Héctor Andrade Chacón
Hay algo profundamente revelador cuando la política deja de ser confrontación de ideas y se convierte en un concurso de agravios entre quienes llevan años compartiendo responsabilidades en la degradación pública del país. Lo ocurrido ayer en el Congreso del Estado de Guanajuato no fue un debate parlamentario serio sobre soberanía, seguridad o democracia. Fue, más bien, la fotografía de una clase política atrapada entre sus propias contradicciones, embarrándose mutuamente de lodo desde el mismo pantano.
Mientras los ciudadanos sobreviven como pueden a la violencia, la precariedad económica y el deterioro institucional, los diputados locales de Morena y del PAN decidieron convertir la tribuna en un ring de acusaciones cruzadas, pancartas y descalificaciones.
El detonante fue la ofensiva morenista contra los gobernadores panistas que sostuvieron encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre ellos la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la mandataria de Chihuahua, Maru Campos. La polémica escaló por las revelaciones sobre la participación de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, asunto que Morena intenta explotar políticamente bajo el discurso de la “traición a la patria”.
El diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor subió a tribuna para acusar al PAN de “vende patrias”, mientras su bancada exhibía mantas contra los gobiernos panistas. Del otro lado, legisladores blanquiazules respondieron señalando los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado y recordando las acusaciones que pesan sobre figuras morenistas en Sinaloa.
Y ahí apareció el verdadero rostro de la discusión: no la defensa de México, sino la desesperación electoral rumbo al 2027.
Porque en el fondo, ni Morena ni el PAN están discutiendo la soberanía nacional. Están disputándose el poder. Y lo hacen desde una lógica cada vez más vacía: destruir al adversario antes que convencer a la ciudadanía.
La tragedia es que ambos tienen demasiados esqueletos en el clóset para sostener superioridades morales.
Morena acusa al PAN de entreguismo por el caso Chihuahua y por las reuniones con Díaz Ayuso, personaje que ha hecho gala de una ignorancia insultante sobre México y que se ha convertido en referente internacional de una derecha estridente y polarizante. Pero el morenismo parece padecer una desmemoria selectiva: durante siete años ha usado todo el aparato de comunicación gubernamental para denostar opositores, dividir a los mexicanos entre “pueblo bueno” y “traidores”, y convertir las conferencias mañaneras en tribunales políticos permanentes.
La acusación de “traidor a la patria” se volvió tan cotidiana en su discurso que perdió cualquier densidad histórica o ética. Todo el que critica al régimen termina etiquetado como conservador, corrupto, vendepatrias o enemigo del pueblo. La retórica del odio dejó de ser excepción y se convirtió en método de gobierno.
Y mientras eso ocurre, Morena se hunde en un estercolero nacional cada vez más difícil de ocultar. Las acusaciones formales en tribunales estadounidenses contra actores políticos vinculados a Sinaloa, las sospechas de protección política al crimen organizado y los múltiples escándalos de corrupción —Segalmex, huachicol fiscal, irregularidades multimillonarias en obras emblemáticas— erosionan severamente el discurso de regeneración moral.
Pero el PAN tampoco puede jugar al partido impoluto.
En Guanajuato gobernaron durante décadas bajo la narrativa de la eficiencia y la honestidad, mientras el estado se convertía, año tras año, en líder nacional de homicidios dolosos. Defendieron hasta el cansancio a perfiles como Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca Appendini, pese a resultados incapaces de devolver la paz a la entidad.
El panismo acusa hoy a Morena de haber permitido el crecimiento criminal en el país. Morena acusa al PAN de haber permitido el crecimiento criminal en Guanajuato. Y probablemente ambos tengan parte de razón.
El problema es que ninguno asume su responsabilidad.
La teoría política clásica advertía sobre esto desde hace siglos. Cuando los partidos dejan de representar causas sociales y se convierten exclusivamente en maquinarias de acceso al poder, terminan degradando la democracia hasta vaciarla de contenido. Robert Michels lo llamó la “ley de hierro de las oligarquías”: toda organización política acaba privilegiando su propia supervivencia antes que los intereses ciudadanos. Y Giovanni Sartori advertía que los sistemas de partidos degeneran cuando sustituyen la competencia programática por la polarización emocional permanente.
Eso es exactamente lo que estamos viendo.
Ni Morena ni PAN parecen interesados en explicar cómo resolverán la inseguridad, la desigualdad o la crisis institucional. Lo suyo es fabricar enemigos, incendiar la conversación pública y movilizar emocionalmente a sus bases.
Por eso el Congreso se convierte en espectáculo.
Por eso abundan las pancartas, los gritos y los insultos.
Por eso las acusaciones vuelan sin sustento sólido, mientras la hipocresía se normaliza.
Y por eso, buena parte de la ciudadanía ni siquiera presta atención a estas reyertas legislativas. No porque sea apática por naturaleza, sino porque vive demasiado ocupada intentando sobrevivir. El ciudadano común está pensando en cómo pagar la renta, llegar vivo a casa o completar para la despensa. Muy lejos de la guerra de lodo de quienes ya comenzaron la disputa brutal por el 2027.
