La negociación de la reforma electoral aupada por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha atascado nuevamente para entrar en una fase crítica entre Morena y sus socios políticos, PT y PVEM. Una lucha de fuerzas que profundiza las grietas en el oficialismo. La reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la modificación de la fórmula para definir los espacios plurinominales siguen siendo los puntos de quiebre al interior de la coalición oficialista. Los aliados han dado un no rotundo a cualquier cambio en esos dos temas, lo que ha ampliado la distancia frente a una iniciativa que, consideran, amenaza su supervivencia política y su capacidad de negociación. En este punto de inflexión, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, ha sido protagonista atascando nuevamente las negociaciones, según han dicho legisladores de Morena y del PT a EL PAÍS.
El proceso que ha recorrido la reforma en el último mes ha sido espinoso, pero este es el peor de los tramos, refieren legisladores de Morena. ¿Es posible que no haya reforma? La pregunta dirigida a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, resonó en el salón de plenos este martes. La respuesta fue reveladora. “Es la pregunta de los 64.000 pesos”, lanzó el líder legislativo, quien ha reconocido que no hay avances en la mesa de diálogo con los socios de Morena. El Verde ha mantenido la mesura pública, pero ha confirmado la falta de acuerdos. “Vamos a ver qué mandan de iniciativa, vamos a esperar a que llegue el texto para que entremos a las definiciones”, ha dicho Carlos Puente, coordinador de la bancada verde.
El camino ganado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante un mes de conversaciones con los socios de Morena, se ha derrumbado en cuestión de minutos, refieren legisladores de Morena y el PT. Alcalde ha llegado a la última reunión con Gobernación, este lunes, con la espada desenvainada y ha sido tajante con el PT y Verde en que la reducción de financiamiento y el cambio en la conformación de la Cámara baja, con 200 diputados de mayoría y 200 plurinominales con cambio en la fórmula para elegirlos, deben ir sí o sí. Una actitud que ha encendido los ánimos. Los líderes de los partidos satélite también han sido concluyentes. “Ya les dijimos que no vamos”, refiere uno de los líderes petistas. Aunque en el discurso público los dirigentes de ambos partidos han cerrado filas con la presidenta, en privado reconocen que la reforma toca fibras sensibles: el financiamiento público y los espacios de representación proporcional han sido, durante décadas, la base estructural que les permite competir frente a fuerzas mayoritarias. Sin esos mecanismos —advierten—, el sistema político podría inclinarse hacia un modelo de partido hegemónico.
La reforma se ha atorado más allá de lo previsto, tanto que los líderes de Morena se han desmarcado y han sugerido que se debe privilegiar la unidad de la coalición de cara a 2027 antes que la reforma que, si sale en los términos que ha delineado Sheinbaum, está destinada a morir y, en caso de que se presente con consenso, no cumplirá las promesas presidenciales. Dos salidas que dejan mal colocado el liderazgo de la mandataria y exponen las fisuras en las entrañas del oficialismo. Monreal incluso ha descartado que él pueda sacar a flote una reforma que llegue al Congreso sin el aval de sus aliados. ¿Se podrían construir aquí los consensos?, se le ha preguntado. Las respuestas han sido categóricas. “Si no hay [consenso], no hay. Si no hay consenso, no hay reforma. Si no hay reforma, pues no hay nada”, ha lanzado sin titubeos y ha rematado. Sobre su rol para construir ese consenso, la respuesta fue elocuente. “No va a ser fácil, porque yo tengo mis límites. Nadie está obligado a lo imposible”, lanzó Monreal.
El borrador y el retraso en la iniciativa
Las diferencias se han agudizado luego de que la comisión redactora entregara el lunes a la presidenta un primer borrador de la iniciativa, a pesar de no contar con el consenso de los partidos aliados, cuyos votos son necesarios para aprobar reformas constitucionales en el Congreso. Y ayer martes, mientras Sheinbaum aseguraba que la próxima semana enviará el proyecto que considere adecuado para cumplir el principal objetivo de la reforma (reducir el costo de las elecciones en México), en el Congreso los legisladores del oficialismo confirmaban sus desacuerdos.
En la conferencia mañanera, la presidenta ha insistido en sus cuatro prioridades para esta reforma: la reducción del costo del sistema electoral y de los partidos políticos; que las listas de plurinominales no las ordenen las cúpulas de los partidos, sino la ciudadanía; incluir en el Poder Legislativo la representación de los mexicanos que viven en el extranjero y facilitar los mecanismos de democracia participativa.
En medio de la polémica por la falta de acuerdos, ha salido a colación el nombre del líder moral del partido, Andrés Manuel López Obrador, al mencionar su presunto interés porque la reforma que se presente sea lo más apegada a su plan A de reforma electoral, que presentó en 2022 y que implicaba la desaparición de plurinominales y el otorgamiento de financiamiento a partidos sólo en años de elecciones.
Según legisladores petistas, la reforma también depende de la comunicación entre Palenque, Chiapas, donde tiene su residencia el exmandatario, y Palacio Nacional, con una presidenta que ya había aceptado mantener los 500 diputados y una reducción mucho más moderada de las prerrogativas, a cambio de mantener la unidad de la coalición de cara a los comicios intermedios de 2027, en donde se disputan 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 1.900 ayuntamientos y cientos de diputaciones locales, y, en el otro extremo, la intención de materializar la única reforma que quedó pendiente del Plan C.
Por ahora, las conversaciones continúan en privado, con intentos de contener la confrontación pública. Sin embargo, la disputa ya dejó una señal clara en el tablero político: la alianza que dominó el escenario electoral no es monolítica cuando están en juego recursos, representación y supervivencia partidista. Esa grieta podría definir el destino de la iniciativa presidencial, mientras los tiempos legislativos siguen corriendo.
