La Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que con la iniciativa reforma electoral que se proyecta para el próximo año, no se busca que “el manejo de las elecciones sea por parte del gobierno”, y subrayó que dicha reforma es una “exigencia ciudadana”, la cual busca reducir los costos de los comicios y contar con un mejor instrumento democrático.
Al encabezar una de las audiencias de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que se desarrolló este miércoles en Baja California y en la que estuvo acompañada de la gobernadora de esta entidad, Marina del Pilar, la funcionaria federal reiteró que aún no existe un borrador de esta nueva legislación, la cual se construirá con base en las opiniones que se recaben en las audiencias que se desarrollan en todo el país, pero apuntó que el camino que tomará la nueva legislación será el de mantener la autonomía e independencia de los órganos electorales.
“Por parte del gobierno de México, de ninguna manera se trata de dar pasos atrás, se trata de ir en esa progresividad de derechos. Tampoco es una ley que busque siquiera que el manejo de las elecciones sea por parte del gobierno; eso no. Durante muchos años se luchó por tener una autonomía, tener una independencia de los órganos electorales y eso es el camino y es lo que vamos a seguir buscando”, indicó Rodríguez Velázquez.
Durante este acto organizado en Tijuana, afirmó que la reforma electoral “es una exigencia de la propia ciudadanía (para) contar con un instrumento democrático más justo, transparente y accesible, que vaya en sintonía con la nueva realidad política del país”.
Además, expresó que coincide con la autonomía de los Órganos Públicos Locales Electores (OPLEs). “Me gustó la defensa que se hizo aquí de la autonomía de los OPLEs y de los Tribunales Electorales”, refirió Rodríguez Velázquez.
Entre los temas se expusieron, se encuentran los protocolos para atender violencia política de género, juicios en línea, defensorías públicas en materia electoral, financiamiento de los partidos políticos y la garantía de las acciones afirmativas.
