Que no haya competencia desleal entre el servicio público de transporte sin ruta fija y el de carácter privado que se presta a través de plataformas digitales, propuso la diputada priista Ruth Tiscareño en sesión del Pleno de la LXVI Legislatura, a la que asistieron decenas de taxistas de este municipio para apoyar su planteamiento.
Presentó una propuesta de Punto de Acuerdo con ese objetivo en la que se señala que la desigualdad regulatoria que priva en la Ley de Movilidad se agrava con la liberación sostenida de permisos para transporte ejecutivo, lo que “ha generado saturación, disminución de ingresos, jornadas excesivas y un deterioro general del parque vehicular”.
En tribuna, sostuvo que taxis ejecutivos sólo pueden levantar pasaje mediante plataformas digitales, no en la calle, porque eso es competencia desleal, además de que taxistas sin ruta fija han demandado públicamente que se aplique la ley, detenga la entrega indiscriminada de permisos y se garantice que cada modalidad opere conforme a las condiciones establecidas en su autorización original.
No es así a pesar de que “compiten en el mismo espacio y por el mismo usuario”, además de que “no hay inspecciones ni sanciones”, anotó, para luego añadir que lo que propone es “que se cumpla con la ley, que compitan conforme a la ley”.
En las motivaciones de su planteamiento, detalla que la Ley de Movilidad “establece una diferenciación clara entre modalidades del servicio público de transporte”, cada una con reglas propias acordes a su naturaleza jurídica, y que eso repercute en sus condiciones de operación, sus mecanismos de control y sus formas de prestación.
Pero advierte que eso “se ha desdibujado en los hechos por falta de inspección, vigilancia y sanción” a pesar de que los operadores de plataforma no están sujetos a los mismos controles ni a las mismas obligaciones que los taxistas, según afirmaciones de estos últimos.
Con ese objetivo, su Punto de Acuerdo busca que se restituya el orden jurídico, se aplique la ley sin distinción y se garanticen condiciones equitativas entre los prestadores de ambos servicios, a partir de asegurar que cada uno opere conforme a su naturaleza jurídica.
Es una propuesta que contempla exhortar a la titular del Poder Ejecutivo a fin de que instruya a responsables de las instancias que corresponda a que refuercen de manera inmediata las acciones de inspección, vigilancia y cumplimiento de la Ley de Movilidad en lo que toca a ambas modalidades de pasaje.
Asimismo, para que se implementen operativos permanentes de supervisión, se eviten prácticas propias del servicio público de taxi por parte de vehículos que únicamente cuentan con autorización para operar mediante plataforma digital, y se adopten las medidas necesarias para restablecer el orden, la legalidad y la equidad en la prestación del servicio de transporte.
