El diputado Alejandro Arias presentó una iniciativa para evitar que el poder público sea utilizado para proteger y beneficiar a personas relacionadas con el crimen organizado.
Se trata de cerrar el paso a actos de corrupción que beneficien a personas que formen parte de asociaciones delictivas, “porque así empiezan los narcogobiernos: con contratos amañados, empresas fantasmas, protección política y servidores públicos que ponen las instituciones al servicio de intereses criminales”, dijo.
En su exposición de motivos, el coordinador del GPPRI advirtió que, “cuando la corrupción se tolera”, además del desvío de recursos que implica, “termina convirtiéndose en la puerta de entrada del crimen organizado a las instituciones públicas”.
“Lamentablemente, hemos sido testigos de casos, como la serie de moda ´narcos´, teniendo como protagonistas a varios gobernadores del país, de empresas fantasma contratadas por gobiernos, de obras públicas vinculadas a intereses criminales y de esquemas cada vez más sofisticados para utilizar el poder público en beneficio de organizaciones delictivas”, agregó.
En ese tenor, sostuvo que “lo ocurrido en Sinaloa debe ser una advertencia para todo México”, porque “cuando la corrupción se mezcla con la delincuencia organizada, no solamente fracasa un gobierno, se ponen en riesgo la democracia, la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos”.
Afirmó que “Guanajuato no puede permitir que servidores públicos actúen en complicidad con organizaciones criminales ni que las instituciones sean utilizadas para beneficiar intereses delincuenciales”.
Su iniciativa permite “actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis”, para evitar que eso ocurra, a partir de una serie de reformas al Código Penal para incrementar las sanciones para los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, cometidos bajo amenazas, por omisión o complicidad.
También propone reforzar el régimen de inhabilitaciones para que, quienes con la comisión de esos ilícitos traicionen la confianza ciudadana, en tanto dure su inhabilitación no puedan participar “en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del estado o municipios”.
“Pero, sobre todo, proponemos que la inhabilitación sea permanente para los servidores públicos que cometan estos delitos en beneficio de personas pertenecientes o relacionadas con una asociación delictiva u organización criminal”, dijo y remarcó que “quien utiliza el poder público para servir al crimen organizado, no merece una segunda oportunidad en el servicio público".
Detalló que, en cuanto al Enriquecimiento Ilícito, su iniciativa busca ampliar su alcance hasta dos años después de concluido el encargo público, a fin de evitar que el patrimonio obtenido ilícitamente quede en la impunidad.
Y que, respecto al Ejercicio Ilícito del Servicio público, el objetivo es “sancionar a quienes se atribuyan funciones o comisiones que no les corresponden en perjuicio de terceros o de la función pública, mientras que, con la reforma al delito sobre Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, lo que se pretende es castigar con mayor eficacia el desvío de fondos públicos y los apoyos económicos otorgados fuera de la ley.
