Héctor Andrade Chacón
Hay datos que deberían obligar a la prudencia. Y hay tragedias que deberían imponer silencio, sobre todo a quienes creen que la política es una feria de medallas donde cada muerto, cada detención y cada reducción estadística puede convertirse en propaganda de ocasión.
La reducción de homicidios dolosos en Guanajuato es, sin duda, una buena noticia. Lo es para el Estado, para los municipios, para las familias que han vivido bajo la zozobra y para una sociedad que lleva años contando muertos como si la violencia fuera ya una fatalidad inevitable. Pero precisamente por eso, porque hablamos de vidas humanas y no de puntos en una encuesta, resulta miserable ver cómo desde algunos reductos partidistas —ratoneros, mezquinos, de corto vuelo— salen voces de Morena o del panismo local a colgarse medallas que no les pertenecen en solitario.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, presentaron en Palacio Nacional un informe de reducción de homicidios en el país y, particularmente, en Guanajuato. La lectura oficial fue clara: la baja no se explica por iluminación divina, ni por una ocurrencia de escritorio, ni por la genialidad de un partido. Se explica por coordinación entre Federación, Estado, municipios, fuerzas armadas, Guardia Nacional, fiscalías y áreas de inteligencia.
Ahí está la clave. Coordinación. Esa palabra que en la política mexicana suele pronunciarse mucho y practicarse poco. Esa palabra que, cuando se vuelve acción, permite resultados. Y esa palabra que, cuando se sustituye por soberbia, cálculo electoral o pleito de camisetas, deja a la gente a merced del crimen.
Por eso llama la atención el entusiasmo súbito de algunos morenistas locales, muchos de ellos instalados en cargos públicos o en la comodidad de sus redes sociales, que ahora quieren vender la baja de homicidios como si fuera una victoria exclusiva de la Federación. Como si el crimen organizado hubiese esperado pacientemente a que ellos publicaran un tuit para comenzar a replegarse. Como si la seguridad pública fuera una porra de estadio y no una tarea de Estado.
A esos matraqueros habría que preguntarles algo muy sencillo: si todo dependía únicamente de la Federación, ¿por qué durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador Guanajuato se hundió en la violencia? ¿Por qué los homicidios escalaron? ¿Por qué el estado se convirtió durante varios años en símbolo nacional del fracaso en seguridad? ¿Por qué, cuando desde distintos sectores se señaló el deterioro institucional, la ineficacia de los mandos estatales y el desgaste de figuras como Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, no se hizo nada verdaderamente contundente desde el poder federal para romper esa inercia?
Porque esa es la parte que ahora quieren borrar. Durante años, Guanajuato fue utilizado como vitrina del fracaso panista, muchas veces con razón, pero también como munición política desde la mañanera. Se señaló al gobierno estatal, se criticó la permanencia de Zamarripa, se cuestionó el modelo de seguridad y se convirtió al estado en ejemplo de todo lo que no debía hacerse. Sin embargo, mientras los discursos ardían, los números seguían creciendo y los grupos criminales se expandían. El diagnóstico era ruidoso; la solución, insuficiente.
Carlos Zamarripa permaneció demasiado tiempo al frente de la procuración de justicia en Guanajuato. Alvar Cabeza de Vaca hizo lo propio desde la Secretaría de Seguridad. Ambos se convirtieron en símbolos de una etapa agotada, marcada por una violencia que dejó cicatrices profundas. Decirlo no es consigna de Morena ni revancha contra el PAN: es reconocer una realidad que se impuso en las calles, en las colonias, en las carreteras, en los negocios extorsionados y en las familias rotas.
Pero también sería tramposo afirmar que la actual reducción de homicidios es mérito de una sola autoridad. Ni el Gobierno Federal puede presumir solo, ni el Gobierno Estatal puede envolverse completo en la bandera del logro, ni los municipios pueden mirar desde la grada como si nada tuvieran que ver. La disminución ocurre porque, al menos en este tramo, las instituciones dejaron de actuar como islas y comenzaron a operar como engranes.
Ese es el punto que los propagandistas no entienden. La seguridad pública no se resuelve con discursos de partido. No se arregla con estampitas ideológicas. No se construye desde la mezquindad de quienes esperan que le vaya mal al gobierno de enfrente para sacar ventaja electoral. Tampoco se sostiene con gobiernos estatales que se encierran en la autosuficiencia, ni con municipios que se lavan las manos porque “la delincuencia organizada es competencia federal”.
