con las autoridades federales y municipales, la estrategia de seguridad pública priorizando al municipio de Salamanca, mediante acciones de prevención, presencia operativa, patrullajes, inteligencia, intercambio de información, videovigilancia y atención prioritaria en las colonias y comunidades con mayor incidencia de violencia homicida.
De igual manera, para pedir a Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado, que priorice la investigación, esclarecimiento y judicialización de los hechos de violencia homicida ocurridos en Salamanca, particularmente de los homicidios múltiples registrados durante 2026, y procure justicia a las víctimas directas e indirectas, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, máxima diligencia y máximo uso de recursos disponibles.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora señaló que durante 2026 Salamanca ha enfrentado diversos hechos de violencia de alto impacto que han cobrado la vida de decenas de personas y generado afectaciones a familias y comunidades enteras.
Precisó que entre los acontecimientos más graves se encuentran los ataques armados registrados en las comunidades de Loma de Flores y San Juan de Razos, así como diversos hechos violentos ocurridos en la zona urbana del municipio, situaciones que, dijo, evidencian la necesidad de una respuesta institucional reforzada, coordinada y permanente.
Aguilar Castillo indicó que la continuidad de esos hechos demuestra que se requiere una estrategia focalizada que atienda tanto las colonias como las comunidades rurales, fortalezca la presencia preventiva y operativa de las corporaciones de seguridad, permita identificar patrones criminales y mejore la coordinación entre las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos.
La congresista argumentó que la seguridad pública constituye una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno y que las instituciones tienen la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, además de preservar la paz social y garantizar el acceso a la justicia.
Asimismo, señaló que, si bien se han registrado avances en algunos indicadores estatales, los hechos ocurridos en Salamanca muestran la necesidad de implementar acciones específicas y permanentes para atender la problemática que enfrenta el municipio.
La diputada agregó que la estrategia debe contemplar una mayor presencia operativa, patrullajes preventivos, inteligencia territorial, intercambio de información, uso estratégico de sistemas de videovigilancia y atención prioritaria a las zonas con mayores índices de violencia.
Finalmente, en materia de procuración de justicia, manifestó la importancia de fortalecer las investigaciones para evitar la impunidad y garantizar que las víctimas directas e indirectas reciban atención con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y máxima diligencia.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su dictaminación.
