Dan trámite en Congreso del Estado a diversos asuntos en materia educativa

Entre las iniciativas propuestas están dos reformas a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; una, con el fin de ampliar en la normativa el concepto de acoso escolar, así como contemplar la violencia ejercida fuera de los centros escolares, la pronta investigación a hechos de violencia y la posibilidad de reubicación de las víctimas en otro plantel educativo.

Política05 de febrero de 2026 Redacción
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Esta miércoles, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura dio cuenta con ocho propuestas legales.

Se trata de dos iniciativas de reforma a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; una, con el fin de ampliar en la normativa el concepto de acoso escolar, así como contemplar la violencia ejercida fuera de los centros escolares, la pronta investigación a hechos de violencia y la posibilidad de reubicación de las víctimas en otro plantel educativo.

La otra pretende establecer la obligatoriedad de las instituciones educativas de implementar señalética visible donde se prohíba la violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones; así como adicionar un título de acciones correctivas para precisar que aquellos generadores de acoso escolar, previo diagnóstico de perito en la materia, deberán tomar terapias psicológicas, y sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, deberán recibir terapias de familia a efecto de que se genere una firme convicción sobre la importancia de que sus hijos se desarrollen en sociedad mediante la sana convivencia.

Para su estudio, ambas, se enviará a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación, a la Consejería Jurídica y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; la primera, además se remitirá a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a los 46 ayuntamientos del estado y a las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Todos los entes consultados contarán hasta el 5 de marzo para remitir sus comentarios; mismo periodo se habilitarán ligas en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, se llevará a cabo un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes y se realizarán mesas de trabajo.

La tercera propone cambios a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que protege la riqueza cultural y, al mismo tiempo, vincularlo con el desarrollo turístico, para que se potencialice; y se enviará a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Obra Pública, a la Consejería Jurídica, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la presidencia de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, a las universidades y a los 46 ayuntamientos del estado, así como a sus Casas de Cultura.

También se creará un enlace en la página web del Congreso del Estado y se hará una mesa de trabajo.

La cuarta se trata de una reforma a la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato en materia de licencias de maternidad y paternidad para jóvenes universitarios, la cual se mandará a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la Consejería Jurídica, a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y a la Universidad de Guanajuato.

De igual manera, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio de derecho comparado, se creará un enlace en la página web del Congreso del Estado y se llevará a cabo una mesa de trabajo, todo con plazo al 05 de marzo.

Las otras cuatro son propuestas de punto de acuerdo que pretenden exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, para que impulsen prácticas democráticas que garanticen el diálogo y la participación de la comunidad estudiantil en la vida interna de la institución, así como para que promuevan entre el personal el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico; y al titular de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México, para que se retiren las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República en contra de cualquier estudiante presuntamente involucrado en la toma de las instalaciones del tecnológico de león, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación.

Solicitar a la Secretaría de Educación de Guanajuato que realice las acciones necesarias tendientes a que tanto las instituciones educativas públicas y privadas homologuen sus reglamentos con el objeto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, apegándose siempre al principio de interés superior de los mismos, teniendo como fundamento de dichos reglamentos los tratados internacionales y normatividad interna que protege los derechos de la infancia y adolescencia.

Pedir a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que lleve a cabo una revisión integral de los perfiles y de los procedimientos de designación de las personas titulares de los subsistemas de educación media superior de su competencia, a fin de garantizar que dichos nombramientos se ajusten a criterios de mérito, idoneidad profesional, transparencia y legalidad, y que, en su caso, se adopten las medidas administrativas necesarias para corregir las designaciones que no cumplan con la normatividad aplicable; y para que instruya a la Secretaría de Educación estatal, así como a los órganos de gobierno de los organismos descentralizados del sector educativo, a que en aquellos planteles de educación media superior donde actualmente exista únicamente una persona encargada de la dirección, se lleven a cabo procesos abiertos, públicos y transparentes de selección, mediante la emisión de convocatorias amplias y accesibles, con reglas claras y criterios de evaluación objetivos y verificables, a efecto de nombrar a las personas titulares de dichos planteles y regularizar la conducción institucional, brindando certeza a las comunidades educativas.

Y exhortar a la gobernadora del estado para que, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato, remita un informe detallado sobre la situación actual del servicio de Educación Indígena.

Para todos los puntos de acuerdo se solicitará información sobre el tema a los entes involucrados.

También se acordó llevar a cabo la consulta a niñas, niños y adolescentes sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato que tiene por objeto buscar el reconocimiento, respeto e inclusión de niñas, niños y adolescentes trans y no binarios, para que las escuelas en el estado de Guanajuato sean entornos más inclusivos, reconociendo la diversidad de género y respetando el libre desarrollo de su personalidad.

Otros asuntos

En otros asuntos se dio seguimiento a las metodologías de análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley de Educación estatal; una, para establecer la obligación de proporcionar capacitaciones en materia de primeros auxilios físicos y psicológicos para todo el personal educativo y para las y los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del estado.

La otra, con la finalidad de que la Secretaría de Educación tenga como atribución establecer protocolos para la regulación del uso de dispositivos de telefonía celular y tecnologías de la información dentro de los espacios educativos, con el fin de garantizar que su uso no interfiera con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se informó que se llevarán a cabo los foros correspondientes el 9 de febrero en Irapuato y el 11 de febrero en Celaya, así como que el Instituto de Investigaciones Legislativos mantenga información vigente sobre lo que está sucediendo en el mundo en la materia.

Finalmente, se aprobaron los dictámenes de dos propuestas de punto de acuerdo mediante los cuales se ordena su archivo definitivo. El primero buscaba exhortar a la titular del Ejecutivo estatal, y a los titulares de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Obra Pública, a fin de que informaran sobre el estatus que guarda la Escuela Telesecundaria 736 de Alcocer, con CCT 11FlV5003E, de la zona escolar 503, del municipio de San Miguel de Allende, perteneciente a la Delegación Regional I Dolores Hidalgo, respecto a la construcción de un inmueble propio.

El segundo, incluye cuatro propuestas de punto de acuerdo que pretendían solicitar a la gobernadora del estado, así como al secretario general de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaran mesas de diálogo confiables con las maestras y maestros inconformes, se les aclaren las dudas que hay respecto a los descuentos nominales de los que fueron objeto, se respeten sus derechos laborales y constitucionales a la libertad de tránsito y manifestación de las ideas.

En el apartado de asuntos generales, el congresista Juan Carlos Romero Hicks se refirió a lo comentado sobre contar con un órgano que les permita evaluar las solicitudes que lleguen sobre declaraciones de patrimonio cultural; mientras que la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla refirió que sería importante trabajar en una iniciativa conjunta en la materia.

En la sesión participaron las diputadas Martha Edith Moreno Valencia  (presidenta), Carolina León Medina y María Isabel Ortiz Mantilla, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Antonio Chaurand Sorzano.

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