El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que informe si existe o no la confirmación de un hackeo, ciberataque, intrusión no autorizada o alguna vulneración al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y de ser el caso, la fecha de detección y confirmación.
También las medidas técnicas y administrativas implementadas para su atención y mitigación, así como las acciones realizadas para la protección inmediata de las víctimas potencialmente afectadas o en riesgo; si ya se realizó o se realizará la notificación correspondiente a la persona titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) conforme al plazo y disposiciones legales; y los protocolos en materia de ciberseguridad existentes y sus resultados recientes de evaluación.
De igual manera, al IACIP para que, en el ámbito de sus atribuciones y de oficio, inicie el procedimiento de verificación correspondiente respecto a la posible vulneración de datos personales vinculados con casos de violencia contra las mujeres, e informe sobre la apertura de investigaciones preliminares; las medidas de atención implementadas; y el cumplimiento de las obligaciones de notificación y las determinaciones adoptadas.
Y a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal para que informe si ha sido notificada formalmente de alguna posible vulneración relacionada con la información que alimenta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; si existe alguna afectación al BANAVIM derivada de la posible vulneración en el ámbito estatal; y las medidas adoptadas para garantizar la integridad y seguridad de la información nacional.
La propuesta tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Al hablar a favor de la obvia resolución, el diputado Antonio Chaurand Sorzano alertó sobre reportes periodísticos que señalan una posible filtración de más de 336 mil expedientes del banco estatal de datos sobre violencia contra las mujeres, acumulados desde 2014, conteniendo información altamente sensible como nombres, domicilios, medidas de protección, narrativas de violencia y datos médicos-psicológicos de víctimas vulnerables que buscaron ayuda estatal.
Exigió a la Fiscalía General estatal transparencia total sobre la existencia del hackeo, los sistemas comprometidos, las medidas adoptadas para proteger a las mujeres y la notificación al Instituto de Acceso a la Información Pública, enfatizando que esta exposición representa un riesgo real para la vida e integridad de las víctimas al facilitar represalias de agresores no autorizados.
En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco recordó que no es el primer incidente que ocurre en la citada institución, pues en noviembre de 2025 la Fiscalía admitió una afectación de filtración de datos y optó por minimizar el hecho al no compartir un informe real de las afectaciones.
Subrayó que un acuerdo publicado el 31 de diciembre de 2025 confirma la urgencia de fortalecer la ciberseguridad tras la primera filtración, y que se debió notificar de manera urgente al órgano garante de datos personales y a las víctimas en un máximo de 72 horas, para evitar la afectación de todas aquellas mujeres que confiaron en el Estado y así prevenir riesgos como represalias o el temor a denunciar.
Finalmente, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor denunció una crisis sistemática en la Fiscalía con este segundo hackeo en menos de cuatro meses, atribuible a la minimización del primer ataque en el que se involucraron alrededor de 250 GB de información delicada y que dejó en estado de vulnerabilidad a un gran número de personas, pese a contar con un presupuesto de 4,457 millones de pesos que n se utilizó para la adquisición de licencias de seguridad.
Agregó la necesidad de una auditoría integral de cumplimiento y desempeño a la Fiscalía por opacidad y silencio ante los hechos, donde la institución pretende ocultar su caos operativo bajo excusas de mantenimiento, responsabilizando omisiones que perjudican la justicia de miles de guanajuatenses y ponen en riesgo datos de víctimas, junto a resaltar que subestimar estos hechos es inaceptable.
La obvia resolución y la propuesta fueron aprobadas por unanimidad.