La criminalidad organizada es demasiado compleja para caber en una consigna. Tiene redes financieras, complicidades locales, brazos armados, mercados ilícitos, operadores políticos, protección institucional, control social y capacidad para adaptarse. Combatirla exige inteligencia, fuerza, fiscalías que investiguen, policías que respondan, jueces que procesen, municipios que prevengan y gobiernos que dejen de mentirse.
Por eso resulta tan pobre, tan pequeño, tan ofensivo, ver a unos y otros queriendo apropiarse de una reducción que todavía debe probarse en el tiempo. Porque, sí, los homicidios han bajado. Pero Guanajuato no ha salido todavía de la noche. Hay avances, pero no hay paz plena. Hay menos asesinatos, pero persisten extorsiones, desapariciones, miedo, cobros de piso, ataques selectivos y territorios donde la gente sigue midiendo sus horarios, sus rutas y hasta sus silencios.
La baja estadística importa, pero no alcanza para declarar victoria. La verdadera victoria será cuando la gente vuelva a vivir sin miedo. Cuando abrir un negocio no implique negociar con delincuentes. Cuando un joven no sea reclutado por falta de alternativas. Cuando las policías municipales no estén abandonadas. Cuando las fiscalías dejen de ser cementerios de carpetas. Cuando los gobiernos entiendan que la paz no se decreta: se construye todos los días.
Y aquí también hay una responsabilidad del panismo guanajuatense. Porque durante años gobernó el estado con una mezcla de éxito económico y fracaso en seguridad. Guanajuato creció, atrajo inversiones, consolidó industria, pero al mismo tiempo vio crecer una violencia que terminó por perforar la narrativa de estabilidad. El PAN no puede fingir que nada ocurrió. No puede esconder bajo la alfombra los años en que defendió lo indefendible, sostuvo funcionarios agotados y confundió lealtad política con eficacia pública.
Pero Morena tampoco puede venir ahora a dar lecciones desde el púlpito. Porque durante el sexenio pasado, cuando el país abrazó la doctrina de los “abrazos, no balazos”, Guanajuato no se pacificó. Al contrario, se convirtió en uno de los territorios más violentos del país. Y mientras la Federación repartía culpas, el crimen disputaba plazas, imponía miedo y exhibía la fragilidad del Estado mexicano.
Hoy, con una estrategia distinta, con Omar García Harfuch al frente de la seguridad federal y con una coordinación más efectiva con Guanajuato, los números comienzan a moverse en la dirección correcta. Eso debe reconocerse. Pero reconocer no significa rendirse al aplauso fácil. Significa entender qué sí está funcionando: inteligencia, coordinación, operativos contra generadores de violencia, presencia territorial, intercambio de información y voluntad política para actuar juntos.
El mérito, entonces, no es de Morena. Tampoco es del PAN. No es de una sigla ni de una narrativa electoral. El mérito, hasta donde puede hablarse de mérito en medio de una tragedia todavía abierta, pertenece a la coordinación institucional. Pertenece a los elementos que salen a campo, a quienes investigan, a quienes arriesgan la vida, a quienes hacen trabajo técnico lejos del reflector, y también a las autoridades que han entendido que la seguridad no se puede resolver desde la soberbia.
El problema es que la política mexicana está llena de enanos mentales que quieren reducirlo todo a una disputa de porras. Si baja la violencia, “ganamos nosotros”. Si sube, “fallaron ellos”. Si detienen a un criminal, “fue mi partido”. Si ocurre una masacre, “es culpa del adversario”. Esa miseria discursiva ha sido parte del problema. Porque mientras los políticos se disputan el relato, los ciudadanos entierran a sus muertos.
Guanajuato necesita otra estatura. Necesita gobiernos que coordinen, oposiciones que fiscalicen con seriedad, legisladores que dejen de actuar como operadores de ocasión y partidos que entiendan que la seguridad no es botín electoral. Necesita menos matraqueros y más Estado. Menos propaganda y más inteligencia. Menos medallas y más resultados sostenidos.
Porque si algo revela esta reducción de homicidios es que sí se puede avanzar cuando las autoridades trabajan juntas. Lo que también revela es que durante años no se hizo lo suficiente, o se hizo mal, o se hizo tarde. Y eso no debe olvidarse. La memoria también es una forma de justicia.
Que nadie se engañe: Guanajuato no necesita que Morena presuma como suyo lo que no pudo resolver durante el sexenio anterior, ni que el panismo pretenda lavarse la cara después de años de deterioro. Lo que necesita es que la coordinación se mantenga, que los resultados se consoliden y que la seguridad deje de ser rehén de las pobrezas partidarias.
La noche todavía no termina. Pero si empieza a clarear, lo mínimo que deberían hacer los políticos es no tapar la luz con sus miserias.
