El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la reforma electoral que impulsa Morena no es un ajuste técnico ni una modernización legal, sino un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la propia democracia mexicana, al abrir la puerta a dinero del crimen organizado.
Romero sostuvo que el PAN está a favor de una reforma electoral real, pero se opone a una reforma electoral diseñada desde el Ejecutivo, elaborada por militantes del partido en el poder y en la que se excluye a la oposición y a la ciudadanía.
“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir y lamentamos la cerrazón de la titular del ejecutivo que con total soberbia se atreve a decir que no tiene pensado reunirse con la oposición. Por eso a esta reforma la llamamos Ley Maduro: porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”, señaló en un comunicado.
El dirigente panista explicó que en ese país la democracia no se destruyó de un día para otro, sino que fue vaciada desde la ley, mediante el control del órgano electoral, la eliminación de contrapesos y la fabricación de mayorías artificiales, una lógica que hoy se repite en México.
En ese contexto, el líder del PAN alertó sobre el componente más delicado de la reforma: el financiamiento público.
“Morena quiere reducir el financiamiento público no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita. Lo que más nos preocupa es que esta reforma normaliza el dinero del crimen organizado en la política, particularmente el que proviene del narcotráfico”, sostuvo.
Recordó que existen antecedentes documentados de financiamiento ilegal en campañas, como el huachicol fiscal, los casos de La Barredora y los Carmona, así como sanciones internacionales y retiro de visas a políticos vinculados al partido oficial.
“Reducir el financiamiento público sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción: la legaliza. No defendemos el dinero público; defendemos los controles”, subrayó.
