El dictamen de la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, es producto de un proceso que “privilegió el diálogo entre las distintas fuerzas parlamentarias y el respeto al marco constitucional que rige nuestra materia electoral”, afirmó la diputada Ruth Tiscareño.
“Eso demuestra que, en Guanajuato, las reformas electorales se construyen mediante el diálogo y el consenso, entendiendo que la materia electoral exige acuerdos amplios para fortalecer nuestra democracia”, dijo la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales.
En ese tenor, remarcó que el dictamen en cuestión deriva del estudio de diversas iniciativas de reforma a la LIPEEG, tomando como base fundamental la propuesta impulsada por la Junta de Gobierno que fue suscrita por todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso.
Subió a tribuna para hablar a favor del dictamen conjunto de siete iniciativas en materia electoral y para exponer por qué “brinda certeza jurídica, fortalece nuestras instituciones electorales y cumple con el deber constitucional de armonización legislativa”.
Agregó que la reforma establece en la LIPEEG reglas claras para la organización del proceso electoral judicial local y otorga Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) la responsabilidad de organizar, desarrollar y vigilar dicho proceso.
Además, añadió, instaura regular convocatorias, candidaturas, campañas, fiscalización, votación y medios de impugnación, e incorpora disposiciones para dar certeza y operatividad al nuevo modelo judicial-electoral evitando duplicidades procesales y fortaleciendo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia judicial.
Asimismo, establece “restricciones para impedir la intervención de partidos políticos y de financiamiento indebido en las campañas judiciales”, apuntó y resaltó que de esa manera se preserva el carácter imparcial de jueces y juezas y se protege su autonomía para impartir justicia.
Dijo que quienes participaron en el proceso de análisis de las iniciativas que dieron lugar al dictamen, lo hicieron con responsabilidad institucional y con visión de largo plazo, y destacó que en la comisión legislativa que preside se acordó no regular la violencia política como figura jurídica diferenciada de la violencia política en razón de género a partir de un ejercicio de reflexión que alcanzó el consenso de sus integrantes.
Al inicio de su intervención, la congresista subrayó que respetar el plazo para aprobar y publicar reformas electorales no es una formalidad, sino una garantía de certeza jurídica, de estabilidad institucional y de respeto a las reglas democráticas.
“Significa que las reglas del juego no pueden modificarse sobre la marcha ni responder a coyunturas políticas inmediatas” y que, “por el contrario, deben construirse mediante el diálogo, la responsabilidad y el consenso”, abundó.
En ese sentido, puntualizó que, si el proceso electoral inicia en la primera semana de septiembre de este año, las reformas en materia electoral deben quedar publicadas, a más tardar, el próximo 2 de junio.
