El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato, para que la programación del gasto municipal en seguridad se base en un diagnóstico técnico integrado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de cada municipio.
Al hacer uso de la voz, el diputado Sergio Alejandro Contraras Guerrero manifestó que la seguridad pública constituye una prioridad para el Estado mexicano y para el Gobierno de Guanajuato, además de que el fundamento de toda acción gubernamental es preservar la vida, la integridad y los bienes de las personas, toda vez que, sin ese piso mínimo de seguridad, el ejercicio de las demás actividades y derechos se ve gravemente comprometido.
El congresista refirió que Guanajuato ha enfrentado desafíos en materia de delincuencia y violencia, luego de que la entidad se situara entre los estados con mayor número de homicidios dolosos y otros ilícitos de alto impacto, razón que exige que todos los niveles de gobierno otorguen carácter prioritario a las políticas y presupuestos de seguridad.
El legislador externó su preocupación ante el hecho de que diversos municipios guanajuatenses habían presupuestado porcentajes mínimos de sus recursos a seguridad pública, dejando dudas sobre la priorización de un problema de gran magnitud. Agregó que los municipios destinan 2% o 3% de su gasto a seguridad, cuando otros rubros no esenciales reciben más, lo que muestra que no se está atendiendo la seguridad como prioridad.
Contreras Guerrero indicó que la inseguridad genera costos enormes por frenar la inversión, encarece la actividad productiva por gastos de protección privada, afecta el turismo y erosiona el tejido social, por lo que es necesario que los municipios cuenten con recursos suficientes para cumplir eficazmente con su responsabilidad en seguridad, no solo por eficiencia gubernamental sino por protección de los derechos y bienestar de la población guanajuatense.
Asimismo, el diputado precisó que la existencia de sobreejercicios tan marcados en el Gasto en Seguridad Pública Municipal revela fallas en la etapa de planeación, que a su vez significa que, al formular sus presupuestos anuales, los municipios subestimaron gravemente las necesidades reales de gasto en seguridad, o bien que durante la ejecución surgieron contingencias no previstas que obligaron a canalizar más fondos.
Finalmente, dijo que se pretende que, al momento de aprobar sus presupuestos, los ayuntamientos justifiquen el monto destinado a seguridad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
