El Congreso del Estado de Guanajuato se convirtió ayer en el escenario de un severo cuestionamiento ético y político que sacude directamente a su cúpula. Crisanta Victoria Torres Brewer, viuda del empresario y político Luis Ferro de la Sota, acudió a la sede legislativa para denunciar públicamente al actual coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ricardo Ferro Baeza, por un presunto desacato a la voluntad testamentaria de su padre y el ejercicio de violencia económica en su contra.
La protesta ocurrió este jueves 16 de abril, durante la sesión solemne por el Bicentenario de la Primera Constitución del Estado. Torres Brewer, acompañada por su abogado Juan Ponciano Hernández, solicitó formalmente medidas de protección y lanzó un llamado directo a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que intervenga en un caso que, asegura, está viciado por el poder político del legislador.
El origen del conflicto: Herencia y deudas
De acuerdo con el testimonio de la afectada, el diputado Ferro Baeza, en su calidad de albacea de la sucesión de su padre, se ha negado a entregarle una propiedad y a cubrir una pensión alimentaria mensual de 33 mil pesos, la cual acumula un retraso de más de 24 meses.
"Soy víctima de violencia patrimonial", afirmó la señora Torres, quien sostiene que el legislador sanmiguelense ha ignorado la resolución de un juez civil que ya lo declara como deudor moroso. El abogado defensor reveló además que la Fiscalía Estatal ha ejercido acción penal por el presunto delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, fijando una audiencia de imputación para el próximo 11 de mayo.
Contradicción legislativa y contraataque judicial
Este escándalo estalla en un momento crítico para el Congreso local, que actualmente impulsa reformas para endurecer las sanciones contra hombres que ejercen violencia hacia las mujeres y contra deudores alimentarios. La presencia del presidente de la Junta de Gobierno en la lista de presuntos deudores representa una contradicción política que pone en entredicho la coherencia del bloque mayoritario.
Por su parte, el diputado Ferro Baeza ha mantenido una postura de rechazo a las acusaciones, argumentando en ocasiones anteriores que la demandante posee la calidad de legataria y no de heredera directa. Como medida de presión legal, el legislador interpuso una demanda civil por 10 millones de pesos contra la viuda y su abogado por presuntos daños derivados de la exposición pública del caso.
Ante la investidura de Ferro Baeza, que se calificó en la protesta como "uno de los hombres más poderosos del Poder Legislativo", la defensa de la señora Crisanta reiteró que la denuncia pública es necesaria para garantizar la imparcialidad de las autoridades ante el posible uso de influencias.
