La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a aterrizar luego de una encerrona de cuatro horas en Palacio Nacional. Reunida con la Comisión presidencial creada para redactar la iniciativa y los coordinadores parlamentarios de Morena, Sheinbaum ha trazado las grandes líneas de su proyecto, que van desde disminuir el financiamiento público de los partidos, reformular la Representación Proporcional para recortar el número de legisladores en el Congreso, ajustar los órganos electorales, eliminar el fuero y fijar la Revocación de Mandato en 2027. El futuro de la ambiciosa reforma es aún incierto, pues esta debe contar con el consenso con sus aliados, PVEM y PT, quienes hoy mismo se han mostrado renuentes a avalar cambios que puedan resultarles contraproducentes, sobre todo en recortes a sus ingresos y al número de representantes en el Legislativo. Los votos de esos partidos son necesarios para que el oficialismo cambie la Constitución. Hasta ahora, estos aliados no han formado parte de las negociaciones. Primero debía llegar el acuerdo al interior de Morena para después extender la invitación a los socios.
La presidenta ha encabezado dos reuniones este miércoles en Palacio Nacional. Una, con la Comisión que preside Pablo Gómez, en la que confluyen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el exvocero presidencial Jesús Ramírez, y algunos de los funcionarios más cercanos a la presidenta, como Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Esthela Damián, consejera Jurídica, y el exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno. Al término de esa reunión, se han sumado el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador de los senadores, Adán Augusto López y su vicecoordinador, Ignacio Mier.
La Comisión ha presentado a Sheinbaum una baraja compacta de posibilidades en los puntos de mayor interés para la mandataria, a fin de que se decidiera por las opciones más convenientes, han señalado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Por ejemplo, en el tema de la reducción del gasto del INE, se le indicaron las áreas donde se podrían hacer recortes, cuidando de que no se ponga en riesgo el papel del instituto como árbitro electoral. En cuanto a la reducción del número de legisladores, se le planteó que, si bien el Estado se ahorraría el sueldo de algunas decenas de ellos, el gasto operativo del Congreso seguiría siendo casi el mismo, a menos que se haga el correspondiente ajuste; en ese mismo tema, se le advirtió de que la opción —defendida por algunos miembros de la Comisión— de reducir de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa implicaría un gigantesco operativo del INE para cambiar el mapa distrital del país entero.
Otros temas puestos sobre la mesa fueron el de la reducción del financiamiento de los partidos, en el que los principales perjudicados serían Morena y sus socios del PVEM y el PT: el primero, por ser el que más dinero recibe, al ser el más grande; los segundos, por ser de los más pequeños y depender enteramente de ese mecanismo. También se abordó la supervivencia de los OPLE —la autoridad electoral de cada Estado—, que han sido defendidos incluso por los gobernadores del oficialismo, y para los que la Comisión ha propuesto simplemente reformar su designación y atribuciones. Se planteó también si debería haber una cuota de legisladores que representen a los mexicanos migrantes; si la puerta para crear nuevos partidos se tendría que abrir todos los años, o solo en periodo electoral, y si el modelo de campañas mediante spots debería permanecer igual, entre otros temas que provienen de los foros de consulta conducidos por la Comisión.
Otros asuntos revisados fueron el de la revocatoria de mandato, que el oficialismo quiere emparejar con la jornada electoral de 2027, y la posibilidad de retrasar unos meses la elección de jueces, con el objeto de aliviar la carga a la que se sometería al ciudadano (so pena de organizar un nuevo proceso electoral en el mismo año y con ello contradecir la propia bandera del ahorro). Ante todo, la gran pregunta era si la presidenta se decantaría por una reforma electoral de gran calado, sin importar el coste político para el oficialismo, a riesgo de reñir con sus socios, o una reforma solo de ajuste, más quirúrgica y, en los hechos, diluida. La segunda gran interrogante era si los cambios entrarán en vigor para la elección intermedia de 2027 o se retrasarán para la presidencial de 2030.
La aprobación del plan pasa forzosamente por convencer a las dirigencias del Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que mantienen su negativa a reducir las prerrogativas de los partidos y eliminar las diputaciones plurinominales. El diputado Ricardo Monreal ha dejado en claro que no hay reforma constitucional sin los votos del PVEM y el PT en la Cámara de Diputados y el Senado, por lo que urgió a convocar ya a los partidos aliados a los trabajos de la reforma. “Todo depende del consenso que se tenga con los aliados”, ha dicho el diputado al salir de la reunión. Este miércoles, desde San Lázaro, el diputado petista Reginaldo Sandoval hacía valer el peso de su apoyo. “En términos de reformas constitucionales, la 4T depende de lo que resuelvan el PT y el Verde. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo”, dijo.
Las reuniones en Palacio Nacional, según las fuentes, no generaron una propuesta terminada ni mucho menos una iniciativa ya redactada, pero sirvieron para acercar posiciones dentro de la propia Comisión, entre la dirigencia de Morena y sus fracciones parlamentarias. El propio Pablo Gómez declaró el pasado lunes que no había consenso ni siquiera entre los integrantes de la Comisión, por lo que era necesario llevar a cabo estos encuentros para alinear la propuesta gubernamental, antes de presentarla a sus aliados. La propuesta podría estar lista en dos o tres semanas, han coincidido Monreal y Adán Augusto López en sus declaraciones después del encuentro. Además, Monreal ha afirmado que la presidenta instruyó a preservar la autonomía constitucional del INE, contradiciendo así las declaraciones de Pablo Gómez, que el lunes cuestionó que la autonomía sea indispensable para mantener la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral.
Los coordinadores parlamentarios han sugerido que no se haga pública la propuesta de reforma hasta haberla consensuado con PVEM y PT. Solo después de negociar con ellos los cambios aceptables para todos, la propuesta podría convertirse en una iniciativa presidencial que sería enviada por la presidenta al Senado de la República en los primeros días de febrero, luego del arranque del periodo ordinario de sesiones. De acuerdo con las fuentes consultadas, a lo largo de todo este proceso de confección ha planeado la convicción de que la reforma electoral no debe poner en riesgo la alianza en el bloque gobernante, teniendo en la mira conservar la mayoría calificada en el Legislativo y ensanchar su dominio en los Estados.
