En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó enviar la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de intervención en el proceso legislativo de los Congresos Locales, en reformas constitucionales y en leyes generales y nacionales.
Al hablar a favor, el diputado Juan Carlos Romero Hicks manifestó que una Constitución era el pacto social que unía a un pueblo en la búsqueda de un futuro mejor. Indicó que al paso de la historia se ha tenido una práctica institucional que los invita a reflexionar, y que el dictamen era una propuesta para poder darle un lugar proactivo a los Congresos Locales.
Apuntó que solamente 19 artículos han permanecido intactos a lo largo de la historia, se han acumulado 216 reformas con 777 modificaciones individuales; y que de 2018 a hoy se han tenido 73 reformas constitucionales.
Remarcó que lo que se busca es tener una deliberación suficiente, para que las entidades federativas sean contrapeso político porque hoy solo tienen el derecho de decir sí o no a una reforma constitucional; mientras que en una ley general no tienen participación, por lo que se busca crear un sistema de Congresos, porque lo que hoy se tiene no es suficiente.
Además, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de cuatro propuestas de punto de acuerdo. Se trata del que pretendía exhortar a la gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a elaborar y aprobar el Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
Al respecto se pronunció en contra el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, quien manifestó que cuando se presentó la propuesta, el programa en comento no se había publicado aún cuando era una obligación básica, que se publicó tarde e incompleto, que presencia deficiencias claras y carece de indicadores suficientes para medir resultados reales ni se alinea con la estrategia nacional de seguridad, por lo que era un instrumento limitado frente a la crisis de seguridad que se vive.
La segunda buscaba pedir a la gobernadora del estado que presentara los lineamientos, estructura, programa y acciones que permitan el financiamiento a los organismos de la sociedad civil en diálogo y consenso con las propias organizaciones, el empresariado y este Poder Legislativo.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Ana María Esquivel Arrona se refirió al compromiso que asumió el Congreso para consolidar un modelo de política pública abierto, corresponsable y con participación social. En ese sentido, se refirió a las reformas aprobadas orientadas a fortalecer la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de programas enfocados al combate a la pobreza y a la promoción de políticas de igualdad.
El tercero planteaba solicitar a la Fiscalía General del Estado informara sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado; y remita la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito.
Al hablar en contra del archivo de la propuesta, el congresista David Martínez Mendizábal precisó que votarlo a favor generaría sospechas sobre el encubrimiento de situaciones riesgosas, complicadas y aparentemente corruptas. Indicó que estaban ante un dictamen que buscaba cerrar un asunto delicado que se refiere a la obligación de la Fiscalía de actuar con objetividad y exhaustividad cuando hay posibles irregularidades en el manejo de lo público.
El último pretendía exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que a través de la Dirección General de Obras Públicas elaborara un informe detallado de la totalidad de las etapas de planeación, presupuestación y ejecución con motivo de los trabajos de remodelación del estadio de Irapuato Sergio León Chávez.
Al hablar a favor, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor remarcó que no era posible que un punto de acuerdo haya hecho más que los mecanismos de transparencia con los que cuenta la población y se da información a medias.
Asuntos generales
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo habló sobre la acción de inconstitucionalidad que promovieron en contra de la deuda pública por 4 mil millones de pesos sobre los que no existe un destino claro de las obras en las que se va a gastar; que no estaban en contra del desarrollo sino de las arbitrariedades y que se haga lo que quiera después con ese recurso.
En rectificación de hechos, la legisladora Ana María Esquivel Arrona manifestó que era una obstrucción sistemática porque no había planteamientos de mejora, sino frente a una estrategia que termina afectando a las familias; que cuando se intentaba frenar la inversión en infraestructura básica lo que se retrasaba no era a un gobierno sino a comunidades enteras que esperan condiciones más dignas.
Dicha intervención genero la participación de varias personas diputadas. La congresista Susana Bermúdez Cano coincidió con su homóloga, al señalar que en Guanajuato se estaba frente a un patrón que no podía disimularse porque cada vez que se presentan proyectos para fortalecer la infraestructura se responde con una obstrucción; mientras que el legislador David Martínez Mendizábal indicó que los obstáculos que les impiden hacer lo que quieran son la Constitución Política local, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Deuda Pública porque no se puede pedir deuda sin que se presente un proyecto y saber para qué se va a gastar.
Sobre el mismo tema, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que era claro que estaban violando la Constitución Política federal; el congresista Roberto Carlos Terán Ramos recordó los subejercicios que se tienen a nivel federal como el registrado por más de 62 mil millones de pesos que se aprobaron para vacunación y no se ejercieron; el legislador Jorge Arturo Espadas Galván puntualizó que un propio alcalde de MORENA indicó que obstaculizar las obras es dañar al pueblo de Guanjuato y que ellos decían sí a todas las obras; el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza remarcó que no estaban en contra de la obra pública sino de que no se diga exactamente a donde se destinará.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Miriam Reyes Carmona anunció la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado y los municipios de Guanajuato que buscan disminuir las brechas estructurales que existen aun para mujeres, adolescentes, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y personas afromexicanas.
En su oportunidad, la congresista Angélica Casillas Martínez habló sobre la realidad del Hospital de Alta Especialidad del Bajío que, dijo, era muestra de un sistema de salud federal que se desatendió, y que ahora funciona apenas al 30% de su capacidad, que era la expresión concreta de una falla estructural del sistema de salud nacional. Adelantó que propondrán que se presente un análisis técnico, serio y documentado sobre las condiciones reales en las que opera dicho nosocomio.
En rectificación de hechos, el legislador Antonio Chaurand Sorzano informó que se acaba de tener la visita del subsecretario de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y que tenía la esperanza de que pronto pueda reactivarse.
En su intervención, la diputada Plásida Calzada Velázquez abordó la próxima conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Dijo que no bastaba con un día, sino que se deben implementar acciones reales que de verdad impacten en la promoción y protección de las lenguas.
Finalmente, la congresista Noemí Márquez Márquez reconoció la labor del personal del sistema estatal de salud y la respuesta que se ha dado para reforzar la campaña de vacunación contra el sarampión, con brigadas que recorren comunidades urbanas y rurales, con jornadas extendidas, despliegue que no solo acredita, dijo, capacidad operativa y coordinación institucional, sino que revela una convicción sobre la centralidad en la prevención de política pública de salud.
