El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, advirtió que la reforma electoral no se aprobará por consenso y argumentó que es imposible llegar a un acuerdo de este tipo en México.
“Las reformas electorales en México, desde la primera que fue la de diputados de partido hasta esta última, nunca han sido de consenso”, afirmó Gómez Álvarez durante la recepción de la propuesta de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para ser considerada dentro de la enmienda constitucional.
El funcionario explicó que incluso al interior de la Comisión Presidencial “tampoco hay consensos completos”, y comparó el concepto con el procedimiento de no objeción al estilo de Naciones Unidas, señalando que en México “sí hubo objeciones, objeciones ocultas”.
Al dar respuesta a los planteamientos del INE, Pablo Gómez hizo una distinción clara entre los conceptos de autonomía e independencia para los órganos electorales. Consideró que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, aunque debe mantener plena independencia en sus resoluciones.
“Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir el que se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo”, explicó, señalando que ese concepto aplica para instituciones educativas, no para organismos administrativos.
Sin embargo, fue enfático al defender la independencia total de los órganos electorales: “Deben tener plena independencia en sus resoluciones. Deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, afirmó.
El morenista aseguró que el Gobierno federal no busca consejeros sometidos. “El Gobierno no quiere consejeros avasallados en ningún órgano, no quiere magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral. No, eso es lo menos que quiere”, subrayó.
Además, rechazó la propuesta de los consejeros de indexar el presupuesto de las autoridades electorales al Producto Interno Bruto (PIB), calificándolo como “un problema muy serio”.
El presidente de la comisión argumentó que no existe correlación entre las necesidades electorales y el crecimiento económico: “Los que saben cómo se calcula el Producto Interno Bruto saben muy bien que la relación que hay entre necesidades electorales y crecimiento o decrecimiento del producto no tiene nada que ver”.
Planteó un escenario crítico: “¿Y si decrece el PIB? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos dinero al instituto? ¿A los órganos de la judicatura?”.
Aunque reconoció que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) podría ser una alternativa, porque “es el reflejo de la capacidad adquisitiva del dinero”, tampoco la respaldó completamente, señalando que un órgano electoral “tiene requerimientos nuevos, no según la inflación nada más, sino que depende de muchas cosas”.
En lugar de fórmulas automáticas, el también extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) propuso “hacer un diálogo permanente constructivo” con la Cámara de Diputados, donde “está el poder de bolsa en México”.
Destacó que los órganos electorales tienen la capacidad de presentar proyectos sin pasar por el Ejecutivo.
“No cualquiera tiene eso”, lo que les permite negociar directamente con el Legislativo, dijo.
El funcionario reconoció que tanto al Gobierno como a la ciudadanía “le preocupa el nivel de gasto electoral, no sólo de partidos, sino todo”.
Sobre fiscalización, fue autocrítico al recordar que “nunca dejamos de tener escándalos” y que “nunca ninguno de ellos se resolvió plena y totalmente”, mencionando casos como Pemexgate y Amigos de Fox como ejemplos de investigaciones inconclusas.
“Va a haber cambios necesarios” en materia de fiscalización, anunció, aunque reconoció que “lo más difícil son los ingresos ilícitos fuera del sistema financiero de los partidos”.
En torno a la posibilidad de cambiar la fecha de la elección judicial, para que no sea concurrente con los otros comicios, Gómez Álvarez señaló que se debe respetar el año electoral; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que se realice en otra fecha.
Pablo Gómez sostendrá un encuentro el miércoles con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se le entregarán las propuestas recabadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
