Ricardo Salinas Pliego deberá saldar sus deudas con Hacienda y desembolsar cerca de 50 mil millones de pesos a las arcas públicas, a la espera de que el SAT detalle el monto preciso final. La Suprema Corte ha ratificado por unanimidad este jueves los créditos fiscales que el empresario litigaba contra el SAT en la Justicia, que ha ido fallando en su contra en todas las instancias anteriores. El camino terminaba en el Alto Tribunal y este ha resuelto, como era previsible, contra los intereses del millonario, que se jugaba inicialmente el pago de 35.873 millones de pesos distribuidos en siete pleitos. Esta cifra ha ido creciendo para incorporar los recargos por los retrasos en el pago, que en algunos casos es de hasta de 17 años. El litigio más cuantioso era de casi 18.500 millones inicialmente y ha sido el primero en ser resuelto por el Pleno, que además ha aprobado una multa para el empresario por intentar recusar a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres de uno de los recursos relacionados, del que la última se ha abstenido de participar. Tras esta jornada, que pone fin a un periplo de años, solo restarán dos procesos por resolver en la Corte por un valor inicial de algo más de 700 millones.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, ha declarado el Grupo Salinas nada más conocerse las resoluciones, que considera “abiertamente violatorias de los derechos humanos”. Los proyectos que han votado los ministros este jueves ―y que han sido argumentados a viva voz por “la importancia de los asuntos en la opinión pública”, a decir del presidente, Hugo Aguilar― son similares entre sí y no entran al fondo de las cuestiones planteadas por el dueño de Elektra, la empresa protagonista de los juicios. El Alto Tribunal ha desechado los recursos de revisión de la compañía —o aceptado las reclamaciones de Hacienda contra ellos— bajo un puñado de argumentos sobre la naturaleza o el alcance de los asuntos.
El Grupo Salinas, en su comunicado, señaló que la Corte se confirma como una "oficina al servicio del poder político y no de la justicia". Además, critica que ni siquiera se abordó el "evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos".
En algunos casos, los juzgadores han esgrimido que los asuntos no revisten cuestiones de constitucionalidad, el área de análisis de la Suprema Corte. En otros que, a pesar de existir temas de este ámbito, no tienen un interés excepcional en esa materia o en materia de derechos humanos y, por tanto, no darían lugar a una decisión nueva del tribunal, que ya cuenta con numerosos precedentes en temas fiscales similares que pueden servir de referencia.
En definitiva, la actuación del Alto Tribunal ha convalidado el proceder de los tribunales colegiados, que ya fallaron contra el millonario. Salinas Pliego, en plena embestida contra el Gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, ya afirmó el día anterior desde El Salvador que no esperaba “nada distinto” al sentido en el que se han pronunciado los juzgadores. “La Corte, espuria y politizada, ya tomó su decisión”, esgrimió. Las instancias inferiores, no obstante, resolvieron en general sus procesos antes de que tuvieran lugar las elecciones judiciales y lo hicieron en la misma dirección. Los diversos tribunales han argumentado que los agravios planteados por la empresa son “inoperantes” porque hacen recaer la inconstitucionalidad de las normas recurridas en cuestiones circunstanciales, como una situación particular de la compañía, el presunto uso abusivo de una ley o la imprecisión de una redacción. Es decir, no tocan el corazón de la norma.
Los juicios que enfrentaba Elektra en esta jornada, que se antoja histórica por la dimensión pública y simbólica que ha adquirido, abarcan ejercicios fiscales que van del 2008 al 2013 y tienen que ver con un cálculo indebido en las pérdidas de la empresa. Ese cálculo, que el servicio tributario ha considerado inflado, rebajó los impuestos que debía pagar la compañía, que se vio favorecida de un beneficio fiscal que no le correspondía. El SAT entonces le reclamó la diferencia que restaba por pagar, pero la compañía lo ha litigado hasta el final. Aunque las vías nacionales han sido agotadas este jueves, el conglomerado empresarial ha anunciado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no descarta demandar a la dependencia pública, a quien acusa de implementar “extorsiones fiscales”. “Que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos”, se ha reafirmado esta mañana en un comunicado.
Los pleitos de este jueves eran de vital importancia para el Ejecutivo, que ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus caballos de batalla. La presidenta necesita aumentar la recaudación para poder sostener los programas sociales que vertebran su proyecto sin recurrir a una reforma fiscal de la que reniega. Para sortearla, está cerrando los agujeros por los que se desliza el dinero que ya debería estar entrando en las arcas públicas. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. El monto que debe el empresario no es el mayor, pero sí el que concentra la mayor carga simbólica para la mandataria. El rechazo entre Salinas Pliego y Sheinbaum es recíproco y eso solo alimenta las expectación sobre una disputa que, además de en los tribunales, está siendo retransmitida en tiempo real en las redes y las conferencias matutinas de la presidenta. Ganar el favor de la ciudadanía se ha vuelto tan importante como ganar el pleito real.
Uno de los reproches que ha lanzado reiteradamente la mandataria es la utilización de técnicas dilatorias para retrasar el cumplimiento de las sentencias favorables al SAT. Sin ir más lejos, los nueve juicios principales que el empresario enfrentaba originalmente en la Suprema Corte han derivado en 101 asuntos secundarios, la mayoría a petición del grupo empresarial. No han servido, sin embargo, para evitar el desenlace. La Suprema Corte salida de las urnas ha metido el acelerón y ha despachado este jueves siete de ellos, todos por unanimidad con algún voto concurrente de ministros que han matizado su postura. El quinto hombre más rico de México deberá pagar.
