La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que 5.161 millones de pesos del gasto público se ejercieron de manera irregular en 2024, el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La cifra, todavía preliminar y sujeta a las aclaraciones que presenten los sujetos auditados, corresponde a la segunda tanda de informes que elabora el órgano auditor en cada año fiscal. El mayor quebranto se ha localizado en el Gobierno de Veracruz, que encabezó hasta ese año Cuitláhuac García, militante de Morena, el partido oficialista, y actualmente funcionario en la Administración de Claudia Sheinbaum. La ASF ha detectado anomalías por 1.078 millones de pesos de recursos destinados al sector salud. Veracruz es el Estado donde la Auditoría señala mayor probabilidad de desvíos de fondos federales.
El auditor superior, David Colmenares, que ha presentado el informe en la Cámara de Diputados, ha puntualizado que, del monto total pendiente de aclarar, solo el 11% corresponde a entes del Gobierno federal, mientras que el 89% se concentra en la gestión de los Estados. De los más de 550 millones de pesos que están sin justificar dentro del primer grupo, 272 millones corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, prácticamente la mitad. Las presuntas irregularidades responden a “erogaciones y adquisiciones de bienes y prestación de servicios”, según refleja el informe, que señala la ausencia de documentación que acredite el servicio de seguridad y vigilancia (21 millones), el de mantenimiento y limpieza de los edificios (49 millones) y el de servicios de impresión, digitalización y soporte especializado del software de firma electrónica (201 millones).
Lejos de la cifra que engrosa el Poder Judicial se encuentra la Marina, que suma casi 63 millones de pesos sin justificar, la mayoría localizados en proyectos de infraestructura del Sistema Portuario. La Secretaría de Gobernación, finalmente, no ha justificado todavía un gasto que asciende a 10 millones de pesos y que se localiza en el Instituto Nacional de Migración. La Auditoría ha observado deficiencias en los procesos de contratación y falta de evidencias que acreditaran “la experiencia y perfil técnico del personal que gestionó y operó” en el servicio de seguridad de la información. Las carencias alcanzan también la revisión del proceso de ciberseguridad.
El mayor boquete, sin embargo, se ha identificado en el gasto federalizado, esto es, en los recursos que el Gobierno nacional transfiere a los Estados para apoyarles en rubros como salud, educación e infraestructura. Más de 4.607 millones de pesos de los fondos con irregularidades corresponden a ese universo, en el que destaca la gestión de los servicios sanitarios, que suman el 35% del total. La propia Secretaría de Salud federal suma 19,6 millones sin aclarar. El 65% restante corresponde al financiamiento de obras en zonas de alta marginación, al pago de la nómina de los profesores y de las pensiones, al saneamiento financiero y al departamento de deuda, según ha destacado el auditor en su presentación.
Después de Veracruz, los Estados con más anomalías en el gasto fueron Hidalgo (583 millones de pesos), gobernado por el morenista Julio Menchaca; Chiapas (472 millones de pesos), en el último año de Rutilio Escandón, también de Morena, hoy cónsul en Miami; y Durango (390 millones de pesos), encabezado por el priista Esteban Villegas. Los Gobiernos de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, en contraste, no cuentan con ninguna irregularidad en su expediente. “Reconocemos el esfuerzo y los resultados obtenidos en esta etapa”, ha señalado Colmenares en ese sentido, y ha recordado que las observaciones realizadas en este informe aún pueden ser aclaradas por las entidades en la etapa de seguimiento.
En el caso de Veracruz, el mayor quebranto en el gasto de salud (730 millones de pesos) se dio en el programa de medicamentos gratuitos, donde la ASF no encontró comprobantes de que los bienes fueran entregados a los beneficiarios; otras irregularidades pasan por el incumplimiento de contratos, el pago de prestaciones no autorizadas, pagos en exceso y pagos a trabajadores cuya relación laboral no existía. El órgano auditor detectó algo peor: además de las irregularidades en el gasto, el Gobierno de Cuitláhuac García falseó la información que reportaba a la Secretaría de Hacienda federal, según se desprende de “las cifras reflejadas en los registros contables y presupuestarios al 31 de diciembre de 2024 proporcionados por los Servicios de Salud de Veracruz” a la ASF. En enero de 2025, la presidenta Sheinbaum se refirió al ya exgobernador García como “un hombre honesto y consecuente” y lo designó como titular del Cenagas, el Centro Nacional de Control del Gas Natural.
