Avanza exhorto para garantizar pensión no contributiva a personas con discapacidad

En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se aprobó el dictamen del punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé respuesta fundada y motivada a los escritos de derecho de petición y exigibilidad de pensión no contributiva presentados por Aurora Arenas Duarte, Javier Padilla Negrete y Juan González Romo.

Asimismo para que adopte de manera inmediata las acciones administrativas y programáticas conducentes para garantizar el acceso efectivo a la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente; para que, por conducto de las dependencias competentes y en observancia del principio de progresividad, realice las adecuaciones presupuestales necesarias y asegure la previsión de recursos suficientes y oportunos para garantizar la operación y entrega de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años en el Estado de Guanajuato; y dé cumplimiento sin dilación, en la esfera de su competencia, a la sentencia dictada en el juicio de amparo 938/2025-I.

De igual manera, se avaló el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, para que se abstenga de litigar la garantía del derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, así como de llevar a cabo acciones para dilatar o impedir el ejercicio de este derecho; emita de forma inmediata las disposiciones normativas y administrativas necesarias para que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en nuestro Estado accedan a la pensión no contributiva a la que tienen derecho; e informe al Congreso sobre las acciones llevadas a cabo por su administración en la materia.

Como parte del orden del día se analizaron tres iniciativas de reforma a diversos ordenamientos. La primera, una propuesta para modificar la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, a fin de impulsar una gobernanza hídrica democrática, adicionar el concepto de violencia hídrica de género, incorporar el principio de igualdad sustantiva y actualizar el término cultura del agua. Al respecto, el diputado Oscar Enrique González Espinosa propuso realizar una mesa interna de asesores, el 15 de julio, lo cual fue avalado.

La segunda plantea cambios a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control orientados a la garantía de la autonomía de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, y se propone el archivo de la propuesta.

El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que proponía cuidar la autonomía de la PRODHEG, mejorar el perfil de su titular y fortalecer la convocatoria para hacerla más creíble ante la ciudadanía. Agregó que no era correcto señalar que se estaban extralimitando y que no se estaba limitando ningún derecho humano.

Por su parte, la legisladora Ana María Esquivel Arrona manifestó que era inviable la propuesta ya que, dijo, pretende adicionar como requisito títulos universitarios o posgrados especializados en derechos humanos para ocupar la titularidad; pretende modificar la actual preferencia por la licenciatura en derecho en un requisito obligatorio y la norma se vuelve excluyente y discriminatoria.

Agregó que también porque prohíbe a la persona titular de la Procuraduría ocupar cargos de primer nivel en los tres poderes estatales, en el entendido de que impacta tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y en el Judicial, durante los cinco años posteriores a que concluya su gestión, por lo que, al contravenir los principios de igualdad, mérito y jerarquía constitucional, debía archivarse. Al someterse a votación, se aprobó la elaboración del dictamen para archivo.

La última iniciativa analizada propone ajustes a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato con la finalidad de prohibir, prevenir y visibilizar los actos y consecuencias de los discursos de odio. La legisladora María Eugenia García Oliveros agradeció que se dé seguimiento al estudio de este tipo de propuestas.  La congresista Plásida Calzada Velázquez planteó llevar a cabo una mesa de trabajo el 15 de julio.

Además, se dio seguimiento a una propuesta de punto de acuerdo para exhorta al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los ayuntamientos, a las dependencias y entidades estatales y municipales y a los organismos autónomos, para que den cumplimiento a la medida afirmativa establecida en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato; así también para que se instale en el edificio de este Poder Legislativo la señalética que prohíbe la discriminación.

Sobre este punto se acordó solicitar información a las autoridades involucradas sobre el asunto de la propuesta con plazo de 10 días hábiles.

Asuntos generales

El legislador David Martínez Mendizábal se refirió a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, conocidos como “El Halconazo” o la Matanza del Jueves de Corpus, cuando una manifestación estudiantil fue violentamente reprimida por el grupo paramilitar denominado Los Halcones, durante el gobierno del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Recordó que la agresión se registró principalmente en las inmediaciones de San Cosme y dejó personas asesinadas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de represión contra el movimiento estudiantil mexicano.

En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Ana María Esquivel Arrona, Jesús Hernández Hernández, Oscar Enrique González Espinosa y David Martínez Mendizábal. Además, los acompañó la congresista María Eugenia García Oliveros.