En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos se aprobó el dictamen que conjunta cuatro diferentes iniciativas de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato; para establecer la obligación de los ayuntamientos de dotar un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión que cubra en forma íntegra el exterior de las instalaciones policiales, así como el interior; y con el objetivo de armonizar la normatividad estatal con la reciente reforma a la Ley General en la materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano mencionó las implicaciones técnicas del dictamen en materia de búsqueda de personas, destacando la activación de alertas simultáneas en aeropuertos, centrales de autobuses y entidades bancarias ante un reporte de desaparición para prevenir la salida del país o el uso indebido de cuentas. También, subrayó la vinculación del Registro Nacional de Población (RENAPO) con el sistema de búsqueda, junto al fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda con la incorporación formal de la Guardia Nacional y la obligatoriedad de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas en búsqueda inmediata y de larga data.
En su intervención, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero reconoció las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios para construir una reforma sensible a la realidad de las víctimas en la entidad, además de que el dictamen logra un reconocimiento más amplio de la condición de víctimas indirectas, asegurando que se les proporcione atención especializada, apoyos educativos, asesoría jurídica y acceso prioritario a los programas sociales tanto estatales como municipales.
Por su parte, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla celebró la coincidencia de todas las fuerzas políticas para establecer la búsqueda de personas como un deber y obligación irrenunciable del Estado. Agregó que la reforma garantiza el inicio de la búsqueda sin dilación mediante estrategias integrales, coordinadas y seguras, considerando de manera especial la vulnerabilidad de las personas migrantes y que Guanajuato adopta con esta ley las mejores experiencias internacionales en el uso de información y protocolos públicos para evitar la violación de derechos humanos y proteger en todo momento a las familias buscadoras.
Mismo trámite recibió el dictamen de las propuestas para reformar la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato; con el objeto de reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición; y en materia de derecho a la igualdad hacia la mujer, combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial.
La diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que lo anterior representa un avance significativo en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, resaltando como un elemento enriquecedor la consulta realizada a niñas y niños para integrar su visión en las medidas de protección y precisó que las precisiones terminológicas tiene el objetivo es evitar que el agresor, de manera directa o mediante terceros, mantenga cualquier tipo de contacto con la víctima al momento en que se tenga conocimiento de un hecho que ponga en riesgo su integridad.
También se aprobaron las metodologías de las siguientes iniciativas:
Para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato; primera, con la finalidad de establecer una fórmula legal de indemnización en favor de víctimas por responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de su actividad irregular; segunda, a fin de proteger el derecho humano a la movilidad y vialidad a través de calles, carreteras dignas y con ello garantizar el principio de progresividad que rige a los derechos humanos establecido en instrumentos internacionales y de carácter nacional.
Tercera, para modificar la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer el capital humano, la reducción de brechas en el acceso a empleos emergentes y la mejora de la competitividad de los sectores productivos.
Cuarta, para reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, para establecer las garantías necesarias para proteger el derecho a la libertad y autonomía sindicales.
Así como las modificaciones a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, a la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Estado de Guanajuato, a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, a la Ley de Declaración Especial de Ausencia para el Estado de Guanajuato, a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno del Estado de Guanajuato, a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, a Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y a la Ley Reglamentaria de la Fracción XV del artículo 88 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; todas ellas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.
Todas las iniciativas se remitirán a la Consejería Jurídica. Se establecerá un enlace en la página web del Congreso del Estado para consulta y aportaciones ciudadanas, y se llevarán a cabo mesas de trabajo con las autoridades consultadas.La primera y cuarta propuesta pedirán opinión de la Secretaría de Gobierno; mientras que la iniciativa relativa al derecho humano a la movilidad y vialidad consultará a la Secretaría de Obra y a la Secretaría de la Honestidad.
La cuarta y quinta propuesta se remitirán a la Secretaría de Derechos Humanos; la primera, segunda y cuarta, pedirán opinión a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y los 46 ayuntamientos.
La iniciativa indemnización en favor de víctimas se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia del Estado; la propuesta para fortalecer el capital humano consultará al IPLANEG y a la Procuraduría de los Derechos Humanos; lo referente al derecho a la libertad y autonomía sindicales, pedirá opinión al Poder Judicial; y las iniciativas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, se remitirán a la Secretaría de las Mujeres y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, además de que se generará para esta un proceso de consulta a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, se dio cuenta con los puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para que lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la emisión del carnet de identificación de víctimas ante el sistema de salud, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de las víctimas de desaparición en el estado de Guanajuato sin que esto suponga una carga administrativa adicional para las propias víctimas.
Así como con el dirigido a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 77, fracciones II y XXVI y 79 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 2o. y 6o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, emita la declaratoria para instituir el 25 de marzo de cada año como el “Día Estatal de la Vida” en el Estado de Guanajuato.
En asuntos generales, el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que el próximo martes 14 de abril la Constitución local de Guanajuato cumple 200 años de su promulgación, siendo importante
En la reunión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, María Isabel Ortiz Mantilla, Rocío Cervantes Barba y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
