El pasado jueves 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (Ced) de la ONU advirtió que en México existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al señalar la magnitud y los patrones de estos hechos.
En consecuencia, el Gobierno mexicano rechazó el informe al considerarlo sesgado y parcial, y sostuvo que muchas de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado y no a una política de Estado, además de cuestionar los criterios utilizados por el organismo internacional.
Esta mañana, la presidenta Sheinbaum afirmó que el comité no es la ONU, que tomaron una muestra de sólo cuatro estados y en un periodo anterior a la llamada Cuarta Transformación.
Horas después, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, respondió a la presidenta de México "con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México".
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el especialista en derechos humanos subrayó que lo relevante no es solo el número de casos, sino la existencia de patrones sistemáticos y el hecho de que estas conductas estén dirigidas contra la población civil.
También asegura que el análisis al contexto sociopolítico de México "no se limita a un periodo cerrado". Explica que la decisión del Ced "examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo."
El informe del comité señala que más de 132 mil 400 personas permanecían desaparecidas hasta febrero de 2026, "una cifra que continúa en aumento sin mostrar señales de reversión", dijo Albán. Asimismo, alertó sobre la crisis forense en el país, al estimar que existen alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
Finalmente, el posicionamiento también subraya que, si bien las diferencias entre Estados y organismos internacionales son legítimas dentro del marco de cooperación previsto por la Convención, estas deben mantenerse en un plano de respeto institucional.
Advirtió que la descalificación hacia los órganos de supervisión de derechos humanos resulta cuestionable.
Gobierno de México rechaza informe de la ONU
Tras el informe del Comité de Desapariciones Forzadas el jueves, el viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la exposición del consejo, en donde señaló que la desaparición en México podría constituir un crimen de lesa humanidad.
La Cancillería dijo que el informe es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, señaló.
El Gobierno del país informó que, si bien se refiere en el reporte, hace énfasis en hechos del periodo entre 2009 y 2017, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
Asimismo, aseguraron que las autoridades del país no toleran, permiten ni ordenan desapariciones forzadas, además, destacaron que en la actual administración emprendieron una reforma legislativa e institucional para atender el flagelo.
Además, indicaron que el informe "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución".
Por otro lado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, acusó al Comité de “falta de rigor”.
De igual modo, Roberto Velasco, secretario de la SRE, aseguró que el país es uno de los pocos que ha ratificado las nueve Convenciones universales y las nueve regionales de derechos humanos: "Tenemos un historial ejemplar en cooperación con el sistema internacional".
